“Existe tortura en centros de detención preventiva”

“Existe tortura en centros de detención preventiva”

Según Arquímides Fajardo, Secretario de gobierno de Mérida: “Existe tortura en centros de detención preventiva”

El funcionario aseveró que   la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela es el reflejo de la situación que ha vivido el país durante los últimos 20 años. “La tortura en Venezuela lógicamente se ha arraigado durante todo este tiempo, esa tortura no solo es para los reos, sino que también está contemplada para los familiares”

Equipo de Investigación UVL

El secretario general de gobierno del estado Mérida, Arquímedes Fajardo, aseguró que en Mérida hay una serie de “depósitos” en los que se encuentran cientos de personas, muchas de ellas procesadas y condenadas por delitos de diferente índole, cuando los centros de detención preventiva son recintos en los que los detenidos no  deben permanecer por mas 48 o 72 horas. “Se han tomado las prefecturas y los comandos policiales para hacinar a una serie de ciudadanos que pasan por la imposibilidad de recibir justicia a tiempo y es una de las circunstancias que prenden las alarmas desde el punto del hacinamiento y la asistencia”.

Sin embargo, aseveró que desde la gobernación del estado es poco lo que pueden hacer para solventar esta situación. Explicó que luego de que el gobernador Ramón Guevara asumió su cargo, las autoridades nacionales ordenaron la intervención del cuerpo policial, organismo del cual dependen la mayoría de los centros de reclusión temporal en el estado.  “Mérida no escapa de esa condición. Nosotros tenemos el inconveniente que la policía se encuentra intervenida y lejos de tener una coordinación para el centro penitenciario que existe en la región, ese centro es manejado a nivel central. Anteriormente se tenía una coordinación con el Ministerio de Justicia, ahora el sistema carcelario está concentrado en manos de una sola persona y se tiene una patente de corso para la operatividad de esos centros”.

Considera que se deben modificar las políticas gubernamentales en materia carcelaria. De igual forma, estima que si la policía regional es devuelta al gobierno regional, podrían actuar y aplicar medidas para tratar contribuir a resolver esa situación. Considera además que la universidad de Los Andes y otras instituciones del estado también podrían ayudar. “Ahora hay una degradación de lo que pudiera ser las detenciones temporales, porque allí ahora también existe el ‘pranato’, que se videncia a nivel de los cuerpos policiales que se utilizan como retenes. Esa circunstancia hay que denunciarla, pero por otro lado, existe la escuela de criminología en la universidad de los Andes que pudiera con la ULA y el gobierno regional ayudar al saneamiento, adecentamiento de esos centros, que se están utilizando como depósitos de ciudadanos. Inclusive estos centros de los comandos policiales se utilizan para que algunos reos ya condenados paguen sus respectivas condenas y sanciones”

Fajardo señaló que el gobierno del estado Mérida en la persona del Dr. Ramón Guevara siempre ha estado dispuesto a brindar la mayor colaboración posible, e inclusive el gobernador del estado ha brindado el apoyo en algunos de esos sitios con comida y para evitar el hacinamiento que se vive allí. “Él ha visitado algunos de esos sitios y nos  hemos encontrado que existen personas que tienen un tiempo importante para que se les hagan las respectivas audiencias, y lógicamente se establece un sistema impune, para que la persona que delinque no puedas ser castigado en el momento oportuno. El hacinamiento persiste y ese mismo hacinamiento contribuye a que las condiciones sean asociales desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene el estado de garantizar los derechos de estos ciudadanos.

Denuncian tortura

El secretario de gobierno del estado Mérida señaló que las diferentes denuncias ante las autoridades competentes evidencian que existen casos de tortura en los centros de detención preventiva. “En el caso de Mérida, hemos tenido la colaboración del Foro Penal en la persona del Dr. Fernando Cermeño, y muchos de los defendidos del Foro Penal han sido torturados. Lógicamente se tiene conocimiento de causa de que muchos de ellos fueron golpeados salvajemente y se sabe porque hemos logrado la libertad de los que tenemos la forma de pensar diferente en el país. Sí existen pruebas y denuncias contundentes de gente que ha sido torturada en el estado Mérida”.

El papel del gobierno regional ante esta situación

Según Fajardo, para evitar este tipo de situaciones, en primer lugar se debe dignificar la labor del funcionario policial, “garantizar que sean bien asistidos, pero también se debe hacer orientación psicológica. En el caso específico de Mérida, nosotros tuvimos una hermosa experiencia en el gobierno de Jesús Rondón, donde tuvimos la posibilidad de enviar funcionarios nuestros a Francia, Inglaterra y Estados Unidos a objeto de lograr conocimientos desde el punto de vista técnico, y eso hay necesidad de volverlo a hacer, porque no tendrá la misma actuación alguna persona que reciba alguna formación, a un ciudadano que sea simple y llanamente formado con el objeto de poderlo patentizar como sucede con la Policía Nacional”.

