Manifestaciones antigobierno trastocan vida en centros de detención preventiva en Lara

Manifestaciones antigobierno trastocan vida en centros de detención preventiva en Lara

La represión a manifestaciones pacíficas y detenciones masivas ha sobredimensionado los problemas por los que atraviesan los centros de detención preventiva en la entidad, al superar la capacidad de acción los cuerpos de seguridad, que actúan con violencia y saña contra los protestantes, vulneran las garantías a detenidos y los encierran en espacios reducidos, inadecuados e insuficientes.

Equipo UVL

Familiares de detenidos en centros de detención preventiva en Lara aseguran que el entorno de conflictividad social, protestas antigobierno y represión por parte de organismos de seguridad del Estado han minado su capacidad de movilización para desarrollar una vida normal y atender diligencias de sus allegados en custodia del Estado. Afirman, también, que los cierres de algunas vías o la suspensión del servicio de transporte público no les ha permitido acudir con la misma regularidad a entregar viandas y alimentos a las sedes policiales.

La mayoría de las detenciones en Lara durante el ciclo de manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que inició el pasado 30 de marzo han sido ejecutadas por la Guardia Nacional. Los arrestados por este componente de la Fuerza Armada Nacional (FAN) son en su mayoría trasladados hasta el Destacamento 121, en la avenida Morán de Barquisimeto. Los arrestos han sido catalogados por organizaciones de derechos humanos como arbitrarios e ilegales.

La represión a manifestaciones pacíficas y detenciones masivas ha sobredimensionado los problemas por los que atraviesan los centros de detención preventiva en la entidad, al superar la capacidad de acción los cuerpos de seguridad, que actúan con violencia y saña contra los protestantes, vulneran las garantías a detenidos y los encierran en espacios reducidos, inadecuados e insuficientes. Además, los excesos han sido el signo más extendido en las actuaciones de organismos de seguridad, especialmente de la Guardia Nacional.

Al menos 2.371 personas fueron arrestadas en todo el país en protestas desde el primero de abril, según el Foro Penal Venezolano. Esta organización no gubernamental contabiliza también que en Lara, las autoridades procesaron a 13 detenidos en tribunales militares. De esta cifra, 12 recibieron dictámenes de privativa de libertad y al menos dos fueron trasladados a instalaciones militares, como el Centro Nacional para Procesados Militares -Cenapromil-, en Ramo Verde.

Las agresiones físicas, verbales y psicológicas, además de violaciones a la integridad de los detenidos cuentan por ocho de cada diez casos. Jesús Dugarte, detenido el 8 de mayo por la GN durante una manifestación en Carora, fue sometido a tratos crueles y torturas, según denunció la organización Funpaz, que asegura que los golpes que recibió de parte de militares habían comprometido el buen funcionamiento de una de sus oídos. La violencia y agresiones no han sido una práctica exclusiva de la GN. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha practicado detenciones en las que ha propinado palizas a los ciudadanos en su custodia, según consta en vídeos difundidos por testigos y replicados por ONG.

En las instalaciones empleadas para albergar detenidos se violan y vulneran los derechos todos los días de manera sistemática ya sea que se trate de detenidos en vías de ser procesados o con sentencia en primera instancia. Las detenciones se practican de manera indiscriminada, muchas veces sin que exista flagrancia, y sin que estén vinculadas a delitos, castigándose solo la presencia de los detenidos en un sector donde se haya bloqueado una vía o vecinos estén protestando. No se respetan las garantías al debido proceso y no se acatan procedimientos estándares como la presunción de inocencia, derechos procesales, acceso a legítima defensa y al expediente.

Alberto José Ramírez, un adolescente de 14 años detenido por la GN en Cabudare, municipio Palavecino, lo mantuvieron incomunicado en el comando de La Montañita sin que pudiese recibir la visita de familiares. Otro de los apresados, Samir Rojas Balbuena, fue obligado a permanecer esposado a un pilar y dormir en el suelo en el Destacamento 121 de la GN. Mientras que detenidos en la sede de la GN en Carora, en el municipio Torres, fueron brutalmente golpeados por funcionarios. Todas estas acciones califican como tratos crueles, inhumanos y degradantes

Detenidos en otros CDP siguen de cerca las protestas

Aunque autoridades y familiares de reclusos coinciden en que no se han restringido el ejercicio del derecho a la visita y los procedimientos para la entrega de alimentos a detenidos en las sedes de la Policía de Lara, las protestas con cierres de vías y la represión por parte de organismos de seguridad sí han afectado la capacidad de movilización de parientes de procesados.

Cuatro mujeres que accedieron a conversar con UVL con la condición de que no se divulgara sus nombres admitieron que los reclusos en la sede de la Comandancia General de la Policía de Lara están en conocimiento de las masivas protestas contra el gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro que en las últimas semanas han sido respondidas con una oleada represiva que ya cuenta con saldo de más de 40 muertos, cerca de tres mil detenidos y miles de lesionados, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales en el país.

“Claro que ellos saben lo que está pasando, porque tienen teléfonos y otros escuchan lo que se dice y uno cuando viene les cuenta. Aunque a mí no me gusta darle mucho detalle para evitar que se preocupen por uno”, dice la madre de un detenido frente a los calabozos de la sede principal de la Policía de Lara, en la calle 30 de Barquisimeto. La mujer afirma que la escalada de las protestas no ha provocado restricciones a las visitas ni a la entrega de alimentos por parte de las autoridades. Al consultarle si su hijo le ha expresado alguna posición sobre las protestas, comenta de manera jocosa: “Bueno, él lo que me dice es que todo es por culpa de mi presidente Maduro”.

Una funcionaria policial de este cuerpo —que depende de la gobernación del Estado— también coincide en que la dinámica en estos centros no ha sido alterada por causa de las manifestaciones: se siguen los mismos procesos de visitas y revisión de paquetes con alimentos. La mayoría de las comisarias y centros de detención bajo administración de la Policía de Lara están severamente sobrepoblados, con índices que alcanzan en los peores casos hasta 400%. La sede de la Comandancia General, que cuenta con capacidad para albergar 80 reos, tenía el 24 de febrero —última vez que se conocieron datos— 314 detenidos para una tasa de sobrepoblación de 271,3%.

“No estamos afectados porque haya restricciones acá, pero sí porque estos días no se han cumplido los traslados a tribunales, se suspenden las audiencias y eso trae más retardo”, alega una joven de cabello opaco que recién había salido de entregar envases con comida preparada para su cónyuge, preso por un delito de robo. Esta misma mujer también declara que desconoce si a estos calabozos han traído detenidos provenientes de manifestaciones.

Otra mujer relató que los reclusos ven todo por teléfono y siguen los acontecimientos con atención. Agregó que los detenidos “no pueden hacer nada, ni decir nada porque eso traería represalias contra ellos”. También afirmó que los disturbios, tiroteos, barricadas y enfrentamientos en las parroquias de El Cují y Tamaca, al norte de Barquisimeto, habían provocado la cancelación del servicio del Transbarca, el servicio de transporte masivo que administra el gobierno nacional.

“Me las he visto negras para poder traerle comida a mi muchacho. Está sin comer allí adentro porque yo no había podido venir. Cerraron el Transbarca, que era lo más fácil para salir desde allá —a 12 kilómetros— hasta acá, no están trabajando. Dicen que es por la guarimba”, comentó la mujer, quien agregó que desconocía el destino de los arrestados durante el curso de las manifestaciones.

Foto: www.el-nacional.com

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