En 50 días de protestas hay más de 110 civiles privados de libertad por la justicia militar en Carabobo

En 50 días de protestas hay más de 110 civiles privados de libertad por la justicia militar en Carabobo

Equipo UVL

Después de 50 días de continuas protestas en el país, el ambiente que se respira en las calles es aún tenso y hostil, la lucha entre ciudadanos y cuerpos de seguridad que se traduce en trancas de calles y aprehensiones, muchas veces masivas, ha causado un efecto colateral que también ha repercutido entre  los miles de privados de libertad que se encuentran en los diferentes Centros de Detención Preventiva del área Metropolitana de Valencia y del estado Carabobo en general.

Si bien es cierto que la mayoría de los arrestados en medio de las manifestaciones pacíficas o protestas de calle han sido llevados al Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional (GN) en Ciudad Chávez, al sur de Valencia y al Comando de la Guardia Nacional en Puerto Cabello, también a algunos de los aprehendidos los han trasladado a comandos policiales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Las Acacias y Plaza de Toros en la capital carabobeña, o las sedes de la Policía de Carabobo en sitios como el municipio Carlos Arvelo, aunque su permanencia ha sido corta, casi todas de horas.

Un caso particular ocurrió cuando detuvieron a varias personas en el municipio Puerto Cabello, en medio de las manifestaciones casi todos. Un grupo de ellos fue llevado a la sede de la Policía Municipal y otro al Destacamento 25 de la GN en esa jurisdicción.

Sin embargo, los calabozos de esos Centros de Detención Preventiva ya se encuentran suficientemente llenos de hombres y mujeres que llevan, en algunos casos, hasta años sin que sus casos hayan iniciado o sufran considerables retardos. De manera que cuando comenzaron a arreciar las detenciones por protestas se produjo una preocupación entre los que ya se encuentran en los calabozos policiales, sus familiares y hasta entre funcionarios de estos cuerpos de seguridad que se preguntaban cómo controlar el nuevo panorama que traería más hacinamiento.

Plan Zamora en Carabobo

A partir del 4 de mayo comenzó a aplicarse en Carabobo el Plan Zamora que implica la acción conjunta de los organismos de seguridad del estado para sofocar las protestas y además llevar a los detenidos ante la justicia militar. El despliegue inició después de dos días y medios de disturbios y saqueos que se registraron en varios municipios de esta entidad federal desde el 2 de mayo.

Los daños mayores, en cuanto a pérdidas materiales y consecuencias negativas para las comunidades por los destrozos se evidenciaron, sobre todo, en zonas de Valencia, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo, también hubo saqueos en Libertador y Guacara.

De acuerdo con cifras suministradas por el coordinador del Foro Penal en el estado, Luis Armando Betancourt, hasta el jueves 18 de mayo se registraban más de 110 privados de libertad (civiles todos) por el Tribunal Militar instalado en Desur de Ciudad Chávez. Casi todos ya han sido trasladados a la cárcel 26 de Julio, ubicada en el estado Guárico.

“Tenemos registradas unas 192 personas que han sido arrestadas hasta la semana pasada y si le sumamos los 63 –de las detenidas el lunes 15- la cuenta sube a más de 250 personas arrestadas que serán presentadas ante la jurisdicción militar”, puntualizó Betancourt.

Por su parte, el abogado Eliécer Jiménez, de la Organización No Gubernamental Defensa y Justicia Carabobo, reiteró que esta práctica de presentar a civiles ante la jurisdicción militar es inconstitucional. “No hay ninguna circunstancia, ninguna, bajo la cual civiles puedan ser presentados ante la jurisdicción militar, es una vulneración y un quebrantamiento absoluto de todas las garantías constitucionales y de todos los derechos humanos”, destacó Jiménez.

