UVL Portuguesa
La fiscalía y los tribunales de Guanare, en Portuguesa, desempolvan los casos de violación de derechos humanos en los que se implica a agentes policiales y militares durante las protestas callejeras de 2014 y 2017.
En este contexto, el pasado 17 se septiembre concluyó el juicio oral a los acusados Yimberly del Carmen Silva , de la Guardia Nacional ( GN), e Irma Castillo y Elix Samuel Hernández , de la Policía del Estado Portuguesa (PEP) , a quienes el tribunal dictó sentencia condenatoria para una pena de 15 años y 6 meses de prisión. El juez ordenó la medida privativa de libertad inmediata, quedando detenidos desde la misma sala de audiencias, ya que venían enfrentando el proceso penal en libertad.
Los agentes fueron acusados por la Fiscalía Octava del Misterio Público con competencia en protección de derechos Humanos, quien activó el proceso penal a los investigados por hechos ocurridos en 27 de julio del 2017 en la población de Biscucuy, municipio Sucre , por la presunta comisión del delito de trato cruel , previsto en el artículo 115 de la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles y degradantes.
La víctima del delito, en este caso, fue Kleivy Vega y su adolescente hija (identidad omitida por razones de ley) quienes fueron detenidas y sometidas por la fuerza pública en el marco de las protestas del año 2017 realizadas en contra de la consulta para la designación de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a la versión del Ministerio Público, ambas mujeres fueron golpeadas, heridas y detenidas en durante este evento, ocurrido hace más de cuatro años.
Según los familiares de los acusados y sus abogados defensores se conoció que el juicio se realizó en sesiones continuas y cuyo objeto era condenar sin fundamento a los funcionarios que legítimamente ejercieron funciones resguardo y seguridad del municipio Sucre, en Biscucuy. “Actuaron conforme a la ley, la protesta desencadenó en hechos violentos de obstrucción de vías, daños a la propiedad y resistencia a la autoridad y como consecuencia fueron detenidos varios ciudadanos entre los cuales figura la víctima”, señaló uno de los familiares.
Cabe destacar que , a la fecha de la realización del juicio oral , la víctima se encontraba fuera del país. Está radicada en Bogotá, Colombia, desde hace tres años. Está imputada y goza de una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad. Su caso judicial aún está en curso.
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