Ministerio de asuntos penitenciarios complica traslado de reos a comunidad penitenciaria de Coro

Ministerio de asuntos penitenciarios complica traslado de reos a comunidad penitenciaria de Coro

Eva Riera / UVL Falcón

Cualquier excusa es buena para evitar que un preso llegue a la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC). Desde no tener cicatrices y tatuajes hasta poseer “nivel de estudio”, forma parte de los requisitos que exige el Ministerio de Asuntos Penitenciarios para permitir el traslado de un penado desde uno de los 18 centros de detención preventiva (CDP) que hay en el estado Falcón hasta la única cárcel que existe en la entidad ubicada en la costa occidental de Venezuela.

Lo cierto es que, según asegura el comisionado jefe Jesús López Marcano, director de Policarirubana, cuerpo de policía adscrito a la alcaldía homónima en la península de Paraguaná, la prohibición de traslados así como el retardo judicial mantienen hacinados los CDP y los han convertido en cárceles ilegales cuando en realidad son recintos de los que los detenidos deben salir en un máximo de 48 horas ya sea en libertad o penados.

“Esto le compete al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, a la doctora Iris Varela, quienes se han puesto muy exigentes: que tienen que tener nivel de estudio o no estar incursos en situaciones violentas, no tener cicatrices ni tatuajes, o que teníamos que proporcionarles colchonetas y bragas, y ¿de dónde sacamos nosotros para comprar eso?”, aseguró el funcionario.

Actualmente, más de 1015 reos permanecen en condiciones de hacinamiento en los CDP civiles y militares falconianos. De ellos, 120 se encuentran en Policarirubana, en una celda de siete metros cuadrados originalmente construida para 15 detenidos y actualmente dividida en tres pabellones.

“Tenemos cerca de 22 condenados que supuestamente no son pasados a la CPC porque no hay cupo. Habían dicho que con la reinauguración de El Marite (estado Zulia) habría traslados, pero eso no ha ocurrido. Sin embargo, gracias al informe que elaboramos y la diligencia de la presidenta del Circuito Judicial, Morella Ferrer, se hizo un plan de abordaje penitenciario y de 170 privados de libertad que teníamos bajamos a 120. Salieron en libertad plena, con medidas sustitutivas de libertad o traslado”, precisó.

En Falcón, López Marcano es el único funcionario policial que admite públicamente la situación de hacinamiento carcelario que le toca afrontar. Desde su llegada a Policarirubana, ha elaborado informes periódicos en los que ha denunciado las malas condiciones en las que viven los presos en la sala de detención que administra.

-Aquí hay un problema gravísimo por el cuello de botella que se produce en fiscalía y el poder judicial. No va el fiscal, no asiste la defensa, no viene el juez, no hay despacho, se fue la luz y las audiencias se van postergando. Eso retarda el proceso porque cada vez que se suspende la audiencia transcurre un mes para que venga la otra. No es que la suspenden hoy y dicen venga mañana. Transcurren de 15 a 30 días para que regrese y eso es contra la ley que dice que el proceso debe ser expedito. Ese embotellamiento nos afecta porque seguimos aprehendiendo delincuentes y se nos va amontonando la gente -explica sin cortapisas.

Hay un argumento que no le acepta a quienes pretenden responsabilizar a los cuerpos de seguridad sobre esta situación. “Para nosotros a quienes escurren el bulto y argumentan que el hacinamiento se debe a que las actas policiales están mal elaboradas, les decimos que no es cierto porque ellos mismos nos ayudan. La semana pasada hubo un curso con fiscales y jueces para pulir esa parte. Hasta que no se saque el tapón y empiecen a salir los casos no se solucionará. Es una situación compleja”, asegura.

La aglomeración entre los reclusos es tal que la ha catalogado como una especie de bomba de tiempo que lo ha obligado a implantar medidas como adecuar un espacio para las visitas conyugales, flexibilizar el horario de llegada de familiares así como el de la entrega de medicamentos y alimentos.

El centro de detención preventiva de Policarirubana no cuenta con presupuesto para gastos. “Aquí hacemos milagros, eso no está cubierto ni tenía por qué estarlo porque legalmente estas personas no deberían estar aquí sino permanecer máximo tres días o las 72 horas que dure el proceso de presentación en tribunales. Lo ideal es que se le dé cumplimiento a la ley y que la detención sea máximo de 72 horas. Se necesitan recursos más que todo para iluminación y refacciones porque ellos rompen los techos, las paredes, doblan las cabillas para hacer chuzos, dañan el techo raso, también se requieren desinfectantes y eso sale de nosotros de lo que se compra para la comandancia”, precisó.

En cuanto a los traslados a las audiencias no hay problema porque la sede de Policarirubana se encuentra a escasos metros de los tribunales y siempre se cuenta con una patrulla. No obstante, una fuente extraoficial confirmó que aquellos reos que no presentan peligro de fuga o de rescate por parte de sus compinches, son llevados al juzgado a pie y esposados con su debida custodia policial.

El 29 de mayo de 2018, dos detenidos de Policarirubana lograron evadirse luego de quitar los barrotes de la ventana que da acceso al patio trasero. En realidad salieron cuatro reos, pero dos fueron recapturados por los uniformados que permanecían de guardia. A mediados de diciembre, fue detectado un hueco de pequeñas proporciones que estaban haciendo los presos en una pared.

-Cuando hay fugas y se comprueba que ocurrieron por complicidades se suspende al funcionario sin goce de sueldo, pero eso depende. Aquí no me van a meter preso a un funcionario porque se fugue un preso porque esto no es una cárcel, estas son paredes de bloque, las cárceles tienen que ser hechas de hormigón y cabilla. A estas paredes le van dando con las uñas uno y otro preso y abren un boquete, entonces no acepto y he sido muy duro en el reclamo de esa situación porque no es posible que reviente la cabuya por lo más delgado -aseguró.

Agregó que el gobernador Víctor Clark ha realizado gestiones en las instancias nacionales para que se dé solución a esta situación mientras que el alcalde Alcides Goitìa “ha colaborado mucho” e incluso estaba dispuesto a comprar las bragas y colchonetas exigidas por el MAP para dejar entrar a los reclusos de Policarirubana a la Comunidad Penitenciaria, pero luego le recomendaron que no lo hiciera porque no era prudente.

Su meta para el primer trimestre de 2019 es quedarse con un número cercano a los 80 detenidos, que es la cantidad que considera “manejable” por los 130 funcionarios que espera tener luego de llenar las vacantes que han dejado quienes se han ido de permiso o han renunciado para emigrar a otro país. Actualmente, el órgano municipal cuenta con 100 policías.

“Entre los 120 detenidos hay cuatro mujeres a quienes tuvimos que separar porque se presentaron hechos de violencia. De esas cuatro una es funcionaria y la otra tiene discapacidad. También tenemos un adolescente de 16 años de edad quien fue aprehendido por robo, pero lo más seguro es que se le de arresto domiciliario”, precisó.

 

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