En la Subdelegación Maturín del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hay tres adultos mayores detenidos por abuso sexual mientras que en la sede de la Policía municipal otro por violencia de género. En Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, hay otro por hurto
Jesymar Añez Nava/ UVL Monagas
Maturín.- Llegar a la vejez en Venezuela no es sinónimo de bienestar, así lo hace un cóctel de circunstancias al que ahora se le suma la pandemia del coronavirus. Y si eso es así para los más de cuatro millones de adultos mayores inscritos en el Seguro Social, el panorama no es alentador para los que están encerrados en un centro de detención preventiva del país, donde “preso es preso, así sea viejo”.
La afirmación es de un funcionario policial en el estado Monagas, al oriente del país, y aunque suene despectiva representa la realidad de todo aquel privado de libertad cuya edad sea de más de 60 años. “No hay un trato preferencial”, sigue el policía, cuya identidad está protegida por seguridad. Dentro de una cárcel o de un calabozo policial no hay una relación especial con quien haya delinquido a determinada edad.
Es algo así: duermen en el piso, comen una o dos veces al día y hasta se ganan el maltrato de sus compañeros porque “entran con una actitud altanera, especialmente aquellos que han cometido abuso sexual. Es como un mecanismo de defensa que adoptan, porque saben que el delito por el que están presos es cobrado muy caro adentro y ahí no se mide edad y tampoco se miran o se respetan las canas”, explica.
En Monagas, de acuerdo a cifras obtenidas por Una Ventana a la Libertad, hay seis adultos mayores detenidos en Centros de Detención Preventiva, tres de ellos por abuso sexual hacia niños o niñas en Maturín; algunos de ellos son abuelos de sus víctimas. Todas las aprehensiones fueron realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El caso más reciente ocurrió el pasado 20 de agosto en la parroquia San Vicente de Maturín: Luis Francisco Acosta Gascón, de 70 años de edad, fue señalado de ultrajar a su nieto de 5 años, quien además fue asesinado a golpes por su mamá, según afirmó el pasado 24 de agosto el comisario Douglas Rico, director del Cicpc.
“Este tipo de delitos los hace más despreciables no solo ante la sociedad sino también ante los mismos reclusos, porque si hay un delito que no perdona y no acepta otro delincuente es el abuso sexual hacia una mujer, una niña o un niño”, resalta el policía.
De los otros tres detenidos en Monagas, uno tiene 60 años de edad, arrestado por el Cicpc por hurto de material estratégico en una instalación de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Punta de Mata, municipio Ezequiel Zamora, el segundo más importante de Monagas. Los otros dos están en la Policía municipal de Maturín, uno de ellos por violencia de género y el otro no fue especificado.
En la Policía del estado Monagas, el principal centro de detención preventiva, no hay adultos mayores recluidos. Pero en los registros de hace 10 años está el caso de una mujer de 65 años de edad, que en aquel entonces, estuvo detenida por droga. En ese tiempo, en los calabozos era conocida como “La Abuela de la droga” y todas sus aprehensiones se realizaron porque hallaban sustancias estupefacientes en la casa donde vivía junto a sus hijos.
¿Qué los lleva a delinquir?
Marlene Rodríguez es socióloga en Maturín, ha trabajado en la atención de niños, niñas y adolescentes y en la promoción de sus derechos, también ha tenido un acercamiento con los privados de libertad en el estado. Considera que existen múltiples factores que pueden llevar a un adulto mayor a delinquir, y el social es uno de ellos.
“En este tema es válido preguntarse si el delincuente nace o se hace. Nosotros creemos también que en esto hay un factor conductual marcado, quizás, por la separación familiar que sufrió durante su niñez o su adolescencia o por algún hecho violento que no tuvo tratamiento médico para corregir. Pero, posiblemente, también se trate de un adulto mayor que aún tiene hijos menores de edad por los que debe velar y dada las circunstancias del país no puede hacerlo”, explica.
La especialista está convencida de que una conducta que no se trata en la niñez aflora durante la adultez. Así que, probablemente, detrás de un hombre que es detenido por pedofilia o abuso sexual a un niño exista un episodio de violencia sexual infantil no denunciado.
“Conducta que no se trabaja, conducta que se repite. Si un niño ha sido maltratado, abusado y no se trabaja para superar todo ese trauma que sufrió, en el devenir la va a volver a repetir con alguien más, por eso es que nosotros decimos que las conductas son repetidas”, refiere la socióloga.
A su lista anterior, Rodríguez también anexa a la pobreza, que cada día sacude a la población más vulnerable en Venezuela; el desempleo, la baja remuneración salarial y el consumo de drogas. Cree que las circunstancias o las necesidades inciden en que una persona de 60 años infrinja la ley.
En el olvido
Desde hace seis meses las visitas en los Centros de Detención Preventiva están suspendidas para prevenir contagios de COVID-19, que ha enfermado a 97 reclusos en Venezuela en los estados Nueva Esparta, Táchira, Miranda, Lara, Barinas y Sucre, donde hay un fallecido, según el registro de la alcaldesa del municipio Bermúdez, Nircia Villegas.
Por ello, los familiares solo entregan la comida al policía, este la revisa y luego la entrega. Pero en el caso de los adultos mayores detenidos por abuso sexual es poca la que llega; “es como que si se olvidaran de ellos, como si los despreciaran al conocer lo que hicieron”, refiere una funcionaria.
La oficial menciona que la mayoría de esos privados de libertad no tiene pareja y que cuando reciben alimentos o ropa es porque la lleva algún familiar cercano, como un hermano o hermana; rara vez lo hace un hijo. Afirma que las restricciones por la pandemia también ha afectado la frecuencia con que son atendidos.
En Maturín, durante la semana de la cuarentena obligatoria, la circulación entre las parroquias está prohibida y solo el personal del sector salud así como los funcionarios de seguridad y de protección son los que tienen la libertad de transitar con el uso de un salvoconducto, que en ocasiones va con un horario incluido. Este es un documento que no lo reciben los familiares de los privados de libertad.
Así que la entrega de alimentos, de medicamentos, de agua, de artículos de higiene personal y de ropa no se realiza a menos de que cualquier detenido tenga a un familiar que viva en la misma parroquia donde están ubicados los comandos policiales y camine hasta ellos para llevarlos porque el transporte público tampoco funciona.
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