“Los privados de libertad necesitamos un gobierno y un sistema apto para cumplir nuestras condenas”.
Equipo UVL
Carlos Ferrebus, de 36 años, y Eduardo Nicolás Muñoz, presos en el Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en Maracaibo, estado Zulia, contaron a Una Ventana a la Libertad sus dificultades como preso en el país y cómo le han afectado las recientes manifestaciones.
El primero acotó que está detenido por robo agravado. Lo atraparon en el sector Haticos, parroquia Cristo de Aranza, pero desde que tiene cinco meses en una habitación acondicionada para albergar a los detenidos,, no lo han maltratado y con las recientes manifestaciones, que fueron aislados a la institución detectivesca, no tuvieron ningún problema.
Ferrebus, temeroso, explicó que si tienen acceso a la información, al menos a lo que ven en la prensa escrita, que los periodistas dejan en la sede cuando buscan información por parte de los detectives.
“Acá todos los días nos traen un periódico y nos lo turnamos entre los 35 reclusos que estamos en el calabozo. Y si, las múltiples protestas que se han generado en estos días nos han afectado mucho, puesto que hay veces que nuestros familiares no se han podido acercar a traernos la comida”.
El tráfico en la ciudad es pesado en horas picos, aunado a ello, las trancas que se han producido durante los focos de represión por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han complicado la rutina de los detenidos.
“La economía está fuerte y a mi madre por ejemplo no le alcanza el dinero para comprar comida y traérmela. Mi mamá agarra dos carritos hasta el centro ya que vive en Haticos. Del centro tienen que agarrar otro medio de transporte para llegar al Cicpc, en la vía al aeropuerto. En ocasiones no recibe la comida y entre los presos y algunos funcionarios, se reparten alimentos y “allí nos colaboramos todos”.
Las protestas aumentaron el retardo procesal penal, ya que a algunos les ha tocado ser trasladados hasta los tribunales, en el centro de la ciudad y por estar cercano a las protestas, les difieren las audiencias. “Esto nos atrasa el proceso. Las difieren mucho. Vamos a tribunales cada 15 días y otras veces cada 20 días”.
Por su parte, Nicolás Muñoz, está detenido por homicidio desde el pasado 7 de enero de 2015, sin tener certeza de cuándo saldrá libre, ya que su condena es por 10 años de prisión, pero espera por alguna medida. “Espero algún beneficio o algo que me pueda ayudar a salir de aquí”.
Para Nicolás Muñoz la situación del país está muy dura. “Los venezolanos y los privados de libertad necesitamos un cambio. Necesitamos lugares aptos para cumplir nuestras condenas, necesitamos un buen sistema penitenciario y eso no se logrará con este gobierno, y no sé si con otro se logrará, pero hay que aprobar”, acota.
Agrega que el gobierno no ayuda en nada, que la delincuencia para él no se acaba y que cada día hay más”. La crisis si le ha afectado, ya que a su esposa le cuesta conseguir alimentos y “mucho más traérmelos hasta acá”. Aunque su familia vive cerca y van seguido a verlo, pocas veces le pueden llevar comida por las necesidades que viven en su hogar.
Por otra parte, José Molaya (35) y Ana Rosa Miquirel, familiares de presos en el Cicpc, contaron que como en la celda tienen un televisor y hay señal por cable, logran obtener información a diario de lo que sucede en el país. Y que pese a las dificultades o al alto costo de taxis, logran llevarles comida y ropa a sus respectivos familiares.
En Zulia los únicos Centros de Arrestos preventivos, están en el municipio Cabimas y en San Carlos, netamente lejos de los focos de represión y manifestación que acontecen en la capital zuliana. Según informó Biagio Parisi, Secretario de Seguridad y Orden Público de la región, han trasladado a más de 30 detenidos por hechos violetos o vandálicos en la región. Estos detenidos fueron trasladados hasta el Centro de Coordinación Policial Irama. Su detención era preventiva y tras varias horas los dejaron en libertad sin cargos.
Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a 12 personas en una manifestación que se produjo el pasado 5 de mayo en la Troncal 6, sector Río Apón en Cerro Alto, con vecinos de los municipios Rosario y Machiques de Perijá. En el “plantón” los reprimieron unos 80 GNB dispersándolos con gases lacrimógenos y perdigones.
En ese enfrentamiento entre civiles y castrenses, los vecinos arremetieron contra la estatua de Hugo Chávez en la plaza que lleva su nombre en el casco central de la región. Destrozaron además la alcaldía del municipio. Los castrenses apresaron a dos jóvenes, presuntos responsables de derrumbar y quemar la estatua del expresidente y los llevaron detenidos, junto a otro grupo de manifestantes, entre el Puerto de Maracaibo y el Comando Zona 11 al norte de Maracaibo, antiguo Core 3.
De los apresados, a dos los presentaron ante tribunales militares y el resto los dejaron en libertad paulatinamente, a quienes les permitieron, “de a poco” recibir visitas y comida, por parte de sus allegados. Pero en Maracaibo, la GNB realizó una redada en las residencias Torres del Saladillo, también en el casco central, y detuvieron a dos jóvenes más que manifestaban en el lugar realizando “guarimbas”.
Pero las protestas prosiguieron y en Maracaibo, el pasado 18 de mayo, murió Paúl Rene Moreno, de 25 años, estudiante del quinto año de medicina, tras ser arrollado por una camioneta Toyota Hilux blanca, en la avenida Fuerzas Armadas, al norte de la ciudad. En esta “tranca” que escenificaron vecinos del sector los militares detuvieron a 13 personas, pero esa misma noche los dejaron en libertad, desde el Comando Zona 11.
De igual manera, el General Luis Morales Guerrero, jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Coordinador General de la Misión A Toda Vida Venezuela, explicó que los oficiales de la institución que preside tienen asignado 200 policías para labores de orden público pero que estos no detuvieron a ningún manifestante.
En la capital zuliana, donde se han presentado la mayoría de las manifestaciones populares, de oposición, se han trancado avenidas principales, pero los familiares de presos en comandos policiales, aseguran que han realizado todo por llevarle la comida y ropa a sus parientes, sin dar su identificación por temor a que las autoridades tomen represalias contra ellos o los suyos.
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