Derechos reducidos a un pasillo en calabozos de Anzoátegui

Derechos reducidos a un pasillo en calabozos de Anzoátegui

En la entidad anzoatiguense existen más  de cuatro mil Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (LGBT), según informes revelados en 2018 por representantes de dicha comunidad y 12% de ellos han reportado violación a sus Derechos Humanos

Giovanna Pellicani, UVL Anzoátegui.

En Anzoátegui no existen calabozos exclusivos para los ciudadanos que conforman la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero (LGBT). Si alguno es arrestado debe sortearse un pasillo o áreas improvisadas que reduzcan la violación de sus Derechos Humanos.

Jhesika Cool, nombre artístico y que por seguridad escogió uno de nuestros entrevistados, cuenta cómo se vive un arresto dentro de alguno de los Centros de Coordinación Policial de la entidad, donde se enfrentan a todas las dificultades de cualquier privado “y quizás hasta más”, destacó.

Su madre le colocó nombre de hombre tras nacer el 20 de marzo de 1977 en la ciudad de Caracas, pero aseguró que desde temprana edad le gustaba jugar con muñecas y vestirse de mujer. No fue sino hasta sus 22 años que decidió irse de su casa y abrirse a la vida que tanto anhelaba.

A sus 26 años de edad se sometió a su primera intervención quirúrgica. Se agrandó su pecho y comenzó a usar ropa ajustada de mujer; dos años más tarde se operó la nariz, labios y agrandó sus glúteos para dar paso a la vida que, según indicó, generaría una mejor calidad de vida para su madre, quien sufría de pie diabético y necesitaba costosos medicamentos para no perder una de sus extremidades.

“La enfermedad de mi madre me llevó a ejercer la prostitución en el casco central de Puerto La Cruz, donde todos los días más de 40 personas nos disputamos los mejores clientes para obtener el mejor pago de la noche”, reveló.

A su suerte

Jhesika Cool contó que a diario tienen que trabajar bajo la premisa de que si ven a algún funcionario policial tienen que avisarse entre sí para evitar un arresto o un “matraqueo”. Reveló que funcionarios de Polianzoátegui, Polisotillo y efectivos de la Guardia Nacional les cobran “vacunas” para evitar un arresto por el “trabajo” que desempeñan.

Pero un día no pudo escapar de los uniformados, pues a Jhesika la vincularon al homicidio de Abaham González, quien murió de una puñalada en el pecho tras intentar desalojar a cinco miembros de la comunidad LGBT de las calles de Puerto La Cruz. “Nos quería quitar nuestra única fuente de trabajo y nos cobraba una comisión a diario para que pudiéramos trabajar, hasta que nos cansamos”, destacó.

Jhesika fue arrestada por funcionarios de Polisotillo, quienes la llevaron a la comandancia general, ubicada en el sector Chuparín de Puerto La Cruz y allí estuvo por 18 meses, antes de recibir una medida cautelar bajo presentación por homicidio culposo.“No tenían otra opción, no me querían ni en la cárcel de Puente Ayala porque yo soy gay y me mantuvieron en el pasillo principal de Polisotillo, durante todo ese lapso por seguridad”, dijo.

Elección sin  opción

En el mencionado cuerpo de seguridad, como en el resto de los CDP del estado Anzoátegui, no existe área exclusiva para los miembros de la comunidad LGBT, por lo que tienen dos opciones; enviarlos a los calabozos comunes y exponerlos a violaciones o colocarlos en áreas no habilitadas pero que les permiten el aislamiento con el resto de la población penal.

A Jhesika le ofrecieron el pasillo principal, pero no fue a cambio de nada, los uniformados le pedían una cierta cantidad de dinero cada semana para garantizar su integridad física y su seguridad. “Recuerdo claramente que al entrar a Polisotillo los policías me dijeron que yo no era hombre ni era mujer y que no tenían dónde meterme. En ese momento dije que estaba dispuesto a pagar algo para que me mantuvieran en un sitio seguro y así evitar hasta mi muerte”, reveló.

Usaba uno de los baños de los empleados para asearse, pero sólo cuando los funcionarios policiales lo autorizaban, además era su obligación  mantenerlo limpio cada semana, labor que asegura Jhesika, no le pesaba, sin embargo, eso no garantizaba que podía usarlo todos los días.

“Desde el pasillo podía ver a los hombres apretados y sudados en una de las celdas, siempre fueron muchos con poco espacio hasta para respirar, era muy fuerte el olor que salía de allí. Las mujeres estaban en las mismas condiciones y siempre pedían agua a sus familiares porque allí no les llegaba el líquido suficiente para bañarse, cocinar, lavar y limpiar”, recordó Jhesika.

Describe sus días de arresto como un paseo por la sucursal del infierno y consideró que fue un privilegio haber gozado de un pasillo aislado, en el que dormía sólo sobre sábanas y donde todos los que pasaban pisaban sus pertenecías. Hoy Jhesika prepara su documentación y espera el cumplimiento de su régimen de presentación para salir del país. Ya no trabaja en las calles de Puerto La Cruz y lamenta no haber podido asistir al funeral de su madre, quien falleció durante su tiempo de arresto en Polisotillo.

Representantes de la comunidad Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero  revelaron en junio de 2018, que en el estado Anzoátegui existe una población (LGBT) de más de cuatro mil personas y que, al menos, 12% de ellos reportan alguna agresión policial, por lo que piden respeto a sus Derechos Humanos y exigen supervisión en calabozos de la entidad, donde según indican se han reportado hasta violaciones en las celdas comunes durante arrestos y también cobro de vacunas “excesivas” para evitar “pisar una comandancia policial”.

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