El traslado de presos hasta tribunales está dolarizado en Monagas

El traslado de presos hasta tribunales está dolarizado en Monagas

Algunas movilizaciones, como las personales, se pagan en bolívares pero al cambio paralelo. Los montos se hacen pesados para familias que en ocasiones no tienen para comer tres veces al día

Por Jesymar Añez Nava

Maturín.- En la familia Suárez -identidad protegida por seguridad- hay una preocupación constante. Además de comer, en esa casa todos los días se piensa en cómo hacer para pagar el próximo traslado a tribunales del integrante más joven. Aunque es un derecho del recluso, desde hace un año en Monagas, según se tiene registro, cada quien debe pagar por este.

Antes la cuota era en bolívares, pero hace tres meses la cosa cambió: ahora, los traslados están dolarizados. Se trata de una ilegalidad que se pasea frente a los ojos de las mismas autoridades policiales, que no han hecho nada para detenerla.

Este es, precisamente, el motivo de la preocupación de la familia Suárez. Aunque no es en verdes, sí cancelan el equivalente al cambio del día, al precio que señale una de las páginas en las que informan sobre la cotización paralela en Venezuela.

El monto son 10 dólares al cambio o 7.490 bolívares soberanos si la persona se rige por la tasa no oficial, que para el pasado 20 de diciembre estaba en 749 bolívares soberanos por cada dólar. Pero también el precio podrían ser 20 dólares, según el conductor y los custodios.

Para reunir la cantidad, la familia recurre a la venta informal. Suelen revender mercancía porque es la única forma de obtener el monto aunque algunas veces no es suficiente. Lo que hacen otras familias es depender de la pensión o de lo que pueden reunir entre varias personas.

Aunque es difícil de aceptar, las familias aseguran que es la única forma de que el proceso avance, porque en las policías no hay interés de reparar las unidades en las que anteriormente se hacían los traslados hasta el Circuito Judicial Penal.

"A veces uno paga el traslado y lo que sucede es que no hay despacho. Entonces, ese dinero se perdió porque el juzgado no trabajó. Cuando es así uno siente impotencia e indignación, porque si uno denuncia ante los mismos organismos es peor para el recluso", menciona la madre del joven arrestado hace 10 meses por robo agravado.

Las cuotas

Los montos de 10 o 20 dólares dólares cubren tanto el vehículo que lleva al preso desde cualquier sede policial, en la avenida Bella Vista de Maturín, hasta el Circuito Judicial que está ubicado en la avenida Alirio Ugarte Pelayo; es decir, desde la zona oeste hasta la norte.

Como no hay unidades para realizar los traslados, entonces lo que se paga es el vehículo de un funcionario o el alquiler de un automóvil, que puede ser el de un particular. Además, se cancela por la custodia policial, porque por ley la movilización tiene que ser hecha por funcionarios policiales bajo las normas venezolanas.

Si la familia es quien hace el arreglo, entonces esta se encarga de pagar por el servicio. Sin embargo, existe otra modalidad. El abogado es quien se encarga de todo y es él quien cancela tanto el transporte como la custodia, por esto hace un paquete en sus honorarios profesionales por la defensa del privado de libertad.

Esa es la nueva forma. El abogado incluye dentro de su presupuesto el equivalente a los traslados. Pero esto puede variar dependiendo del delito. Familiares denunciaron que, incluso, algunos incluyen un monto especial para entregar a los jueces para que agilicen la causa.

Para las movilizaciones masivas también hay un monto: hasta 200 dólares. El dinero es pagado por todos los presos que tienen audiencia. Cuando son varios, el traslado se realiza en autobuses, pero no cualquier autobús. Para este trabajo se habilitan unidades tipo Youtong, que son los buses rojos usados para el transporte público.

Se trata de unidades de la empresa Transmonagas, adscrita a la Gobernación del estado Monagas, que ya tiene dos períodos en manos de Yelitza Santaella. La empresa destina cualquier unidad, incluso las que tienen aires acondicionados, para la movilización de los privados de libertad.

Aunque Una Ventana a la Libertad no pudo precisar el monto que recibe cada funcionario policial, conoció que es una cuota especial porque se le está habilitando para este procedimiento.

Cuando la familia Suárez no ha encontrado policías que se encarguen del traslado paga un taxi. Algo nada fácil en un principio, porque ningún conductor quiere responsabilizarse por llevar a un detenido.

Conductores de confianza

La familia de un joven de 24 años de edad que recién cumplió un año detenido en la Policía del estado Monagas (Polimonagas) no le paga a un abogado por el traslado y tampoco a un policía. Lo que hace es que le paga a un vecino por ello.

El conductor vio crecer al muchacho. La familia explica que está detenido por una confusión, un hecho que le ha tomado 12 meses comprobar. "Hago lo que sea por mi muchacho, incluso pagar para llevarlo al Circuito Judicial. Esperamos que antes de Año Nuevo esté en libertad", explica el papá del privado de libertad.

Hace dos meses, las personas cancelaron 3.800 bolívares soberanos por llevar y traer al recluso a una de sus audiencias. Al custodio policial le dieron el almuerzo, el funcionario quería dinero en efectivo pero la familia alegó no tener e intercambiaron por comida.

En los centros de detención preventivos, los familiares de presos aseguran que a veces recurren a los conductores de confianza para pagar por un derecho que se supone es gratuito. Lo hacen así porque supone un ahorro y una forma de no contribuir con la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad.

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