Centros de detención preventiva en Venezuela: un diagnóstico preliminar

Centros de detención preventiva en Venezuela: un diagnóstico preliminar

sábado, 24 de septiembre de 2016

Hacinamiento, enfermedades y desnutrición afectan a privados de libertad en centros de detención preventiva

En el día de la Virgen de las Mercedes los privados de libertad tienen pocos motivos para celebrar y muchos problemas que afrontar

Caracas, 24 de septiembre de 2016.- Altos porcentajes de hacinamiento, presencia de enfermedades infecciosas y contagiosas, falta de alimentos y de agua potable, desnutrición y retrasos e irregularidades en los traslados de los detenidos a sus centros de reclusión definitiva son algunos de los problemas que afectan a los privados de libertad, que permanecen en centros de detención preventiva. La situación fue constatada a través del estudio Centros de detención preventiva en Venezuela: un diagnóstico preliminar, realizado por Una Ventana a la Libertad.

"E. Sorge | Cortesía: Policía de Lara"

"E. Sorge | Cortesía: Policía de Lara"

El estudio, realizado por el equipo de investigación de Una Ventana a la Libertad, permitió identificar los principales problemas que presentan los centros de detención preventiva de la Gran Caracas, Barquisimeto, Coro, Maracaibo, Maturín y Valencia, ciudades que reúnen el mayor número de población penal del país, en lo que va del año 2016.

Se presenta un diagnóstico que está dividido en seis apartados, en los que se presenta la situación de los centro de detención preventiva en cada una de estas ciudades. Para su elaboración se consultaron datos oficiales emitidos por los cuerpos de seguridad. De igual forma se realizaron entrevistas a familiares de los privados de libertad, miembros de los cuerpos de seguridad y expertos locales en materia carcelaria.

La clausura de penales, el retaso en la construcción de nuevos centros de reclusión y la falta de cupos para el traslado de privados de libertad a las cárceles,  han convertido a los centros de detención preventiva, diseñados para albergar detenidos durante lapsos menores a 48 horas, se hayan convertido en centros que acogen de forma indefinida a presos, a pesar de no contar con la infraestructura ni los espacios adecuados, ni con insumos básicos necesarios (como agua potable, comida y medicinas).

Las condiciones de insalubridad y la falta de alimentos han afectado el derecho a la vida y a la salud, de privados de libertad recluidos en centros de detención preventiva, como ocurrió con Carlos Enrique Hernández, de 30 años de edad, quien murió por tuberculosis y desnutrición, el pasado 15 de septiembre, en Polichacao, donde estaba detenido desde el 10 de octubre de 2015.

El hacinamiento y la falta de alimentos también han provocado hechos de violencia, como los registrados el pasado 11 de septiembre en Barquisimeto, cuando fueron decapitados Edickson José Chirinos Chirinos, de 25 años de edad (detenido desde el 20 de enero de 2015) y Miguel Ángel Gutiérrez Catari, de 20 años de edad (detenido desde el 29 mayo de 2016), en una celda de la Comandancia General de la Policía de Lara, en Barquisimeto. Familiares de ambos detenidos denunciaron que los asesinatos presuntamente fueron provocados en venganza por el robo de alimentos.

En otras ocasiones los alimentos llevados a los centros de detención por familiares de los detenidos han terminado en manos de funcionarios policiales o de pranes. Este problema ha sido recurrente en Maturín.

La presencia de enfermedades como la sarna ha sido frecuente en centro de detención preventiva de Lara, Carabobo y Falcón. También se constató la presencia de detenidos con VIH, amibiasis e hipertensión, que no reciben los tratamientos requeridos.

Sin motivos para celebrar

Todos los 24 de septiembre la Iglesia Católica celebra el día de la Virgen de las Mercedes,  patrona de los encarcelados. Históricamente esta ha sido una fecha importante en las cárceles venezolanas donde se realizaban actividades religiosas. Además se esperaba el otorgamiento de indultos por parte del presidente de la República a los reclusos que cumplían los requisitos para obtenerlos. En los últimos años esta tradición se ha perdido.

Este 24 de septiembre en lugar de tener motivos para conmemorar el día de su patrona, los privados de libertad recluidos en los centros de detención preventiva tienen muchos problemas que afrontar.

Una Ventana a la Libertad insta a las autoridades a generar las políticas públicas adecuadas para afrontar los problemas de los centros de detención preventiva en del país. La organización espera que el diagnóstico realizado sirva como insumo para la búsqueda de soluciones efectivas, en la que prevalezcan el respeto de los derechos humanos de los privados de libertad, de sus familiares y de los miembros de los cuerpos de seguridad que cumplen funciones de custodia dentro de estos recintos.

 I.                  Hacinamiento en calabozos de la Gran Caracas agudizó fugas, motines y muertes en 2016

Este 2016 los distintos eventos que se han registrado en los calabozos policiales que están ubicados en la Gran Caracas han ratificado lo que desde 2011 advertían especialistas en materia carcelaria y en Derechos Humanos: la crisis penitenciaria se ha trasladado a los centros de detención preventiva, lugares que fueron diseñados para albergar a detenidos por un lapso no mayor de 48 horas.

