Polimiranda necesita 4.900 agentes para dar seguridad

Por El Nacional

La falta de funcionarios y la deficiente formación para enfrentar el delito son dos de los graves problemas que confrontan los organismos policiales y de seguridad ciudadana en Venezuela, para poder satisfacer la demanda de la población.

La Policía del estado Miranda no escapa de esta realidad. De acuerdo con el último censo poblacional, para brindar protección a 3.217.724 de habitantes que tiene la entidad, este cuerpo policial cuenta con 1.505 funcionarios activos de lo cual puede colegirse que este requiere, por lo menos, de 4 policías por cada 1.000 habitantes; es decir, alrededor de 6.400 oficiales, advirtió el secretario de Seguridad Ciudadana y director de la Polimiranda, comisario general Elisio Guzmán.

“En este momento tenemos una cohorte de 63 jóvenes que se están entrenando para entrar en nuestra policía”, señaló.

El jefe policial indicó que la inseguridad que se vive en el país ha hecho que cada vez sean menos los venezolanos que quieren formar parte, no solo de la policía estatal sino de cualquier cuerpo policial del país.

En lo que va de año han muerto en manos del hampa 15 funcionarios en la Gran Caracas, de los cuales 6 eran policías municipales; 3, de la Guardia Nacional Bolivariana; 1, de la Policía Nacional Bolivariana; 1, del Cicpc, y 4 de la Policía de Miranda. Informó que estas cifras son alarmantes para un país donde cada día aumenta el índice de muertes como si fuera algo común y donde cada vez son menos los jóvenes que quieren formar parte de un cuerpo policial por miedo a morir en manos del hampa, que ha dejado en evidencia que posee mejores armas que los mismos policías.

Otro de los graves problemas con los que tienen que lidiar estos organismos es el deterioro del parque automotor. El también secretario de Seguridad Ciudadana indicó que actualmente tienen 252 unidades fuera de funcionamiento; es decir, que 64% de estas se encuentran inoperativas. “Al tener más de la mitad de vehículos parados, se hace más difícil el trabajo en las calles”, argumentó.

En los últimos años se han registrado varios ataques a sedes policiales, y la de Polimiranda es una de las más arremetidas, incluso, hasta con granadas fragmentarias. El comisario general expresó que los criminales, al tener mejores armas que los policías, saben que tienen la posibilidad de enfrentarse a ellos y salir victoriosos. “Los militares vinieron aquí y se llevaron todas las armas con las cuales éramos capaces de frenar la delincuencia, lo que nos dejaron fueron pistolas. Entonces ahora los delincuentes nos atacan con granadas”.

Uno de los últimos ataques ocurrió el pasado 12 de diciembre a las 4:40 am cuando seis hombres, que viajaban en pareja en tres motocicletas, accionaron sus armas de fuego contra la sede de la policía estatal ubicada en Santa Cruz del Este, municipio Baruta. La comisión de funcionarios que llegaba de un recorrido de seguridad e ingresaba a la estación policial hizo frente al ataque y, por suerte, resultaron ilesos; sin embargo, el vehículo recibió ocho impactos de bala entre la carrocería y el vidrio trasero.

El hacinamiento, las enfermedades y la falta de comida son otros de los problemas que afectan a este cuerpo policial. La crisis es tan grave dentro de los calabozos que los detenidos han generado riñas entre ellos mismos por el poquito de comida que algunos familiares les llevan. El comisario general comunicó que el organismo policial no cuenta con un presupuesto destinado para la compra de alimentos para los presos y muchas veces a sus parientes se les hace muy difícil llevarles por el alto costo y la escasez que se vive en Venezuela.

Agregó que dentro de los calabozos hay detenidos con enfermedades graves, y que requieren de atención médica urgente como tuberculosis y enfermedades dérmicas.

Sin embargo, aunque estos enfermos han sido atendidos, la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, señaló que los reclusos deben permanecer en las comisarías hasta que tengan un juicio y esperar a que les otorguen un cupo para poder ser trasladados a algún centro carcelario del país. Las policiás siguen esperando las notificaciones.

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