Nadeska Noriega, UVL/ Vargas
Cinco dólares. Esa es la tarifa mínima. Cinco dólares que hacen falta en la escueta economía familiar. Cinco dólares, un monto que supera el sueldo mínimo establecido en la ley, para los trabajadores venezolanos. Cinco dólares, es la cifra que familiares de privadas de libertad en el Retén de Caraballeda, aseguran deben pagar a los custodios para tener la certeza que un tratamiento médico llegue a manos de su familiar. El gasto mensual depende del tipo de tratamiento y se complica en el caso de los pacientes crónicos: llámense hipertensos, con tuberculosis o con VIH.
“Aquí todo se maneja en verdes. Uno hace de tripas corazón, pero sabe que debe pagar para mantener a sus familiares con vida. En mi caso, mi padre tiene tuberculosis. El tratamiento lo conseguimos, a veces con una organización que da medicinas, a veces con la iglesia y a veces con la Dirección de Salud de aquí. Luego del parto de conseguirlo, entonces está el tema de que se lo den. En el caso del Retén de Caraballeda los presos no tienen visita. Uno les trae la comida y la ropa y se las manda por una ventana. Lo mismo hace con los remedios. Aquí saben cuáles pacientes son los enfermos, así que la entrega no es tan problemática, pero que se la entreguen a tiempo, eso es otro tema. Pagar es la única opción que nos da garantía. Cuando no hay recursos, que la medicina le llegue a mi papá es cuestión de suerte”, cuenta Karen Hernández, cuyo progenitor está detenido en las celdas bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones, Civiles, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que funciona en el Reten de Caraballeda, al este del estado Vargas.
Así como Hernández, otros familiares del mismo retén, aseguran que deben pagar “vacunas”, palabra con la que definen el soborno, a funcionarios policiales, para dar garantía que lleguen los tratamientos médicos para pacientes crónicos de otras patologías, como lo son la hipertensión, la diabetes y los privados de libertad con Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH, por sus siglas en inglés.
Lo reportado en el Retén de Caraballeda, se repite en boca de los familiares de detenidos en el Retén de Macuto y en las celdas del Cicpc La Guaira.
Sobre estos señalamientos UVL solicitó a los jefes y directores de los Centros de Detención Preventiva, su postura y opinión. Sin embargo no se recibieron respuesta a las entrevistas solicitadas.
Por los caminos verdes
De acuerdo al monitoreo de la Organización No Gubernamental, Una Ventana a la Libertad, en cinco de los Centros de Detención Preventiva (CDP) en el estado Vargas, para el mes de diciembre de 2020, se contaba con una población de cinco privados de libertad con diagnóstico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH). Estos cinco privados de libertad son hombres: dos ubicados en el Retén de Caraballeda, bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y tres en el Retén de Macuto, bajo la custodia de la Policía Regional de Vargas (Polivargas).
Según el reporte de los familiares, durante los últimos meses la situación con el suministro de retrovirales por parte del Ministerio de Salud, se ha complicado.
“Hay que conseguir los retrovirales por los caminos verdes. En algunos centros de Caracas porque en Vargas no están llegando. Eso nos lo hace más difícil, porque no hay efectivo para el pasaje, no se tienen mascarillas buenas para meterse en el Metro por el tema de la COVID-19. Uno hace lo humanamente posible, pero tampoco se va a arriesgar. Hacemos mucho con tener que traer la comida a diario, como para también tener que buscar un remedio. Aquí dicen que lo mejor para los que tienen VIH es irse a una cárcel grande, pero tampoco le aprueban el traslado”, dice la pareja de uno de los privados de libertad, diagnosticado con VIH, que se encuentra en el Retén de Macuto y no desea ser identificada.
Sin responsabilidad con los tratamientos
De acuerdo a las leyes en Venezuela, las personas privadas de libertad, tienen derecho a una atención integral en salud, la cual se constituye en una de las responsabilidades del Estado, desde el mismo momento en el que dicha población está en custodia, ya sea en cárceles o en Centros de Detención Preventiva (CDP). Pero es muy diferente lo que está estipulado en la norma a lo que realmente sucede en los Centros de Detención Preventiva de Vargas.
“Si no tenemos para dar la garantía de la comida, mucho menos tenemos para los medicamentos. Hay mucho hacinamiento. Con las enfermedades menores, pues, uno se ayuda con las jornadas de salud que organizan desde el Ministerio (de Asuntos Penitenciarios) o desde la iglesia. Pero con el tema del VIH o de la tuberculosis, es diferente. Eso es responsabilidad de los familiares. No de uno”, refiere un custodio de Caraballeda, que pide mantenerse en anonimato.
Esta falta de responsabilidad por parte del Estado, expone a los privados de libertad con enfermedades crónicas, por la falta de continuidad en los tratamientos y la mala calidad en la atención.
“Para el gobierno es muy cómodo lanzarnos todo el problema a nosotros. Es difícil a un nivel que no se puede explicar. Caer preso es una desgracia. Pero estar enfermo es otro nivel. A veces es preferible que la gente se muera, porque la angustia no es normal. Y de eso se aprovechan muchos guardias. Si lo que viene en 2021 es más confinamiento, pues los que más sufrirán serán los privados de libertad que están enfermos”, contó Yatzuri García, familiar de un privado de libertad en Caraballeda.
Foto: Nadeska Noriega El Centro de Detención Preventiva de Caraballeda tiene cestas en los ventanales para el acceso de comida y medicamentos. Que llegue a mano de algún detenido depende de la acción del custodio.
Dejar una contestacion