En Zulia: La libertad y un proceso judicial rápido cuesta en dólares y miles de soberanos

En Zulia: La libertad y un proceso judicial rápido cuesta en dólares y miles de soberanos

Equipo de Investigación UVL

Culpables o inocentes pagan el mismo precio, días interminables en los calabozos de los comandos policiales o militares en espera de un veredicto. Una docena de juristas coinciden al indicar que el único tiempo que se cumple a cabalidad “son las 48 horas establecidas para la presentación del detenido”. Después de ese lapso, todo dependerá de la disponibilidad financiera del acusado, quien debe cancelar por traslados desde su sitio de reclusión hasta tribunales, fotocopias de documentos, entrega de oficios y hasta la asistencia de jueces o fiscales.

“La corrupción nace en el Circuito Judicial y se extiende hasta los alguaciles”, denunció el abogado Morly Uzcategui al referirse a cómo se manejan los procesos en el Palacio de Justicia, en Maracaibo, en el occidente de Venezuela. “La libertad y un proceso judicial rápido solo los consiguen quienes pueden pagar en dólares o miles de bolívares”. Sin mencionar nombres, el jurista recordó casos donde con “una llamada telefónica se revocaron privativas de libertad, se anularon beneficios y se otorgaron libertades plenas. Cuando hay dólares de por medio no existen los lapsos y todos recuperan la libertad”.

Uzcategui explicó que tras la presentación empieza la espera interminable para la audiencia preliminar. “La Ley establece 45 días. No se respetan los lapsos y en promedio, hablamos de un 90 por ciento de los detenidos, esperan cuando mínimo un año o año y medio para volver a tribunales. Existen detenidos que ese mes y medio se les transformó en tres o cuatro años”.

Un alguacil puede cobrar entre 10 mil y 100 mil soberanos por la entrega de un oficio a otro órgano. La tarifa la determina la premura del interesado, puede ser la parte acusadora o de la defensa. “Quien no paga debe esperar un milagro para que el funcionario actúe con diligencia”, acotó un familiar, quien debió cancelar 15 mil bolívares para que pudieran hacerles unos exámenes toxicológicos a tres parientes detenidos en la Subdelegación Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas.

Las otras aristas

El penalista Hilario Chirinos considera que la lentitud de los procesos judiciales en Maracaibo tiene dos vertientes: Una judicial y otra Policial- militar. “En la primera nos encontramos con falta de personal, acumulación de trabajo, profesionales no calificados y exceso de ausencias de jueces, fiscales y de días no laborables. Mientras que, en la segunda, predomina la falta de traslados de los detenidos a tribunales”.

A esas vertientes, Uzcategui suma la movilización de los detenidos sin notificación oportuna a otros centros de reclusión. Recordó que con el cierre del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite,  distribuyeron a toda esa población para otros estados y otros municipios zulianos. En los comandos policiales los movilizan sin previa notificación. “Simplemente no se sabe dónde están los presos. Mientras se ubican se pierde tiempo”.

El jurista Carlos González añadió a las irregularidades en tribunales el “exceso de cargos inútiles, la falta de capacidad física y de personal en algunos despachos, la falta de autonomía de jueces y fiscales, incompetencia, inexperiencia e inmadurez del personal contratado, poca dotación de recursos a la institución, como por ejemplo, se puede esperar hasta dos años para imprimir una sentencia por falta de papel o impresora”.

Según los lapsos establecidos el Código Orgánico Procesal Penal, un proceso judicial debería tardar de ocho meses a un año para determinar si el privado de libertad es culpable o no, emitir una sentencia u otorgarle su libertad. Si, el juicio transcurre en libertad, el proceso podría extenderse hasta los dos años. “Eso es solo teoría, en la realidad los procesos superan en promedio los cuatro años de duración”, acotó González.

Cuando inicia un proceso judicial, las audiencias empiezan a retrasarse por falta de vehículos para el traslado de los privados de libertad, retardo en las comunicaciones de las fechas de actos judiciales, los días sin despachos, las vacaciones judiciales, las fallas en el sistema eléctrico, la falta de personal, las tácticas dilatorias de la defensa,  la inasistencia del acusado o el imputado, la incomparecencia de los fiscales del Ministerio Público, la falta de testigos o funcionarios actuantes en el juicio y la incomparecencia de la víctima. “Esa realidad se repite en la mayoría de los casos”, puntualizó el abogado.

“Me lo rebotaron. Pagamos cinco mil bolívares para que lo trajeran desde el retén de Cabimas a Maracaibo y me lo rebotaron”, se lamentaba Lucía en la afuera del Palacio de Justicia.  Tuvo que rematar unas pailas y otros utensilios de su cocina para reunir lo que pedían los policías para trasladar a su privado de libertad. “Pero llegaron cinco minutos tardes y lo echaron pa’tras”.

A comienzos de 2019, el joven de 24 años cumplirá tres años en espera de su sentencia. Admitió su culpa y no consiguió beneficios. Afuera, en la plazoleta del tribunal lo esperaba la familia. Prepararon un almuerzo especial, arroz revuelto con pollo, jugo de guayaba y pan dulce. En una bolsa negra guardaban una muda limpia, un jean desteñido con un suéter manga larga gris con rayas negras. Todo, con excepción de la comida, los Robles pagaron mil bolívares en efectivo al portero para que se la entregara al muchacho; volverá para atrás. Esperan que antes de enero puedan “subirlo y otorgarle el beneficio. La próxima vez sí saldrá”.

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