Familiares de quienes han estado detenidos en el Desur de la Guardia Nacional han señalado que los efectivos castrenses han ubicado a los arrestados en una sola área. Disponen de un solo baño para todos, no tienen qué comer sino cuando sus parientes les llevaban. También denunciaron que mientras aguardaban a las afueras del comando castrense, fueron agredidos por motorizados que les lanzaron piedras y hasta una bomba lacrimógena. Los atacantes se identificaron con el gobierno.

Hubo denuncias de uno de los primeros grupos de detenidos en la zona cercana a la empresa Mocasa, una de las saqueadas en Bella Florida, Valencia, que fueron obligados a comer pasta cruda con excremento y monte. El castigo lo impusieron algunos de los GN, según relataron ante el Tribunal Sexto de Control Militar.  Abogados que presenciaron tal declaración afirmaron que aunque esta tortura no ocurrió dentro de un comando militar o policial, pues sucedió en espacios de la empresa ya referida, igual constituye un caso de tortura y trato cruel que debe ser condenado.

Desde el Colegio de Abogados de Carabobo también se pronunciaron para repudiar que se haya instaurado la justicia militar para civiles. Desde el gremio solicitaron a sus colegas en otros estados del país a rechazar tal práctica por inconstitucional, pues viola el derecho del juez natural.

También en la Universidad de Carabobo se han dado varios pronunciamientos en los que se deja claro que la aplicación del denominado Plan Zamora no solo es inconstitucional, sino que además viola los derechos humanos. El viernes 19 de mayo,  se realizó un foro denominado “Criminalización de la protesta universitaria y de la sociedad civil”, organizado por el Vicerrectorado Académico de esta casa de educación superior.

El vicerrector Académico de la UC, profesor Ulises Rojas, indicó que están convencidos, los investigadores y docentes que trabajan sobre el tema, que Carabobo fue escogido para ensayar el referido plan. “Esto inició cuando un profesor nuestro, en funciones académicas, de asesoría en una tesis doctoral –el profesor Santiago Guevara- ya fue apresado por unas ideas que se estaban expresando en un trabajo científico”.

Además, Rojas refirió que otro elemento fue el allanamiento ocurrido el 5 de abril en el campus de la UC en Bárbula, Naguanagua. “Allanamiento violento, donde se cometieron delitos, no solamente como los disparos que dejaron 17 estudiantes heridos de balas, sino que hubo un robo no solo de celulares, sino el dinero de estudiantes, profesores, obreros y trabajadores que estaban esa tarde en los alrededores de la Facultad de Ingeniería. La intervención fue con mucha saña, fue un comando completo de la guardia que entró”.

En la misma actividad, el presbítero Raúl Herrera, director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), afirmó que hay preocupación porque el gobierno nacional, a través de la represión, viola sistemáticamente el ejercicio ciudadano al derecho a la protesta tal como está consagrado en la Constitución.

“Si bien es cierto que el Estado debe mantener el orden, también está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución, no puede ser que todas las manifestaciones pacíficas que se están haciendo, reclamando la justicia y el derecho, sean bloqueadas por los cuerpos de seguridad y por si fuera poco ha costado alrededor de 50 vidas hasta ahora”, enfatizó Herrera.

“El Plan Zamora no es otra cosa que una licencia para matar igual que las OLP y otros operativos que definitivamente lo que pretenden es amedrentar el ejercicio ciudadano de la protesta (…) los ciudadanos tenemos el derecho, y la iglesia apoya el ejercicio ciudadano de la protesta, a exigirle al gobierno que respete lo establecido en la Constitución”.

En los Centros de Detención Preventiva

A pesar que los detenidos llevan sus vidas, y en algunos casos casi sobreviven en medio de situaciones muy precarias del recinto y la falta de alimentos, en los diversos calabozos que están dentro de los 14 municipios de Carabobo, los privados de libertad se mantienen informados de la realidad de la calle.

Tras conversar con dos de ellos, una fémina que está privada de libertad por el delito de extorsión y un joven por el delito de estafa, explicaron que todos los días leen el periódico y se enteran de lo que sucede en el país. Ambos esperan cumplir las condenas para ayudar a sus familias y si es posible irse del país.

