La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura “no funciona”

La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura “no funciona”

Defensoras de derechos humanos y diputadas de la Asamblea Nacional denuncian la casi nula actividad de la comisión juramentada por la Defensoría del Pueblo en 2018. Aseguran que en la actualidad existe complicidad entre el poder judicial y castigadores

Equipo Investigación UVL

Poco o nada; así se podría resumir la funcionalidad que ha tenido la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura que en agosto de 2013 fue juramentada por la otrora Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez y quien se encargó de decir en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional que esa delegación fue creada para “sancionar la tortura en nuestro país y avanzar hacia una cultura distinta, que proteja la integridad de aquellas personas que por alguna circunstancia estén privadas de su libertad y bajo la responsabilidad del Estado”.

“No funciona”, ¿qué es eso? y ¿no se sabe nada? son las tajantes respuestas que realizan defensores de derechos humanos y diputadas de la actual Asamblea Nacional cuando se les solicitan un breve análisis de la labor que ha hecho esta comisión que ya tiene años de creada y que está integrada por un representante del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensa Pública, del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional; así como un representante de los ministerios para el Servicio Penitenciario; Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comunas y Protección Social; Defensa; Salud; Pueblos Indígenas; un representante del Poder Popular designado por el Consejo Federal de Gobierno, y dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que la presidirá.

“La Comisión será el mecanismo y el medio para instruir a toda la colectividad, particularmente a quienes tienen funciones de custodia y resguardo de la seguridad pública, en el uso progresivo de la fuerza física y en la importancia de que los procesos se hagan ceñidos a nuestras leyes, respetuosos de la integridad física y de los derechos humanos”, señaló la defensora Ramírez cuando frente a ella tenía a los integrantes de la delegación con su mano levantada en señal de juramentación, como lo reseña una nota de prensa y fotografía del portal web noticias24.com.

“La Comisión no funciona” es lo que asegura María Teresa Linárez, diputada de la Asamblea Nacional (AN) por el estado Lara, cuando explica que si en Venezuela existiera un equipo que velara por los derechos humanos de los privados de libertad comunes y políticos “no existieran tantas violaciones, tantas torturas”.

La parlamentaria, argumentó que el trabajo que pudiera realizar esta comisión “mal funcionaría” debido a la falta de “independencia” que existe en el país al hacer referencia que el gobierno de Nicolás Maduro controla y ordena a su antojo los poderes judicial, ciudadano y electoral. “En un país donde no existe la independencia de poderes mal puede funcionar una comisión por mucho que quiera el ciudadano que funcione como tal. Tenemos que lograr independencia de poderes y por supuesto lograr que funcionarios que sean justos, honestos y apegados a la ley y a la función que tienen y no a la subordinación de un régimen”.

Según lo establecido en la Gaceta Oficial N° 40.212, la Comisión tendrá por objeto la coordinación, promoción, supervisión y control nacional de las políticas y planes nacionales de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como la vigilancia de los derechos de las personas privadas de libertad. De igual forma, velará por el cumplimiento de la ley y de la garantía del derecho a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas en el territorio nacional.

Lo detallado en la Gaceta se contrarresta con los informes que ha presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2015 o con el reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet, en el que expresan su alarma ante informaciones que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas y son víctimas de palizas, descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, quemaduras, asfixia, violación sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas, exposición a temperaturas extremas y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad, obtener información, castigar, obtener confesiones y por discriminación de género.  

“¿Qué es eso?” expresó con asombro la diputada Delsa Solorzano, integrante de la Comisión de Justicia y Paz de la AN cuando hace referencia al equipo juramentado por la Defensoría del Pueblo. La parlamentaria señaló que ese equipo gubernamental “se hace de la vista gorda” con la cantidad de denuncias que se han originado en el todos los estados del país a raíz de actuaciones cometidas en distintos cárceles y cuerpos policiales.

