El Estado venezolano invierte más en represión que en justicia

El Estado venezolano invierte más en represión que en justicia

La Organización Civil Acceso a la Justicia ha analizado el presupuesto entre 2005-2015 de los órganos del sistema de justicia, incluyendo la Defensoría del Pueblo y ha podido encontrar que desde el 2010 presenta una importante caída y se le asigna menos del 2% exigido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que además, se aporta cada vez más a instituciones represivas como la policía y las cárceles -sistema penitenciario-, y menos a las garantistas como la Defensoría del Pueblo o las que inician, tramitan y concluyen los procesos judiciales -Ministerio Público y Poder Judicial-.

                                                             Laura Louza Scognamiglio*

 

Según el artículo 253 de la Constitución, el sistema de justicia está integrado por las siguientes instituciones públicas: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el sistema penitenciario. Aunque la enumeración constitucional no incluye a la Defensoría del Pueblo, hemos decidimos incluirla en el estudio presupuestario del sistema de justicia por ser esencial para que haya respeto de los derechos humanos en el país y como consecuencia de ello, un sistema de justicia que funcione adecuadamente.

El artículo 254 de nuestra Carta Magna expresa que por lo menos un 2% del presupuesto nacional debe estar dedicado al sistema de justicia.  Para hacerle seguimiento a esta normativa varios fueron los retos que se nos presentaron para realizar  el análisis del presupuesto de las instituciones públicas que componen el sistema de justicia:

El primero es que algunas de las instituciones no son autónomas presupuestariamente - o no lo han sido en algunos años del período- y por ello, es difícil conocer su presupuesto total, incluyendo los créditos adicionales aprobados año tras año. En algunos de los casos, se desconoce incluso el presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto, puesto que el Ministerio del área no presentó su información con el nivel de detalle suficiente para poder conocer el presupuesto de algunos órganos que de él dependen. Tal es el caso del Sistema Penitenciario, cuyo presupuesto aprobado y total solo se pudo estimar a partir de 2005, porque antes era parte del presupuesto del Ministerio de Interior y Justicia.

El segundo reto es que el presupuesto real de cada institución no se encuentra en la Ley de Presupuesto, sino que hay que revisar cuáles son los créditos adicionales otorgados, y en este sentido, debemos hacer notar que la mayor proporción de los recursos asignados a cada institución ha sido a través de créditos adicionales.

El tercer reto del análisis del presupuesto, en un contexto de alta inflación como es el caso de Venezuela, se nos presentó al analizar los indicadores económicos a lo largo de un amplio período de tiempo.  Es erróneo establecer comparaciones directas, puesto que el poder de compra del dinero ha cambiado de forma drástica durante el período de tiempo considerado. Por ello, calculamos el presupuesto real tomando en cuenta las variaciones en el índice de precios que publica el Banco Central de Venezuela para lograr ajustar toda la serie (2005-2015) al nivel de precios de un año base. En este caso, los precios en el año 2007 y así poder establecer comparaciones entre los distintos años.

En virtud de esto, la estimación de los recursos asignados a todo el sistema de justicia se basó no solo en el presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto, sino también en los créditos adicionales y el período considerado ha sido de 2005-2015 en términos reales, llevando todo al valor de 2007.

Los resultados se presentan a continuación en el Gráfico 1.

En el gráfico precedente se muestra en las barras el presupuesto real de cada una de las instituciones y la línea superior nos muestra la tendencia del presupuesto del conjunto del sistema. Al analizar esta tendencia del presupuesto global encontramos que a partir del año 2005 se puede observar una tendencia al aumento del presupuesto real del sistema de justicia, que pasa de 3.031 millones de bolívares fuertes en este año a 4.195 millones en el año 2007. Esta magnitud se mantiene estable, pese a un leve descenso en 2008 puesto que en 2009 se alcanza nuevamente un valor semejante (4.137 millones de bolívares fuertes). A partir de ese año la tendencia es francamente decreciente: en 2010 se registra una fuerte disminución del presupuesto real cuando alcanza 2.993 millones de bolívares fuertes, un valor menor al de 2005 en términos reales. Y aun cuando haya una recuperación de los recursos en los años subsiguientes, no se recupera los valores alcanzados entre 2007 y 2009 puesto que el máximo valor después de 2010 se registra en 2012 con solo 3.684 millones de bolívares fuertes de 2007.

A partir de 2010 se muestra una drástica e ininterrumpida caída del presupuesto real que alcanza en 2015, 898 millones de bolívares fuertes de 2007, menos de un tercio del presupuesto real del año 2005. Ello nos muestra que la importante crisis de recursos del estado venezolano, que en los últimos años ha castigado severamente la disponibilidad presupuestaria del sistema de justicia, que ahora cuenta en términos reales con la menor cantidad de recursos desde el inicio del período estudiado.

