Mujeres embarazadas detenidas en calabozos no reciben control médico

Por Yohana Marra

Crónica Uno

Orinan en letrinas, que colapsan poco a poco porque no hay agua ni condiciones sanitarias adecuadas; duermen en delgadas colchonetas que a veces se turnan porque no alcanzan para todas, no se bañan bien y viven sin ventilación. Estas son parte de las circunstancias que rodean a las mujeres dentro de los centros de detención preventiva.

Por el desaseo muchas de estas mujeres han afrontado varias infecciones vaginales, pues se convierten en focos que gradualmente se extienden a las otras. De esta realidad no escapan las que están embarazadas y deben estar tras las rejas, muchas llegaron a prisión en gestación pero otras quedaron en estado por intimar con hombres en prisión, o incluso, con los custodios.

La ONG Una Ventana a la Libertad presentó el informe “Derechos vulnerados a mujeres privadas de libertad en centros de detención preventiva”, en el que constató que las reclusas en período de gestación no reciben control médico ni toman medicinas ni vitaminas, como ácido fólico y hierro. Tampoco se hacen chequeos mensuales que les permitan conocer el estado de salud del feto ni son trasladadas a hospitales.

De esta forma se incumple el artículo 81 del Código Orgánico Penitenciario que establece que “Las privadas de libertad embarazadas serán ubicadas en espacios habilitados para estos fines dentro de los módulos femeninos, donde recibirán atención médica especializada y disfrutarán del reposo pre y posnatal de conformidad con lo establecido en la ley”.

Los centros de detención preventiva están diseñados para que los detenidos estén durante 48 horas, tiempo en el cual deberían ser presentados ante los tribunales que decidirán si son trasladados a una cárcel o quedarán en libertad. Por eso no están en capacidad para albergar a tantas personas por un largo período, la mayoría no tiene ventilación, no hay buenas condiciones sanitarias ni presupuesto para la alimentación, por eso los familiares deben llevarles comida, ocasionando un gasto extra y mayor.

Angélica Lugo, periodista e investigadora en el informe, sostuvo que tras denuncias de familiares de detenidos en la Policía del municipio Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda, confirmó que en esos calabozos una de las detenidas —desde hace un año por delito de robo— salió embarazada de uno de los internos.

Su embarazo transcurrió en el pasillo de Poliguaicaipuro y el mayor beneficio que tuvo fue dormir en una colchoneta, para que estuviera más cómoda en el suelo. A los siete meses de embarazo aún no sabía el sexo de su bebé y cuando faltaban dos semanas para que diera a luz, el Tribunal Primero de Juicio de Los Teques le dictó medida humanitaria de casa por cárcel.

En esos calabozos no hay acceso a la luz del día ni a ventilación, como en otros. Incluso, para que los detenidos no se asfixien, los funcionarios instalaron un aire acondicionado.

Pero la ONG también denunció que hay reclusas que han quedado embarazadas de custodios o guardias, encargados de la seguridad del calabozo. Luisa Torrealba señaló el caso de dos mujeres en las celdas de Politáchira, en San Cristóbal. “Hay abusos de autoridad en estos lugares”.

Sin visita de sus hijos

El informe también da cuenta de que la madres privadas de libertad en calabozos no pueden recibir visitas de sus hijos, porque las celdas no tienen las condiciones. Han pasado hasta dos años sin verlos. De los 89 centros monitoreados, solo 12 tienen espacios para ello.

“Mi familia es de Caicara de Maturín, pero solo vinieron el día que fui detenida y no han podido venir más. Aquí he comido gracias a la comida que mis compañeras han compartido conmigo. Me deprimo mucho porque me da miedo dar a luz aquí o que le pase algo a mis dos hijos, a quienes no he podido ver”, contó a la periodista Lugo una detenida en la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara, en Caracas.

En ningún centro les garantizan el derecho de permanecer con sus hijos hasta los tres años, como reza el parágrafo 10 del artículo 15 del Código Orgánico Penitenciario: “Toda persona privada de libertad tiene derecho a recibir atención médica especializada durante el periodo de gestación, parto y lactancia, así como a permanecer las madres con sus hijos o hijas hasta que alcancen los tres años de edad, si así lo decidiere, y a que los infantes reciban la atención médica necesaria”.

Sucedió con Kimberly del Valle Toro, de 24 años, recluida en los calabozos de Poliguacara, en el estado Carabobo, quien dio a luz y su bebé fue entregado a una casa de abrigo en vez de permanecer en sus brazos. Otras reclusas que han recibido el beneficio de casa por cárcel para amamantar a sus pequeños lo obtuvieron solo por 12 meses y luego son trasladadas de nuevo a los calabozos.

En las instalaciones donde hay espacio para que las madres reciban a sus hijos para amamantarlos, los directivos se niegan, como en Polimaturín, estado Monagas, donde no les dan el acceso porque supuestamente temen que se generen autosecuestros.

Los investigadores de Una Ventana a la Libertad manifestaron su preocupación ya que los custodios no saben cómo atender casos de reclusas embarazadas o que salen en estado durante su permanencia en las celdas. “Debido a la falta de apoyo por parte del Estado venezolano, en los centros de detención preventiva las autoridades improvisan qué hacer”.

Hicieron un llamado a las autoridades para que se diseñen políticas públicas para manejar esta situación tras el conocimiento de estos casos. Y aunque la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha declarado en diversas oportunidades que los calabozos no son su responsabilidad, los investigadores alegaron que muchas de las mujeres detenidas (al igual que hombres) ya tienen una pena y cárcel asignada, y desde ese momento ya son responsabilidad del Ministerio.

Las féminas que llegan en estado a los centros de detención preventiva tienen entre 20 y 26 años y viven en sectores populares. Sus parejas también han estado presas o envueltas en hechos delictivos.

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