En nueve meses del año en curso la prensa y redes sociales han documentado casos que son comunes en los centros carcelarios: secuestros y ataques a funcionarios, motines, huelgas de hambre, fugas, homicidios e incluso el fallecimiento de Carlos Enrique Hernández, de 30 años de edad. El preso, que murió el 15 de septiembre en Polichacao por tuberculosis y desnutrición, estaba detenido en esa sede desde el 10 de octubre de 2015 por el delito de abuso sexual. Durante ese periodo el delincuente nunca recibió visita de sus familiares, ni tampoco alimentos, por lo que dependía de la comida que, en ocasiones, le daban sus compañeros de celda.

La muerte del detenido en Polichacao –organismo que está intervenido por el Ministerio de Interior y Justicia desde el 30 de mayo– destapó los problemas que en la actualidad afrontan los funcionarios que han tenido que asumir la custodia de los presos. Fuentes extraoficiales han advertido que en esos calabozos, que en la actualidad tienen a 62 personas, pese a que su capacidad es para albergar a 25 detenidos, hay un preso con VIH desde el 1 de junio. En esa sede también está el delincuente que en septiembre de 2015 lanzó a sus dos hijastros al Río Guiare. Se trata de Alexander José Ramírez Eredia, de 26 años de edad, pero la opinión pública lo conoce como el “monstruo del Guaire”.

Una fuente policial explicó que el preso no ha podido ser trasladado a la cárcel de El Dorado, en el estado Bolívar, porque no tiene cédula de identidad: “Eso implica que lo tenemos que llevar a sacar la cédula, además de estar pendiente de él. Hemos dejado de patrullar y de estar en procedimientos para cuidar presos, aún y cuando no estamos preparados  para ello”.

La crisis que en la actualidad hay en los calabozos policiales, producto del retraso en la asignación de cupos de traslados para cárceles, afecta a todas las sedes policiales sin excepción. Tanto los centros de detención preventiva municipales, estadales e inclusive los de la Guardia Nacional Bolivariana, Cicpc, Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana padecen el mismo caos que data desde julio de 2011 cuando fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario y que se ha agudizado de manera progresiva.

Hasta el 21 de septiembre las siete coordinaciones de la Policía del Estado Miranda, que tienen capacidad para 140 detenidos, albergaban a 258 presos. El evento más reciente se registró ese mismo día en la sede de Polimiranda de Ocumare del Tuy cuando 82 reclusos, distribuidos en un espacio para 40 personas, tomaron el control de las celdas y dos funcionarios resultaron heridos con objetos contundentes en la cabeza y en el tórax.

Ese 21 de septiembre en el mismo estado Miranda los calabozos policiales volvieron a ser noticia cuando 18 detenidos sufrieron quemaduras de segundo y de tercer grado, luego de incendiar intencionalmente las celdas de Poliacevedo, en Caucagua, para protestar en contra el hacinamiento y la entrega tardía de los alimentos que sus familiares les llevan.

Tres funcionarios del Cicpc asesinados en una fuga

Uno de los eventos más trágicos este 2016 en los calabozos de la Gran Caracas es el asesinato de tres funcionarios del Cicpc durante la fuga de siete detenidos que se registró el 6 de abril en la madrugada en la Subdelegación del Cicpc El Valle. Los uniformados caídos de la policía judicial fueron el detective del Cicpc Yetsenia Alexandra Dávila Villegas, de 22 años de edad, asesinada de cinco disparos y el detective Franklin Ramírez, de 25 años de edad, que recibió dos disparos en el pecho y en el abdomen. El aspirante a funcionario de la policía científica, Jesús Domínguez, de 19 años de edad, recibió un disparo en el costado y en la cabeza.

Posteriormente fuentes policiales confirmaron que los siete detenidos se fugaron por un boquete que previamente habían abierto como parte de la planificación de la fuga y se conoció que los tres funcionarios ultimados, sin destreza para ello, estaban a cargo de la custodia de 30 presos.

Abril estuvo marcado por las fugas en calabozos policiales. El primer día de ese mes nueve detenidos se fugaron de la Policía Municipal de Sucre. Un día después, el 2 de abril, funcionarios de la Policía Municipal de Chacao frustraron un intento de fuga masiva y lograron la captura de siete presos que salieron de una de las celdas. 24 horas después volvió a ocurrir un evento similar en las Salas de Guarda y Custodia del Centro de Coordinación Policial Número 2 de Polimiranda, ubicado en Charallave, pero los funcionarios frustraron el intento de fuga de 48 reclusos.

Aunque varias sub delegaciones del Cicpc cuentan con celdas diminutas, en algunas sedes como la División de Investigación y Protección en Materia del Niño, Adolescente, Mujer y Familia, ubicada en la avenida Urdaneta, 11 presos están esposados a unas sillas que fueron colocadas en el pasillo de la oficina. Los detenidos duermen, comen y pasan el día sentados allí y sólo tienen permitido ir al baño en horarios establecidos.

