Presos por protestar

Presos por protestar

Marianna Romero*

Venezuela actualmente se encuentra enfrentando una grave crisis económica, social y política que cada día se agudiza más. Esta situación ha llevado a que los ciudadanos salgan a las calles a exigir al Gobierno Nacional la implementación de los correctivos necesarios para solventar la problemática, el respeto de sus derechos humanos y la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho. La respuesta del Estado ha sido la criminalización de la protesta y la represión a los ciudadanos.

Esta situación ha derivado en más de 90 fallecidos según cifras extraoficiales del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, miles de heridos y la detención arbitraria de más de dos mil de personas en el marco de las manifestaciones según lo dicho por el Ministerio Público.

Actualmente existe un gran número de venezolanos que por ejercer un derecho, pedir un cambio y exigir respeto a los derechos humanos han sido sometidos a pocedimientos penales, en los cuales se ha visto afectado el debido proceso y las garantías judiciales. Personas están siendo procesadas en jurisdicción ordinaria sin que se respete el procedimiento y obstaculizando la garantía de acceso a la justicia. Otros han sido sometidos a la jurisdicción militar, vulnerándose los artículos 49 y 261 de nuestra Constitución; 2.3 y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; afectando el principio del Juez Natural.

Por exigir un cambio y solución a la crisis que afecta, sin excepción, a todos los venezolanos, muchos jóvenes se encuentran ilegítimamente privados de libertad. Calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) policía política, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cárceles militares, comandancias policiales y hasta centros penitenciarios de alta peligrosidad hoy albergan personas detenidas por manifestar. La protesta no es un delito, ninguna persona debe ser criminalizada y su derecho a la libertad personal no debe verse afectado por expresar sus ideas, hacer exigencias, solicitar la reivindicación de otros derechos, demostrar su insatisfacción, desacuerdo o indignación con cualquier situación que le afecte y exigir soluciones o cambios para el mantenimiento de la libertad y la democracia.

Los únicos límites o restricciones que pueden imponerse al derecho a la manifestación son los establecidos y permitidos por la ley. Esto consiste en asegurar que la protesta no afecte los derechos y libertades de otros, que no haya violencia pues cualquier acción que deliberadamente genere un daño a bienes públicos o propiedades privadas o que incluso afecte la integridad de las personas, debe ser rechazado y son acciones no protegidas. Más allá de esto no puede verse limitado o afectado el derecho. En tal sentido, las manifestaciones no deben presuponerse como ilícitas o violentas y cualquier intento por criminalizar la protesta es contrario a la Constitución y Convenios Internacionales.

Protestar no es un delito, es un derecho. Los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, bajo el amparo de los artículos 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, nuestra Constitución lo contempla en su artículo 68 y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones en el 36.

El Estado Venezolano debe cesar en la implementación de restricciones al derecho a la manifestación pacífica. La protesta no debe ser criminalizada y la aplicación del uso excesivo de la fuerza para el control de manifestaciones, la práctica de detenciones arbitrarias y procesamiento de civiles en jurisdicción militar contra quienes hacen ejercicio del derecho daben detenerse y quienes están tras las rejas puestos en libertad. La protesta pacífica es un derecho, sigamos realizando nuestras exigencias de forma no violenta.

*Abogada, defensora de derechos humanos.

Foto: PaAm Post

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