10 procesados se acogieron a la fórmula especial de admisión de los hechos y recibieron su condena. De ese total, 6 procesados por delitos contra la propiedad fueron beneficiados con la medida cautelar de detención domiciliaria inmediata. Los otros penados fueron impuestos de sus cómputos de la pena impuesta
UVL | Portuguesa
Un total de 72 reclusos procedentes del Centro Penitenciario Tocorón, del estado Aragua, todos penados y procesados por los Tribunales de Juicio y Ejecución del primer y segundo circuito judicial penal del estado Portuguesa, con sedes en Guanare y Acarigua, respectivamente, fueron trasladados a estos recintos judiciales para la revisión de sus causas.
Los traslados se realizaron en dos tandas: el lunes 16 de agosto trasladaron 40 hasta Acarigua y este lunes 23 de agosto trasladaron 6 a Guanare y 26 a Acarigua, informó María Graciela Pinzón, madre de uno de los reos. Estos casos corresponden, dijo, a los presos que fueron desalojados del Centro Penitenciario de los Llanos Occidentales (Cepello) luego de su desmantelamiento, ordenado por el ministerio el área en mayo de 2020 en ocasión de una masacre que dejó 47 muertos y 47 heridos graves.
Los presos fueron atendidos en una jornada convocada para resolver sus procesos penales que se encuentran paralizados desde hace más de un año, desde que fueron trasladados fuera de la jurisdicción penal. Sus casos presentan un alto grado de retardo procesal, revela otra madre afectada por las demoras judiciales.
En esta jornada, 10 procesados se acogieron a la fórmula especial de admisión de los hechos y recibieron su condena. De ese total, 6 procesados por delitos contra la propiedad fueron beneficiados por el otorgamiento de la medida cautelar de detención domiciliaria inmediata. Los otros penados fueron impuestos de sus cómputos de la pena impuesta.
Entre los procesados encontramos el caso de Carlos, a quien se le omite su identidad a petición de sus familiares. El hombre se encontraba detenido desde el año 2016, procesado por el delito de robo agravado. Aun teniendo 5 años privado de libertad sin la resolución de su caso y sin sentencia definitiva, tuvo que acogerse a la fórmula especial de admisión de hechos: fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión con la pena cumplida en más de las tres cuartas partes.
Carlos no tuvo alternativas para la apertura de su juicio oral, ya que no se le garantiza el traslado para sus actos procesales, siendo la admisión de los hechos la única posibilidad de resolver su proceso penal. Y así como este procesado se encuentra la mayoría de los internos evacuados del Cepello, quienes desde que fueron evacuados a otros penales no son trasladados a sus tribunales de origen.
En esta jornada, 10 procesados se acogieron a la fórmula especial de admisión de los hechos y recibieron su condena. De ese total, 6 procesados por delitos contra la propiedad fueron beneficiados por el otorgamiento de la medida cautelar de detención domiciliaria inmediata. Los otros penados fueron impuestos de sus cómputos de la pena impuesta. Está jornada se llevó a cabo en dos sesiones realizadas los días 16 y 23 de agosto en la sede del Palacio de Justicia de ambos circuitos penales.
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