Por Natalia Matamoros
El Nacional
En los últimos siete meses Ana María Estrada ha sido llevada en ocho oportunidades al hospital Israel Januárez Balza, en San Juan de los Morros. La razón: la desaparición de su hijo Felipe. La incertidumbre de no saber con precisión qué pasó con su hijo la mantiene angustiada, sumida en un cuadro depresivo que no la deja dormir y que ha disparado su presión arterial.
Felipe Sierra, de 26 años de edad, estaba recluido desde febrero del año 2015 en la Penitenciaría General de Venezuela por el delito de robo. Todos los fines de semana la madre lo visitaba para llevarle comida y algo de ropa. Sin embargo, el 27 de agosto en la tarde recibió una llamada anónima de un amigo del joven que también estaba procesado por secuestro y extorsión. Solo le dijo: “Señora, la llamo para avisarle que a Felipe lo decapitaron porque se quedó dormido mientras hacía guardia para evitar que los enemigos de Franklin Masacre, el pran del centro carcelario, lo atacaran en un descuido”.
Al escuchar la noticia a la mujer le dio una crisis nerviosa. Llamó a su hijo mayor para que averiguara qué había sucedido con Felipe, pero al llegar a la PGV no obtuvo noticias. El director del penal no la atendió y los funcionarios de la GNB tampoco le supieron dar información sobre el paradero de su hijo.
La última vez que conversaron, el joven le dijo que los hombres de Franklin habían matado a un compañero porque se les había rebelado y se negó a pagar la vacuna (la causa) de 3.000 bolívares que semanalmente cancelaba para garantizar su vida.
“Felipe le tenía miedo y por eso estaba al día con la cancelación de las cuotas. Se convirtió en uno de los esclavos del pran y de sus luceros. En una oportunidad, los hombres de Franklin le quitaron el celular por un mes como castigo, por haber llegado dos horas después de que los mandaron a llamar para que ayudara en la distribución de la comida, cuando el pran permitía que la población comiera.
“No me extraña que esos hombres hubiesen sido los responsables de la desaparición de mi hijo. Probablemente lo mataron y lo enterraron en la cárcel, porque fui a la morgue y no lo hallé. Otros compañeros que están en otras cárceles aseguran que no se fugó. Esta semana fui a la PGV, pero no pude entrar. El lugar está custodiado por militares.
Le expliqué a un guardia mi situación y que me dejara hablar con un representante del Ministerio del Servicio Penitenciario, pero no fue posible. Solo sé que han hallado los restos de 14 personas que habían sido sepultadas en una fosa. Quisiera saber si mi hijo está ahí. Estoy desesperada”, dice la mujer.
La fosa en la cual localizaron los restos, según la Fiscalía, está en la caballeriza, pero un familiar de un recluso, que prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que hay más cuerpos en los pabellones y otras áreas del penal.
30 denuncias consignadas
Yilman Red, obispo de los derechos humanos de las iglesias anglosajonas para Venezuela, Latinoamérica y Canadá, indicó que desde 2016 ha documentado cerca de 30 denuncias de madres y esposas que desconocen el paradero de sus hijos que se encontraban recluidos en la PGV. La mayoría de los familiares recibió llamadas anónimas, en las que les notificaban que los reclusos fueron objeto de torturas y posteriormente asesinados. La razón principal de las presuntas muertes: no haber pagado la causa.
“He acudido con algunos parientes a fiscales con competencia en Derechos Fundamentales para solicitarles que inicien una investigación, pero solo se han limitado a recibir el documento de petición. Hasta ahora no habido respuesta”, expresa el obispo.
La lista de desaparecidos está integrada no solo por reclusos, sino también por visitantes. El 14 de septiembre, cuando hubo la explosión de una granada en medio de los preparativos de la fiesta de Franklin Masacre, se encontraba Luis Fernández, hermano de uno de los presos, que había ido a visitarlo para colaborar con la decoración del lugar. Un allegado de la víctima relata que le contaron que había resultado herido por las esquirlas del explosivo. Entre las 22 personas que resultaron lesionadas por el estallido no figuraba y tampoco estaba entre los 22 muertos.
“No sabemos qué pasó con él; es un misterio. Ahora, con el descubrimiento de la fosa, sospechamos que pudo haber sido enterrado. Su madre no quiere hablar del tema; después de ese día, toma pastillas para poder dormir. Ella no quiere poner un pie en ese sitio. No quiere hablar del asunto, ni siquiera denunciar ante el Ministerio Público. Ella dice que eso se va a quedar así”, refiere el familiar.
La AN abrió averiguación
Luego de los episodios violentos registrados en la PGV el año pasado, cuando fue desalojada, el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Guárico Carlos Prosperi instó a los familiares de los desaparecidos a que integren un comité de víctimas para precisar la cifra de personas que aún no han sido halladas.
Mientras, el legislador Richard Blanco anunció la apertura de una investigación que implica la interpelación de la ministra Iris Varela; el director del Cicpc, Douglas Rico; y el director de esa cárcel, Juan Pérez .
La historia de horror de la PGV
1 de agosto de 2016. Tomaron como rehenes a 42 trabajadores penitenciarios para exigir el envío de 2.500 internos.
14 de septiembre de 2016. Estalló una granada durante los preparativos de la fiesta del pran Franklin Masacre.
28 de septiembre de 2016. Familiares se autosecuestraron porque impidieron el ingreso de alimentos y medicamentos.
28 de octubre de 2016. Franklin Masacre, el Ratón y el Chimaras se entregaron y la cárcel fue desalojada.
10 de marzo de 2017. Localizaron restos humanos de 14 personas en una fosa en un sector llamado La Caballeriza.
12 de marzo de 2017. Se instaló una morgue en la PGV para identificar los restos hallados en el lugar.
Dejar una contestacion