Si bien en este gráfico también podría observarse cómo ha variado la distribución del gasto entre las distintas instituciones que conforman el sistema de Justicia, a continuación en el Gráfico 2 se muestra esto con mayor detalle al calcular qué porcentaje del total del presupuesto del sistema de justicia se destina a cada una de ellas.

A lo largo de todo el período estudiado, observamos que es el Poder Judicial quien concentra una mayor proporción del presupuesto total destinado al sistema de justicia; en el 2005 representaba un 65% del presupuesto y, aunque sigue siendo la institución que concentra un mayor presupuesto, a partir de 2010 su porcentaje comienza a disminuir a medida que aumentan las contribuciones de otras instituciones. En 2010 el presupuesto del TSJ representaba 58% y ello sigue disminuyendo hasta alcanzar 44% en 2015. En segundo lugar se encuentra el Ministerio Público, y su presupuesto representa 16% tanto al comienzo como al final del período con pocas oscilaciones, y solo es superado en 2015 por el presupuesto asignado a las policías que pasan en ese año al segundo lugar de importancia.

La disminución del porcentaje que significaba el presupuesto del TSJ se explica por el aumento del peso de otras instituciones; especialmente las policías nacionales (que comienzan representando el 8% en 2005 y alcanzan 19% en 2015) y el sistema penitenciario (que comienza en 7% en 2005 y alcanza 13% en 2015). Las instituciones pequeñas impactan poco en la distribución global de los recursos; aunque los resultados muestran la progresiva consolidación de la Defensa Pública (que pasa del 1% en 2005 a 5% en 2015) y una gran debilidad de la Defensoría del Pueblo que se mantiene a todo lo largo del período alrededor del 1% del presupuesto.

Esta breve revisión de la composición del gasto nos muestra, como ya se anunció, una clara tendencia a que aumente la importancia de los recursos dedicados a las instituciones represivas (policías, cárceles) en lugar de las que garantizan derechos (Defensoría del Pueblo), inician (Ministerio Público) o tramitan y concluyen procesos judiciales (Poder Judicial).

En estos primeros indicadores hemos podido observar que los recursos del Sistema de Administración de Justicia han caído en términos reales y han cambiado su distribución entre instituciones. Veamos a continuación en el Gráfico 3 qué porcentaje del presupuesto público representa este monto de recursos aprobados.

Al comparar el presupuesto aprobado para el Sistema de Administración de Justicia con el conjunto del presupuesto Nacional encontramos que entre los años 2005 y 2010 es bastante estable la participación del sistema en el conjunto del gasto público, pasando de 2,6% en 2005 a 2,8% en 2010 (solo se registra una breve caída en 2006), pero luego de este período de estabilidad, aparece una clara tendencia decreciente que se mantiene hasta 2015 cuando el porcentaje llega a 1,6%. De hecho, tanto en 2014 como en 2015 el presupuesto del Sistema de Administración de Justicia se encuentra por debajo de lo establecido en la Constitución Nacional  en el artículo 254 que exige por lo menos un 2% del presupuesto nacional.

Adicionalmente consideramos importante ver cuál ha sido la participación del presupuesto en la economía nacional. Veamos a continuación el Gráfico 4.

Al comparar el presupuesto del Sistema de Administración de Justicia con el Producto Interno Bruto encontramos un resultado que se parece al del gráfico 3, pero no es idéntico: primero crece de 0,74% a 0,87% entre 2005 y 2007, para luego mostrar una clara tendencia descendente hasta 2011, cuando alcanza 0,61%. Luego se observa una recuperación hasta alcanzar 0,77% en 2013 y luego cae nuevamente en 2014 hasta 0,63%, casi el valor más bajo del período.

Para concluir podemos ver que en términos generales, la disponibilidad de recursos del sistema de justicia ha mostrado importantes vaivenes a lo largo del tiempo, tanto en relación con el porcentaje que representa dentro del conjunto del gasto público, como en relación con la actividad económica del país. Ello nos muestra que este aspecto -que es una de las funciones exclusivas de un Estado- como es la aplicación de justicia y la protección de los derechos, no ha sido tratado como una prioridad en la asignación de los recursos públicos. Tan es así, que en los últimos años ha dejado de cumplirse la disposición constitucional que establece un porcentaje mínimo del presupuesto público que debe dedicarse al sistema de justicia. Si a ello sumamos el cambio de prioridades que se observa en la composición del gasto entre las distintas instituciones del sistema, ello nos alerta sobre las posibles dificultades para cumplir con las necesidades del país en esta importante materia. De allí que quede clara por lo menos una de las tantas causas de una mayor represión (más presupuesto para instituciones represivas que garantistas y judiciales) y al mismo tiempo mayor impunidad.

*Laura Louza Scognamiglio

Abogada y Directora de la Organización Civil Acceso a la Justicia y Profesora de Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV.

@AccesoaJusticia

www.accesoalajusticia.org

Foto: www.elcorreodelorinoco.com

No hay comentarios.

Agregar comentario