Casi dos meses después del asesinato de los tres funcionarios del Cicpc, se registró otro hecho violento en el Comando de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en Boleíta Sur, cuando tres funcionarios que ingresaron a las celdas para hacer el conteo de reclusos fueron despojados de sus armas y secuestrados por los presos. En el hecho un detenido murió.

Al cierre de este informe una fuente extraoficial informó a Una Ventana a la Libertad que en una celda conocida como “Guantánamo” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en Plaza Venezuela, hay 30 detenidos hacinados que tampoco tienen acceso a la luz del día.

 “Centros penitenciarios paralelos” no celebrarán el día de Las Mercedes

¿Los calabozos son centros penitenciarios paralelos? Sí. Pero los derechos que por lo general tienen los privados de libertad, o que deben tener en las cárceles, no se aplican en los centros de detención preventiva que no cuentan con espacio para la recreación, deporte y actividades culturales y educativas.

Los detenidos de los calabozos policiales no tienen visita conyugal y, a lo sumo, pueden recibir una visita a la semana que no se extienda más de 15 minutos. Este 24 de septiembre, día de Las Mercedes, patrona de los presos, en los calabozos policiales de la Gran Caracas no está pautado celebrar la fecha y, mucho menos, otorgar indultos a algunos reclusos. Los funcionarios consultados por Una Ventana a la Libertad han reiterado que es necesario que se regularicen los cupos de traslados a centros penitenciarios, pues explican que no tienen capacidad para custodiar, cuidar y alimentar presos. Tampoco cuentan con la logística para que algunos detenidos, que no tienen cédulas ni pasaportes, puedan renovar o sacar por primera vez sus documentos de identidad.

Quizá uno de los casos más graves en calabozos policiales de la Gran Caracas es el de un preso de nacionalidad colombiana que desde hace dos años está detenido en los calabozos de la Policía del Municipio Los Salias del estado Miranda, por el delito de robo. El privado de libertad tiene cáncer de mama en la tetilla izquierda y no ha podido ser trasladado a una cárcel porque no tiene ni cédula, ni pasaporte. Mientras, sus días transcurren en una celda que mide 3 x 4 metros en compañía de otros 8 presos.

El descontento de los funcionarios a cargo de sedes policiales ha quedado registrado incluso en documentos como, por ejemplo, el comunicado que un agente del Cicpc le envió el 6 de enero de 2016 a la autoridad única de traslados del Ministerio de Servicio Penitenciario, Adolfo Carrillo, a propósito de la fuga de 14 presos que estaban en las sedes de Homicidios y de la Subdelegación El Llanito.

 II.               Lara: El hacinamiento en centros de detención preventiva alcanza 330%

La sobrepoblación de detenidos en comisarías, la politización y la discrecionalidad de los traslados son los principales problemas en los centros de detención preventiva en la entidad. Familiares de reclusos en custodia del Estado denuncian el deterioro de las condiciones de los calabozos, abuso y extorsión por parte de funcionarios.

La capacidad de los centros de detención preventiva en el estado Lara, en el centro-occidente de Venezuela, está sobrepasada el 330%, según denunció el 12 de septiembre Edilberto León Calvo, Director General de Seguridad y Orden Público de la gobernación de Lara. La sobrepoblación en algunos centros de coordinación policial —comisarías, antes de la reforma policial— alcanzó casi 760% en mayo de 2016 (ver anexo 1) y las autoridades no han dado hasta ahora con una propuesta que permita mejorar las precarias condiciones de los calabozos, bajo la responsabilidad del Cuerpo de Policía de Lara.

Portavoces de este cuerpo de seguridad denuncian también la politización y discrecionalidad en los traslados, como parte de una problemática que reduce la capacidad del Estado para garantizar los derechos de los detenidos. Funcionarios admiten en reserva, que el Ministerio de Servicio Penitenciario permite traslados ocasionales desde otros cuerpos de seguridad, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana, organismos que dependen del gobierno nacional.

No pocas veces el hacinamiento ha sido el detonante de episodios de violencia en los calabozos. El pasado 11 de septiembre fueron decapitados Edickson José Chirinos Chirinos, de 25 años de edad, detenido desde el 20 de enero de 2015 por robo agravado; y Miguel Ángel Gutiérrez Catari, de 20 años de edad, detenido desde el 29 mayo de 2016 por el delito de droga. Ambos fueron hallados muertos en una celda de la Comandancia General de la Policía de Lara, en la calle 30 de la capital de estado, Barquisimeto. Las muertes provocaron un duro pronunciamiento de las autoridades regionales, en el que pidieron también el respaldo de la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

Familiares de ambos fallecidos indicaron luego a reporteros locales que los asesinatos fueron provocados en venganza por el robo de alimentos. Tania Catarí, tía de uno de los reclusos asesinados declaró al diario La Prensa de Lara que su sobrino le rogaba que le llevara comida porque adentro no les daban alimentos. “Tengo mucha hambre”, dijo Catarí que le repetía su sobrino, Miguel Ángel Gutiérrez. Esta versión habría sido verificada por internos que declararon a ese medio, vía telefónica, que los dos fallecidos fueron encontrados robando y consumiendo los alimentos de otros reclusos.

