Bianile Rivas, UVL Portuguesa
Familiares de los privados de libertad trasladados a diversas cárceles del país, como parte del desalojo del Centro Penitenciario de los Llanos( Cepella) , se concentraron este miércoles 28 de julio en las afueras de la sede del Circuito Judicial Penal de Acarigua.
Unos 20 parientes de los reos, que alegan injusticias tras la masacre ocurrida el 1° de mayo pasado, que dejó 47 asesinados y al menos 75 heridos , exigieron a la ministra Iris Varela dar la cara y resolver la grave situación que están viviendo, ante la incertidumbre generada por la paralización del sistema de administración de justicia, tras la cuarentena por el nuevo coronavirus.
El grupo de afectados denunció que muchos internos están muriendo de desnutrición y tuberculosis , entre otras enfermedades, a la espera de que sus causas sean ventiladas en tribunales.
Hicieron un llamado al gobernante Nicolás Maduro, a la ministra Iris Varela, a los jueces y al Ministerio Público “porque sus familiares se están muriendo de hambre”.
Denunciaron a través del diario local Última Hora que sus presos tienen tuberculosis, vomitan sangre, están desnutridos, no tienen comida, no los atienden, no tienen agua y tampoco se les agilizan sus procesos pese a que hay varios que ya tienen boleta de excarcelación.
La mayoría tiene más de dos años que no los sacan a un tribunal y cada vez que hay Plan Cayapa no los llaman ni los toman en cuenta para algún tipo de beneficio”, expresó la madre de uno de los privados de libertad, cuya identidad se mantuvo en reserva para evitar represalias contra el procesado, explicó el medio portugueseño.
De acuerdo a la versión publicada, a raíz del desalojo de más de dos mil internos del Cepella se ofreció que cada caso sería atendido individualmente para definir lo que se haría y otorgar los respectivos beneficios o darle celeridad al proceso judicial. Sin embargo, todo se convirtió en una mentira más porque no se cumplió, dijo el portal.
-Tenemos personas que tienen delitos de seis años y llevan seis y siete años presos todavía en calidad de procesados. Queremos que se aboquen, que nos ayuden, ya hemos agotado todos los mecanismos para que se haga justicia, sólo nos queda trancar las calles hasta que alguien nos dé respuestas y no simples pañitos tibios.
“Queremos ver acciones, resultados, que sea la propia ministra de Asuntos Penitenciarios la que nos dé la cara y no mande a otro, que entre a cada penal y vea las condiciones de salud en que se encuentran esos muchachos, lo delgados que están, las enfermedades que están pasando, que se están muriendo a diario en esos recintos y que a nadie le duele, son privados de libertad pero ante todo, son seres humanos y tienen derechos también,” enfatizaron otros denunciantes.
Expresaron que al momento del traslado a otros recintos carcelarios tampoco se les brindó información a dónde fueron enviados sus familiares y poco a poco lograron recabar los datos a medida que los mismos internos lograron comunicarse, ya que el ministerio no les aportó el listado.
Desde que empezó la cuarentena no los vemos –argumentaron- aunque entendemos lo del distanciamiento social. Es el gobierno el que debe garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas ; que permitan que se les pueda llevar comida más seguido.
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