“Esa comisión no ve la realidad de la tortura en Venezuela. Esa comisión no sabe que en Venezuela nos están torturando, no sabe lo que ocurre en la Dgcim (Dirección de Contrainteligencia Militar) donde se solicita una fe de vida de detenidos de forma inmediata y pasan meses para entregarla. Nosotros tenemos políticos detenidos que han sido torturado y violados, pero la comisión se hace de la vista gorda”, enfatizó la parlamentaria opositora.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), en un informe presentado públicamente  en junio de 2019 sobre las personas que han sufrido tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes durante el 2018 identificó a 970 víctimas lo que supuso un incremento de 179% respecto a la cifra registrada en 2017.

Sin conocimiento

Opiniones de familiares de privados de libertad comunes indican que desde los recintos carcelarios de Venezuela se cometen acciones que deberían ser monitoreadas por esta Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, sin embargo no conocen nada de ella.

 De hecho, en el informe presentado por la ONG Provea se refleja que desde los penales surgen muchas denuncias contra el cuerpo de seguridad llamado Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) del Ministerio para Asuntos Penitenciarios (MPPAP), que es una brigada élite diseñada para proveer seguridad en los recintos carcelarios, pero que estuvo involucrado en 288 denuncias por trato cruel, inhumano y degradante sobre todo de mujeres que se encuentran recluidas en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como la cárcel de Uribana, que se ubica al norte de Barquisimeto estado Lara.

Nayibe López, directora de la asociación sin fines de lucro “Mujeres por la libertad, Las Mercedes” que labora en la entidad crepuscular, manifestó que no conocía de esta comisión pues en sus, al menos, 12 años fungiendo como defensora de los privados de libertad en los dos penales de Lara y los más de 30 Centros de Detención Preventiva que existen no ha conocido alguna atención de este grupo.

“En Lara existen muchos atropellos contra los privados de libertad comunes. Aquí existe la particularidad de los castigos por parte de los custodios del ministerio quienes agrupan a los presos a estar de pie en los patios de las cárceles durante muchas horas o no les hacen llegar agua o comida que les llevan los familiares o cuando los aíslan en celdas sin luz ni ventilación porque reclaman alguno de sus derechos. Muchas de estos tratos también lo sufren por autorizaciones de los directivos de los penales”, expresó López.

Además de lo dicho por la directora de la asociación se recuerda una protesta registrada en agosto de 2018 cuando en la Comunidad Penitenciaria de Fénix, a escasos metros de Uribana, las privadas de libertad protagonizaron una revuelta contra los custodios por constantes golpizas.  Esta no es  la única protesta que realizan estas mujeres.

“Comisión de cómplices”

Martha Tineo, abogada, especialista en derechos humanos y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, participó en una oportunidad en un taller de formación de derechos humanos con algunos integrantes de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, pero desde esa vez no supo más de ellos. “No sabe cómo funciona” aclara.

Tineo informó que a la organización que coordina han llegado denuncias e informaciones sin pruebas sobre la presencia de fiscales del poder judicial que tienen conocimiento sobre torturas, tratamientos inhumanos y castigos de privados de libertad sobre todo de los detenidos políticos.

“Yo no puedo decir que hay complicidad entre fiscales y funcionarios torturadores porque esa información no ha sido corroborada, pero hemos recibidos denuncias de familiares de presos políticos y testimonios de presos políticos donde aseguran que cuando se cometen ese tipo de torturas han estado fiscales del Ministerio Público o han sido inmediatamente enterados al respecto y hacen caso omiso pero desconocemos la intención de la presencia del fiscal en las torturas.

Pero al margen de que existan pruebas que confirmen esta complicidad, la diputada Solorzano califica que la comisión ya es culpable porque no actuar en defensa de las víctimas. “Esa comisión es una comisión de cómplices. Existe toda una cadena de complicidad porque el que guarda silencio, el que se presta para amparar, el que no abre una investigación penal es tan culpable como el que comete la tortura” dice con contundencia.

Las conclusiones de Bachelet

Entre una de las conclusiones que arrojó el reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michell Bachelet, fue que el gobierno de Nicolás Maduro se comprometió a evaluar la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura para así acabar con  los obstáculos que no permiten el acceso a la justicia en Venezuela o le dan libertad a los funcionarios de la ONU para visitar las cárceles cuando quieran, y más si desde el 2013 se aprobó un instrumento jurídico como la “Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.  

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