Considera que la formación profesional de quienes llevan a cabo labores de guarda y custodia dentro de los reclusorios es fundamental. “En el país no se ha dado el cimiento de los valores fundamentales de lo que significa tener bajo nuestras manos la custodia y protección policial que se le debe brindar a cualquier ciudadano en las condiciones en las que lógicamente debe comprometerse el estado. Tenemos clara conciencia de todo lo que tendría que hacerse desde el momento de asumir la desconcentración de la cárcel de la comunidad de San Juan, como lógicamente, de todos estos centros de los comandos policiales que ahora están como depósitos”

“El ministerio no aplica políticas necesarias”

En cuanto a si los organismos competentes ejecutan las medidas pertinentes para mejorar la condición de los privados de libertad, Fajardo estima que no. “No, no las están aplicando porque cuando usted observa que hay un hacinamiento permanente que se está utilizando los comandos policiales que son solamente para prevención para 24 o 48 horas, usted logra determinar que no se está cumpliendo con una política carcelaria justa y adecuada a la verdadera realidad del pueblo venezolano. Aquí juega un papel importante la reorientación y la intervención de todo el sistema carcelario y de todo el sistema de justicia venezolano que se encuentra justamente al servicio de la autocracia y a los principios establecidos en el código de enjuiciamiento criminal, en los reglamentos y la propia Constitución de la República, que establece los ordenamientos bajo los cuales pudiera darse el rol del cumplimiento del estado fundamentalmente”.

Presos políticos denuncian torturas

En reiteradas ocasiones, organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos han denunciado la presunta violación de los derechos quienes han sido detenidos en protestas y otras actividades de carácter político. El Foro Penal Venezolano, atiende casos de personas privadas de libertad, que según han denunciado se han realizado de forma ilegal y sin elementos suficientes que justifiquen estas detenciones.

Por otra parte, algunas personas que aseguran haber sido víctimas de atropellos de parte de las autoridades, exigen respeto hacia quienes se encuentran en las cárceles venezolanos, según dijeron, “por pensar diferente”.

Vice ministerio de Atención al Privado de Libertad: “en los CDP se garantizan los derechos humanos”.

En contraparte a la posición del secretario de gobierno de Mérida, Arquimides Fajardo, acerca de la existencia de torturas en las cárceles y centros de detención preventiva en el país,  de visita en Mérida la vice ministra  de Atención al Privado de Libertad, Mirelys Contreras, aseveró que el Ministerio de Prisiones garantiza los derechos humanos de los privados de libertad. La funcionaria, quien encabezó la ejecución del Plan Paso de Libertad en los retenes de la entidad, señaló que a través de la aplicación de esta medida ordenada por la Ministra Iris Varela, trabajan para solventar el problema del hacinamiento y el retardo procesal.

Ante las denuncias de presuntas torturas y violación de los derechos fundamentales de los privados de libertad, la funcionaria aseguró que velan para que estos sean respetados. “Eso no debe ocurrir, nosotros tenemos todas las condiciones para tratar a los privados de libertad y garantizar los derechos humanos”. Reconoció que problemas como el hacinamiento agravan la situación en los centros de detención preventiva, Sin embargo, asevero que llevan a cabo un trabajo para tratar de solventar esta situación.

“La ministra Iris Varela se preocupa y crea día a día planes como el denominado Plan Paso de Libertad que va a permitir, así como logró la transformación del sistema penitenciario ahora nosotros vamos más allá: lograr la transformación de los centros de detención preventiva, para que sean sitios donde imperen los derechos humanos de las personas privadas de libertad y que se garantice que al que se tenga que llevar a un acto judicial, que se lleve, el que requiera de una atención médica, que la tenga de manera oportuna, nosotros todos los días programamos con los órganos de justicia que ellos tengan toda las atenciones necesarias, nos preocupamos día a día que se garantice el derecho a la salud, a la alimentación, el derecho a estar en adecuadas condiciones de reclusión y es un trabajo que se va a venir haciendo la camarada Liseth Blanco a través de la ministra Iris Varela de manera que podamos posteriormente decir que a través de este plan se logró la transformación de los centros de detención preventiva, no tenemos hacinamiento, no tenemos retardo procesal”.

Por su parte la directora de Atención Integral al Privado de Libertad, Liseth Blanco aseguró que el plan Paso de Libertad se lleva a cabo en el marco de tres objetivos específicos: El abordaje integral a cada centro de detención preventiva para lograr que estos centros de detención sean modelo a nivel nacional y lograr que se garanticen los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La representante del viceministerio de Atención Integral al Privado de Libertad explicó que en Mérida más de 1900 personas ocupan los espacios tanto de los centros de reclusión temporal como del Centro Penitenciario de la Región Andina, donde se estima 1.200 purgan condena.

No hay comentarios.

Agregar comentario