
El defensor de Derechos Humanos en la entidad, José Santoyo, asegura que las jornadas de vacunación no han sido extendidas a los Centros de Detención Preventivos de la entidad
Giovanna Pellicani – Anzoátegui
Barcelona.- Familiares de privados de libertad en la zona norte del estado Anzoátegui exigen la inclusión en las jornadas de vacunación contra la COVID-19 a los privados de libertad de la entidad. Aseguran que en lo que va de 2021 han fallecido ocho detenidos con síntomas asociados al virus.
La información la dio a conocer al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL) en Anzoátegui, Loreana Núñez, la tarde de este sábado 2 de octubre. El ama de casa tiene a su sobrino detenido en los calabozos Polibolívar y asegura que ha logrado conversar con parientes de privados en Polianzoátegui, Poliguanta y Policía Nacional Bolivariana, lo que les ha permitido unirse en solicitud para frenar la curva de contagios que considera existe en los centros de detención de la entidad.
“En Polibolívar han muerto dos detenidos por afecciones respiratorias y aún no han realizado programas de vacunación para evitar el contagio o muertes masivas. Es sumamente preocupante y violatorio de sus Derechos Humanos”, resaltó.
Junto a ella se encontraba Luisiris Flores, quien tiene a su hijo detenido en los calabozos de Polisotillo y cuenta que allí han fallecido cuatro hombres con sintomatologías características del virus, lo que asegura es alarmante para los familiares de los privados de libertad en Anzoátegui.
“Nosotros sabemos que han fallecido ocho privados con Covid-19, pero sospechamos que la cifra es mayor y las autoridades lo saben. Entonces será que están esperando que todos se mueran contagiados en el estado”, denunció Flores.
La información fue confirmada por el defensor de los Derechos Humanos en la entidad, José Santoyo, quien explicó que hasta la fecha los privados de libertad no han sido incluidos en las jornadas de vacunación contra la COVID-19.
“Las únicas jornadas de vacunación que hemos registrado son las que incluye el esquema de inmunización habitual para la población. Es necesario que se autoricen comisiones móviles de salud para llevar las dosis a los Centros de Detención Preventivos del estado”, puntualizó Santoyo.
El jurista asegura que la vida de más de dos mil privados está en riesgo en Anzoátegui debido al grado de vulnerabilidad que representa el hacinamiento y posibles contagios masivos que puedan registrarse en los calabozos de los distintos cuerpos policiales de Anzoátegui.
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