"Es alarmante que sucedan estos hechos. Venimos haciendo un llamado de atención puesto que, estas situaciones se han presentado producto del hacinamiento en los calabozos de la Policía de Lara. Se están violando los derechos de los privados de libertad, las normativas nacionales e internacionales y el artículo 172 de la Constitución. No estamos capacitados para retener a los ciudadanos por tanto tiempo", indicó León, quien también reconoció que la custodia de los detenidos ha obligado a disminuir el número de funcionarios en labores de patrullaje.

Los familiares de detenidos también denuncian las precarias condiciones en las que sus allegados permanecen en las celdas de la Policía de Lara. Un grupo de mujeres y hombres apostados frente a la sede principal de este organismo aseguraron que la cantidad de detenidos en cada celda los obliga a dormir por turnos. Además, advirtieron que los funcionarios extorsionan y cobran a las familias dinero por permitirles el ingreso de colchonetas y enseres. Ninguno de ellos accedió a dar sus nombres para evitar represalias contra sus familiares.

“Desvían la comida. Nunca les entregan todo lo que uno les da. Si quieres pasar una colchoneta te piden ocho mil bolívares, por una caja de cigarros te cobran mil”, confiesa la madre de un joven en una celda de esta comandancia.

Antonia, de 73 años, tiene un hijo y un nieto presos. Ambos fueron capturados por la Policía de Lara en el barrio Las Clavellinas, al oeste de Barquisimeto. Dice que a ambos los han llevado de un centro a otro, hasta lanzarlos en la comandancia general. Asegura que pagó Bs. 50 mil a un funcionario para que gestione el traslado de nuevo a la comisaría de Las Clavellinas, pero aún no se ha hecho. “Prefiero que los tengan en la comisaría del barrio, que es más limpia. Aquí (comandancia general) hay muchas infecciones, escabiosis (sarna) y amibiasis. Tampoco les dan agua potable. Todo tiene que llevarlo uno”, dice resignada.

El padre de un detenido también se queja: “Están como sardinas en lata. El problema es que esto no fue construido para lo que lo están usando. Allí dentro hay cuatro pabellones con detenidos comunes, la capacidad es casi para 600 presos, pero actualmente hay más de tres mil. Además, allí deberían estar detenidos solo durante ocho días, pero hay gente que tiene dos y tres años metidos en una celda”.

 III.           Falcón: Casi un mil detenidos conviven hacinados a la espera de sentencia

El estado Falcón, ubicado en la zona nor-occidental del país, acarrea igual problemática carcelaria que entidades con mayor inseguridad y densidad poblacional, a pesar de que quienes lo han gobernado en los últimos 16 años, lo han señalado como el más seguro de Venezuela.

Producto del delito, mensualmente, al menos 280 personas son recluidas en los centros de detención preventiva, en su tránsito a la Comunidad Penitenciaria de Coro o la libertad, según aseguró el Comisionado Agregado de Polifalcón, Alfredo José Piña.

En unos 24 calabozos, en la actualidad, permanecen casi un mil detenidos quienes conviven hacinados y padeciendo enfermedades como la escabiosis e hipertensión, entre otras, producidas por el desaseo y el estrés.

Los de Polifalcón son los más grandes Centros de Detención Preventiva de la entidad. Uno está ubicado en la Comandancia General situada en Coro, otro en Punto Fijo y un tercero en Tucacas.

El de la capital es el que alberga más detenidos pues está dotado de seis celdas donde actualmente conviven 350 personas. En Punto Fijo hay 241 y en Tucacas hay 58. En total hay 649 privados de libertad a la espera de una audiencia judicial que les permita la libertad ya sea condicionada o plena, o el traslado a un penal.

El resto de los calabozos, está en las sedes del CICPC ubicadas en Coro, Punto Fijo y Tucacas, con dos celdas cada uno; en el Destacamento de Seguridad Urbana GNB (Desur) de Coro, una celda; en las sedes de Policarirubana (Punto Fijo) y Polimiranda (Coro), con dos celdas cada uno; así como un retén perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en Tocuyo de la Costa, municipio Monseñor Iturriza.

Hasta la semana pasada en el Cicpc de Coro había 14 personas, en Policarirubana permanecen 65 detenidos, mientras que en la sede del Desur de la GNB hay 4, según datos aportados extraoficialmente por una fuente del ministerio público.

Respecto a los sucesos acaecidos este año en los mencionados centros, el registro hemerográfico efectuado en 2016 da cuenta de un muerto por desnutrición, seis lesionados durante un motín por el control del lugar, diez fugas y dos intentos de evasión abortadas.

Extraoficialmente se conoció que solo cuatro de los evadidos han sido recapturados.

Comunidad “modelo”

En Falcón está situada la Comunidad Penitenciaria de Coro (CPC) donde conviven al menos 2 mil penados, lo cual representa un elevado número de reclusos en condiciones de hacinamiento, puesto que fue construida para 818 reos.

La CPC fue inaugurada el 12 de julio de 2008 por el presidente Hugo Chávez como parte de un plan piloto que incluiría la construcción de 14 cárceles más en todo el país, a razón de tres por año. Jesse Chacón lo informó en 2006 siendo ministro de Interior y Justicia, al anunciar el plan de humanización del sistema penitenciario venezolano.

Este penal coexistió con el antiguo Internado Judicial de Falcón hasta 2012 cuando este último fue clausurado por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

Fiesta nacional

El 24 de septiembre es el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los cautivos. Hasta hace pocos años esta era una celebración que incluía toda una programación cultural y religiosa en favor de los reclusos en todas las cárceles del país.

No obstante, este año, en Polifalcón el programa solo incluirá la celebración de la eucaristía y la realización esta semana de una jornada social que implicó asesoría jurídica, la limpieza de las celdas, vacunación, consulta médica integral y entrega de medicamentos. Según precisó la fiscal 71, María de Lourdes Urbina, el operativo forma parte de los requisitos exigidos por el Ministerio de los Asuntos Penitenciarios para el traslado a un penal.

Víctor Ávila, Director de Salud Ambiental, informó que se les brindó asesoría para la adecuada disposición de desechos sólidos así como aseo para evitar lesiones de piel.

Para intentar minimizar los efectos de la sobrepoblación en pocos metros cuadrados, semestralmente se organizan estas jornadas médico-asistenciales por parte de la fiscal nacional 71 con competencia Penitenciaria y Derechos Humanos, la Dirección de Salud Ambiental y/o la Defensoría del Pueblo.

SEPTIEMBRE 2016

FECHA

TIPO DE SUCESO

LUGAR

NOMBRE

DELITO

26/01/16

Motín dejó seis lesionados

Polifalcón Coro

9/02

Evadido

Cicpc Pto Fijo

Ángel Adrián Lugo Guanipa (17)

07/06/16

Evadido

POLIFALCON PTO FIJO

El mentol

06/16

Intento de fuga de seis reos

Polifalcón Pto Fijo

14/06

Intento de fuga de 26 reos

Polifalcón Chichiriviche

03/09/16

Evadido

Recapturado 20/9

Polimiranda

Elis David Chirino Colina

Robo y hurto

06/09/16

Muerte por desnutrición severa

Polifalcón Coro

Ignacio Valles

droga

08/09/16

Fuga de ocho reos

Polifalcón Pto Fijo

Gabriel José Ruiz Marín (23)

Luis Miguel Méndez Gomez (19)

Slater Alexander Dávila Ellemberger (22)

Carlos Eduardo Miranda Barreno (21)

Robinsón Gregorio Torres Bracho (19)

Jean Carlos Flores Flores (23)

Ángel Jesús Alejos Guillen (22)

Luis Eduardo Velázquez Pernalete (21)

Droga

Robo

robo de vehículo

droga y homicidio

robo agravado

homicidio

droga

robo de vehículo

CENTROS DE RECLUSION PREVENTIVA EN FALCON

ORGANISMO

CIUDAD

NRO DE CELDAS

NRO DE REOS

al 21-9-16

POLIFALCÓN

Coro

6

350

POLIFALCON

Pto Fijo

4

241

POLIFALCÓN

Tucacas

2

58

CICPC

Coro

1

14

CICPC

Pto Fijo

1 celda en subdelegación

1 en Div Homicidios

CICPC

Tucacas

1

Destacamento de Seguridad Urbana GNB DESUR Falcón

Coro

1

4

DESUR PUNTO FIJO

Pto Fijo

2

POLIMIRANDA

Coro

2

POLICARIRUBANA

Pto Fijo

2

65

PNB

Tocuyo de la Costa

1

 IV.           Zulia: Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite y comandos policiales convertidos en “mini cárceles”

Desde que la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela cerró la Cárcel Nacional de Sabaneta, el 20 de septiembre de 2013, luego que dos pranes (presos que ejerce en liderazgo dentro del recinto carcelario) se enfrentaron y resultaran muertas 16 personas, el centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite pasó a ser el principal centro de reclusión en el estado Zulia, ubicado en el nor-occidente del país.

Tres años después del cierre la ministra Varela inauguró, el 29 de julio de 2016, un Museo Penitenciario para mostrar los lujos y armamentos con la que los “líderes negativos” convivían en ella.

La estructura de El Marite puede albergar a 700 procesados, pero en noviembre de 2015, cuando comenzaron a aparecer brotes de enfermedades venéreas en el recinto, tenía una población de 1.711 detenidos, lo que representó un 144% de sobrepoblación.

En El Marite se repitieron irregularidades similares a las que ocurrían en la Cárcel de Sabaneta. Los policías permitían que los visitantes ingresaran armamentos y los reclusos con mayor liderazgo dominaron los pabellones. Nuevamente surgieron los sicariatos, extorsiones y hasta entregas de carros robados dentro este centro de detenciones preventivas.

Un enfrentamiento con armas de fuego, ocurrido el 27 de marzo de 2016, entre miembros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) y privados de libertad, obligó al gobernador Francisco Arias Cárdenas a pedir al ministerio de Asuntos Penitenciarios, que tomara el control del lugar. El 06 de abril comenzó el desalojo de El Marite por orden de Iris Varela.

Tras culminar los traslados la ministra Varela mostró el descontrol y desorden que ese centro tenía. Dijo a la prensa que trasladaron 2.294 presos a otros penales, pero en otras alocuciones detalló que eran 2.172 personas, incluyendo a las que se les otorgó la libertad. Pero posteriormente señaló que había salido del centro de arrestos preventivos un total de 2.198 detenidos, lo que evidencia que El Marite tenía 1.498 presos más de su capacidad máxima.

El desalojo de este centro de reclusión duraría solo 30 días, “estimamos que en un mes estaremos trayendo de vuelta a personas que deban estar aquí para que enfrenten su proceso judicial”, sentenció Iris Varela. 171 días más tarde los privados de libertad están distribuidos en las cárceles de Lara, Carabobo, Aragua, Trujillo, Táchira, Portuguesa y Barinas. Descartó trasladarlos hasta el centro de reclusión que se construye en el municipio San Francisco, que para la fecha debería tener dos años operando, pero está desolado y devastado.

El ministerio de Asuntos Penitenciarios no se ha manifestado en relación a esa situación, pero se conoció que no han regresado a los privados de libertad porque la Gobernación del estado Zulia, “no han terminado de acondicionar las instalaciones que están ahora con el nuevo régimen penitenciario” explicó un informante allegado al proceso. Esta situación ha generado más retardo en el proceso penal, hacinamiento en otras cárceles y dificultad de los parientes para poder viajar y visitar a sus dolientes.

Al centro de arrestos El Marite le cambiaron el nombre a Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado Rosales; tras las revisiones de la estructura consiguieron armas cortas, largas, balas, granadas y tres vehículos robados.

El informante destacó que el ministerio se ha abocado a cerrar cárceles y centros de reclusión sin antes construir, reestructurar o ampliar los ya existentes. Como ha sido el caso de la Cárcel de Santa Ana, el Internado Judicial los Teques, la Cárcel de Cumaná, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta, la Cárcel de Coro y la Cárcel de Sabaneta por incidentes de violencia.

El nuevo centro de reclusión en Zulia se lo robaron

El 5 de diciembre de 2012 la ministra Iris Varela prometió la construcción de un nuevo Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (Crppjez), en el sector El Rodeo del municipio San Francisco, que debía estar listo en 2014. “Iniciar estos trabajos implica el comienzo del cambio de la historia del penitenciarismo en Zulia”, dijo.

La construcción estuvo enmarcada en la política de emergencia anunciada por el gobierno del presidente Hugo Chávez en octubre de 2012, justificado por el hacinamiento en las penitenciarías del país. El terreno cuenta con 92 hectáreas, de las que 15 las destinaron a los 16 módulos que forman el proyecto, que estarían distribuidos de la siguiente manera: reclusión de mínima, mediana y máxima seguridad, un anexo femenino, cocina y lavandería, servicios médicos, servicios de apoyo integral, locutorios, control de acceso, custodia interna, comunicaciones, administración, economato y custodia externa. El centro de reclusión permitiría hospedar a 600 privados de libertad.

Los documentos de la Constructora Cresmo C.A. encargada de la construcción del centro de reclusión, indican que a esta empresa se le adjudicó la construcción el 21 de diciembre de 2012. El Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciaras (Fonep) desembolsó, en dos pagos, Bs. 209.104.434,64, para que ésta concluyera la obra para el 31 de diciembre de 2014, según documentos abandonados que dejó la constructora en el lugar de la obra, que fue saqueado, de acuerdo a lo denunciado recientemente por tres organizaciones no gubernamentales.

El acta de inicio del centro de reclusión fija como fecha de arranque de la obra el 2 de enero de 2013. Pero a mediados de 2015, con dos años de retraso, la construcción quedó en el olvido. Los forasteros de la localidad desvalijaron el edificio que se encontraban abandonado y sin vigilancia, despojándolo de bloques de concreto, cabillas, tuberías, cemento y metal. Con mandarrias rompieron las paredes y techos de la mayoría de los módulos para evitar que esté siguiera su cauce, pues la comunidad se opone a su construcción, por el nivel de peligrosidad que significa para ellos.

“Mini cárceles”

Las sedes de los centros de coordinación policial del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes), del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se han convertido en centros receptores de privados de libertad, ante la falta de penitenciarias en el estado.

Las celdas de algunos comandos tienen capacidad para 10 detenidos y actualmente están albergando hasta 40 presos. Ante el hacinamiento los privados de libertad tienen que turnarse para dormir en el suelo. El Cpbez tiene la mayoría de los privados de libertad: 370, de los cuales 6 son adolescentes, 27 policías y 337 delincuentes comunes.

El Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago, diseñado para acoger 150 personas, en noviembre de 2015 tenía 411 reclusos y 10 meses más tarde, en septiembre de 2016, alcanzó los 1.196 detenidos (797% de sobrepoblación), mientras que el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas del municipio Colón, al Sur del Lago de Maracaibo acoge a 311 reclusos, pero tiene capacidad para 100.

Con la crisis carcelaria que atraviesa el estado, el día de la Virgen de las Mercedes, “Patrona de los reclusos”, no habrá actividades especiales.

Cuerpo de seguridad

Detenidos

CPBEZ

Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP)

66

Comando Maracaibo Oeste

150

(Entre ellos 5 oficiales de CPBEZ y uno de la Policía municipal de San Francisco (Polisur)

Comando Maracaibo Central

18

Comandos Este, Norte y Sur

136 (están esparcidos en estos comandos, en los que los policías se negaron a brindar detalles)

GNB

Entre los comandos de la avenida El Milagro, en la cabecera del Puente sobre el Lago y Desur Zulia, al oeste de la ciudad, en el sector El Muro. Del Destacamento 111

96 (En promedio 32 por celda)

GAES

Única sede en el sector Ciudad Lossada

21

CICPC

Delegación estadal Zulia

160 (Sin ventilación ni luz solar)

División de Homicidios

48

División de Vehículos

6 (Área improvisada)

 V.              Monagas: En las cárceles preventivas de Maturín se reduce la comida a los presos

El hacinamiento es otro problema que reina en tres centros de reclusión de la capital del estado Monagas

El derecho a la alimentación es universal y cada nación debe garantizarlo. La misma realidad que se vive en los hogares venezolanos, donde ahora comer dos veces al día es una bendición, se proyecta en tres cárceles preventivas de Maturín, estado Monagas, en el oriente del país.

Se trata de una realidad que esconden las autoridades, pero que denuncian los familiares. En los calabozos de la Policía del estado Monagas, ubicada en la avenida Bella Vista (oeste), madres, padres y hermanos, se quejan porque solo se les permite entregar la comida una vez al día: durante el mediodía, cuando aprovechan de pasar la cena.

“Allí adentro no les importa si los presos comen. Muchas veces le he traído la comida a mi hermano y me he encontrado al día siguiente con que no comió porque tuvo que darle el vianda al policía o al pran (preso que ejerce en liderazgo dentro del recinto carcelario)”, denuncia la hermana de un muchacho de 23 años de edad recluido en Polimonagas desde hace tres meses y quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.

Las familias aseguran que ya hay reclusos que han bajado de peso, porque no se están alimentando igual que antes. Las porciones de comida son pocas porque el poder adquisitivo no les permite incluir grandes raciones. Ahora, se come ocumo chino o yuca con sardina; si el dinero alcanza, comen pollo o carne.

Adentro, comenta otro familiar, se las han ingeniado para subsistir. Hay celdas que tienen una cocina y allí, los privados de libertad se preparan los pocos alimentos que les son llevados.

En la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la situación es crítica, pues los internos se alimentan una vez al día y, además, se les priva del derecho de ir al baño, pues según se conoció, a los privados de libertad solo se les permite usar las salas sanitarias una vez al día.

La situación del retén de menores Francisco Bermúdez, ubicada en los espacios de Polimonagas, fue dibujada por José Rondón, quien tiene un hermano allí. El joven fue detenido por “cuidar una cartera”.

Meses atrás los adolescentes no estaban recibiendo los alimentos, porque los funcionarios de seguridad no permitían el ingreso. “Uno venía para acá y los funcionarios no entregaban la comida. Esto es algo que viola los derechos de los privados de libertad”, expone.

La Unidad Socioeducativa Jesús María Rengel, otro retén de menores que está ubicado en la avenida Bicentenario de Maturín, también tiene problemas con el abastecimiento de alimentos. El Estado les suministra una vez al mes los productos, que van de media a una paca de arroz o pasta y 18 pollos, por ejemplo, para los internos cuyo número varía dependiendo de los trasladados que se hagan desde el Francisco Bermúdez.

El director del Jesús María Rengel, Benito Vásquez, explicó que para garantizar el derecho a la alimentación optó por pedirles a los representantes que les llevaran comida a los 18 jóvenes detenidos. “El pase de comida se hace de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, porque aquí la comida falla. A veces solo les puedo garantizar el almuerzo o la cena, dependiendo de lo que quede en la despensa”, expone.

El hecho de que no haya qué comer en el Jesús María Rengel incide en las fugas. Vásquez expone que los jóvenes se saltan la pared de siete metros para buscar alimentos.

Hacinamiento 

El retardo procesal penal sigue causando el hacinamiento en los centros de reclusión preventiva. El caso más puntual se presenta en la Policía del estado Monagas, donde en la actualidad hay 417 hombres detenidos y 21 mujeres, en un espacio que fue diseñado para albergar a 80 privados de libertad.

Los 417 detenidos, por delitos de hurto o robo, están distribuidos en cuatro celdas y cuatro pequeños calabozos. Las autoridades del recinto han habilitados otros espacios para la reclusión de personas que trasgredan la ley. En promedio, la Policía estadal aprehende a 20 personas diarias. Las 21 mujeres que están detenidas ocupan un solo espacio.

Aunque el director interventor de Polimaturín, Yilbert Paredes, asegura que no hay hacinamiento en esta cárcel, los números dicen lo contrario. Según su propia data, la Policía local tiene 61 personas detenidas y su capacidad es para 40, distribuidas en cuatro calabozos. En promedio, 15 reclusos ocupan una celda que tiene la capacidad para albergar a 10.

El Cicpc no tiene calabozos, por lo que los arrestados permanecen en un pasillo, día y noche, esposados unos con otros sin importar el delito. Para los primeros días de septiembre había 60 hombres apresados.

La mamá de un joven de 24 años detenidos, quien prefirió identificarse solo con el nombre de Marta, por razones de seguridad, señala que las autoridades se hacen de la vista gorda y retrasan los procesos. “Mi hijo tiene ocho meses presos y aún estamos esperando que le asignen un sitio de reclusión”, agrega.

Entre abril y agosto se ha hecho el traslado de 300 privados de libertad hacia el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como cárcel de La Pica; El Dorado y Vista Hermosa, en el estado Bolívar, al sur del país, pero aún así no logran bajar el hacinamiento.

Con tantos reclusos detenidos en espacios tan reducidos a los cuerpos de seguridad se les hace casi imposible mantener la seguridad y custodia. En el mes de julio seis sujetos se fugaron de la Policía municipal y en el caso del retén de menores Jesús María Rengel, van 51 en estos nueve meses de 2016.

El control también queda en entredicho. A principios de 2016 fue encontrada una granada fragmentaria en los calabozos de la Policía del estado Monagas, donde dos detenidos han sido encontrados muertos en las celdas. En el registro de hechos violentos dentro de recintos preventivos se encuentra el homicidio a puñaladas de un profesor del retén de menores Francisco Bermúdez.

VI.           Carabobo: Hacinamiento, retardo procesal, hambre y enfermedades habitan en los centros de detención preventiva de Valencia

Si hay características que se repiten en la mayoría de los centros de detención preventiva de los distintos cuerpos policiales en Valencia, estado Carabobo, centro norte del país, son las condiciones de hacinamiento en las que viven los aprehendidos, el retardo procesal de sus casos, el hambre que padecen y las enfermedades que los afectan.

PoliValencia

En el Comando de la Policía de Valencia, ubicado a un lado de la plaza Bolívar de la ciudad, hay 144 privados de libertad. El pequeño calabozo que existe en el lugar fue construido para albergar a unos 20 o 25 detenidos, pero debido al retardo procesal y al aumento de confinados, han tenido que ocupar baños y hasta el comedor para albergar a tantos. En este último recinto permanecen las mujeres, según confirmó el director de PoliValencia, Carlos Cordero.

Familiares y funcionarios de este cuerpo policial refieren que la principal preocupación que enfrentan es la alimentación de los hombres y mujeres detenidos en ese comando, debido a que la comida se la deben suministrar sus parientes y no siempre esto sucede, aparte que algunos son de otras ciudades y ello complica más la situación.    Las enfermedades que más se han presentado son escabiosis y los problemas respiratorios.

Cordero señaló que la desnutrición es preocupante; sin embargo indicó que representantes de la Iglesia Católica y la congregación evangélica Maranatha, han hecho actividades los fines de semana para ayudar con la alimentación de los recluidos.

El edil José Bucete, presidente de la Comisión de Protección Civil y Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal de Valencia, refirió que hace dos meses y medio acudieron a la Fiscalía del Ministerio Público en Carabobo a solicitar que se atienda el problema del hacinamiento en PoliValencia pero aún no han recibido respuestas.

Bucete señaló que han sido informados que inclusive cuando ha habido casos de detenidos con VIH y con tuberculosis y los han sacado para que pasen días en el interior de una patrulla policial –conocida como la jaula- para evitar el contagio de otros aprehendidos.

 Policarabobo

El comando principal de la Policía de Carabobo, ubicado en la calle Navas Spinola de Valencia, es un centro de detención que alberga a 188 detenidos en un solo calabozo, que dividen en dos espacios. En uno de ellos están los presos por delitos comunes y en el otro los de violencia de género. Allí no hay mujeres aprehendidas, en su mayoría son enviadas al Comando de PoliCarabobo en Puerto Cabello, conocido como La Zulia.

Según informaciones de familiares y fuentes policiales, la escabiosis, la desnutrición, los piojos y algunas afecciones de tipo respiratorias se han presentado en la sede principal de este cuerpo policial.

Como sucede en otros centros, la comida deben suministrarla los parientes de estos detenidos. