Una Ventana a la Libertad presentó informe sobre reclusión en el Sebin

Una Ventana a la Libertad presentó informe sobre reclusión en el Sebin

Este jueves 22 de junio en la sede de la biblioteca de la fundación Herrera Luque, el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó a la opinión pública el informe Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela.  La apertura del evento estuvo a cargo de Carlos Nieto Palma, Coordinador General de UVL, quien  dió a conocer la labor que la organización realiza desde hace 19 años y el trabajo de investigación que viene realizando desde septiembre de 2016 para monitorear y documentar la situación, de un promedio de 8003 privados de libertad, ubicados  en los Centros de Detención Preventiva en los estados Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Vargas, Zulia y de la Gran Caracas. A esto se le sumaba el esfuerzo de documentar la Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela. Nieto Palma acotó que enviaron el informe a instancias y grupos defensores de derechos humanos internacionales.

Se violan todos los derechos

La abogada y Diputada Yadira Castro de Forero, presentadora del evento, se refirió a lo que como esposa de un preso político, del Comisario Lázaro Forero, le tocó vivir en el Sebin. Los comisarios de la Policía Metropolitana fueron los primeros presos políticos del Gobierno de Hugo Chávez que enfrentaron el juicio más largo del país. Su esposo fue condenado a 30 años por la muerte de dos personas y 11 heridos durante la marcha del 11 de abril de 20012. Su culpabilidad en los hechos no ha sido demostrada. Aún así, siguen pagando condenas sin que se apliquen las medidas sustitutivas de libertad. “Contamos la historia para que la gente vea que desde hace muchos años estamos viviendo una dictadura, quizás era una dictadura más suave que podíamos llamar gobierno totalitario. Ahora vivimos una dictadura dura sin respeto al ser humano.

En el Sebin del Helicoide teníamos que subir 8 pisos a diario para llevarles agua. Vimos como los comisarios se fueron enfermando por las condiciones inhumanas en las que estuvieron recluidos. En el 2011 le dieron una medida humanitaria de casa por cárcel a mi esposo por razones de salud.   Recuerdo que teníamos  que pasar por una requisa donde nos desnudaban. Cada vez que escucho un timbre largo me recuerda al timbre del SEBIN…”

La Diputada enfatizó que  las torturas y la condena no son solo para los presos sino para toda la familia, que para ellos la mayor tortura era pensar cómo iban a maltratar a sus familiares antes de entrar. “Toda la responsabilidad familiar la tenemos que asumir las mujeres… Si es duro el paso por el Sebin para un detenido más duro es para el que no lo es… Cuando esta dictadura finalice sabremos cuántas violaciones a los derechos humanos se han cometido en el Sebin… Cuento esto para que nos sensibilicemos.

En Venezuela no solo hay presos en el Sebin Helicoide, hay presos en la tumba. Los jóvenes estudiantes que están dando su vida y su libertad por Venezuela y por nuestros derechos están en las cárceles comunes. La dictadura se preparó para violar todos los Derechos Humanos con impunidad. El control de todos los poderes a excepción de la Asamblea Nacional le ha permitido a Maduro violar todos los derechos humanos. En el Sebin tiene más autoridad la dirección del organismo que el juez que da la boleta de excarcelación. Hoy el Diputado Wilmer Azuaje tiene 52 días en el Sebin y le niegan su estadía ahí.  Entonces es lamentable y por eso hemos mantenido esta lucha desde hace años para que se respeten los derechos humanos de los presos políticos”.

 La desnutrición en calabozos prende alarmas

La Lic. Luisa Torrealba, Coordinadora de Investigación de UVL, Indicó que desde el 1° de septiembre de 2016 la organización ha venido monitoreando los derechos humanos - el derecho a  la vida, a la integridad física, a la alimentación, a la salud y al debido proceso-, de una muestra de 89 Centros de Detención Preventivas ( CDP) ubicados en  la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país.

Informó que estos centros tienen una capacidad para albergar a 1995 privados de libertad y albergan un estimado de 8003 privados de libertad. La sobrepoblación alcanza el 403%. Cerca del 21,16% del total de los presos en CDP ya fueron procesados, pero no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitiva. Respecto a la infraestructura de esos espacios precisó que el 64% no posee comedor, el 61% no cuenta con espacio para el aseo de la ropa, el 56% no posee áreas recreativas, el 51% carece de zonas para ecibir visitas, el 34% no tiene servicio de recolección de basura, el 20% no ofrece servicios higiénicos a los presos.

Tal como lo revelan los datos procesados del 1 de septiembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 de la organización, los derechos humanos de los privados de libertad han sido violados de forma recurrente, en centros de detención preventiva. La coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad resaltó que el tema de la desnutrición que viven los privados de libertad en estos calabozos es un tema que prende las alarmas.

“De la experiencia acumulada nació como reflexión la necesidad de poner la lupa en grupos minoritarios, como el caso del Sebin. A pesar de no ser recintos carcelarios los CDP del Sebin se han convertido en centros de reclusión. En los centros del Sebin la opacidad es casi total. Solo a través de la voz de los familiares hemos podido conocer la realidad de lo que está pasando, si no tienen miedo de hablar”. Para finalizar enfatizó que se debe respetar el derecho a la información incluso en estado de excepción.

La tortura en el Sebin es una verdad no procesal

Javier Ignacio Mayorca, presentó  el informe Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide y Plaza Venezuela. Inició dando a conocer cómo nace la policía política en Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez y los giros que ha tenido desde el inicio de la democracia con la Digepol, su pasó a la Disip y su transformación hasta el actual Sebin que tiene como objetivo primordial  “garantizar la continuidad y conservación de la Revolución Bolivariana”, tal y como se indica expresamente en la Memoria y Cuenta de la Vicepresidencia de la República correspondiente a 2014.

Comentó que la policía política también improvisa espacios para albergar a los privados de libertad. “Antes había celdas, ahora hay espacios”. Respecto a la elaboración del informe refirió que: “mucha gente ha colaborado para documentar en lo posible las condiciones en las que viven allí. Es la primera vez que se documenta las condiciones de reclusión en las sedes del Sebin El Helicoide y Plaza Venezuela más allá de testimonios”.

Durante los meses de mayo y junio de 2017, tiempo que duró la investigación se contabilizaron 340 detenidos en un espacio disponible de aproximadamente unos 321 mts., lo que les permitió inferir que existe menos de un metro por detenido. “Calculamos que entre un 40 y 45% de la población del Sebin está compuesta de presos políticos. Uno puede hablar de prerrogativas  cuando alguien tiene una celda de 10 mts., pero es una jaula de donde no sales”.

En el grupo de celdas que le llaman preventivas, la proporción por detenido es menos de medio metro. Ahí no hay baño, ni agua. Ahí hay que orinar en potes de jugo, denominados “bicheteros” y hacer las necesidades sólidas en barquitos de papel hechos de periódico.

Mayorca puntualizó que: “La tortura en el Sebin es una verdad no procesal. Un elemento importante de los testimonios es que los torturadores pertenecen a la superioridad. Actualmente reina una impunidad total. No hay Defensoría del Pueblo ni Fiscalía que valga. Ahora ni reciben las correspondencias para cometer ceguera legal, no se dan por enterados de nada, y por ende no cumplir con las disposiciones legales.

La fiscalía o entra y mucho menos en este momento político. A los fiscales no los dejan pasar. Ahí no entra un alguacil y a la defensoría del pueblo solo se le han documentado dos entradas (las de los casos de Daniel Ceballos y Gerardo Carrero). No hay revisión periódica con rigurosidad. El defensor nunca ha admitido que en esto ha fallado”. Las 37 páginas  del informe se pueden consultar en www.unaventanaalalibertad.org.

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