Arnoldo Linares, con 8 meses recluido dentro del calabozo de la Policía Municipal de Valencia espera su libertad en las próximas semanas, mientras que Leidi Castillo de nacionalidad colombiana y con 3 años en el mismo comando, sigue tramitando su cupo en el anexo femenino del Internado Judicial Carabobo. Anhela que su condena termine para irse con su familia a Colombia, porque ya no soportan la crisis y escasez por la que atraviesa el país.

Castillo y Linares, aseguraron que hubo días que la situación en las calles era fuerte, escuchaban que había represión a manifestantes y esto les daba temor porque pensaban que la gente podría atentar contra los comandos. En el caso de las comidas admitieron que a pesar que a los parientes se les dificultaba salir de sus casas porque el Metro de Valencia no estaba trabajando o había pocos autobuses -algunos no trabajaban por miedo a que los quemen-, si no podían traer las comidas hechas traían alimentos crudos para que los cocinaran o en casos extremos que no les trajeran, los funcionarios les hacían una sopa para calmar el hambre.

Por otro lado, una fuente ligada a la institución policial explicó que el 10 de abril, a las 11:00 de la noche, cinco jóvenes fueron detenidos por quemar cauchos y crear guarimbas en la avenida Enrique Tejera y la urbanización Los Colorados en Valencia. A los muchachos les imputaron el delito de alteración al orden público, los trasladaron a Polivalencia y pasaron la noche en una oficina preventiva y no tuvieron contactos con los demás presos.

La misma fuente, agregó que al día siguiente los jóvenes fueron llevados a la Fiscalía y les dieron libertad. Respecto al tema de las protestas continuó comentando que se mantienen alertas pero es a la GN a los que les corresponde preservar el orden público y que ellos solo intervienen cuando los casos son extremos. Para las autoridades del recinto una de las prioridades estos días es reforzar la seguridad en las instalaciones policiales para evitar fugas de los detenidos.

La situación de hacinamiento aún se mantiene. Es similar en la mayoría de los Centros de Detención Preventivos del estado Carabobo,  tal como ocurre en el caso del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Las Acacias, donde hasta principios de mayo convivían más de 130 presos. Esta institución tiene dos calabozos para los masculinos y uno para las mujeres, cabe destacar que este lugar debería albergar solo a 20 detenidos. Las cifras expuestas coinciden entre los números que manejan los directivos y algunos familiares que se encontraban en las adyacencias del Cicpc.

Parientes de los privados de libertad, quienes no quisieron identificarse, explicaron que entre los detenidos se encuentran 8 féminas, que al parecer se les brinda un trato distinto que al de los masculinos. Ejemplo de ello sería el tema de la comida y el agua. A ellas se las llevan  en potes de plástico y les permiten pasarle ropa y artículos personales todos los días. En el caso de los hombres, los alimentos deben entregarlos en envases de anime y los líquidos igual que la pasta dental, desodorantes y cualquier producto de higiene en bolsas. La ropa solo la pueden recibir en los días de visita.

Debido al hacinamiento y la insalubridad en el que se mantienen recluidos los privados de libertad, varios presentan escabiosis y problemas dentales, es por ello que algunas instituciones como la Alcaldía de Valencia y otros organismos, han llevando jornadas de salud. Hace aproximadamente un mes y medio este ayuntamiento llevó al Cicpc Las Acacias un operativo odontológico y de medicina general.

A pesar que el tiempo en cautiverio y el pequeño espacio serían factores que podrían generar riñas entre los presos, los parientes aseguraron que en los últimos meses no se han presentado peleas. En ocasiones existen  diferencias pero son subsanadas. El tema de la escasez de la comida y que a algunos presos no les llevan alimento todos días puede llegar a ser un detonante, por eso a veces comparten los alimentos. Pero lo que solicitan los más de 100 presos es que a unos los trasladen a los diversos centros penitenciarios y a otros que se le acelere el proceso de sus casos.

Foto: @ANDREWSABREU

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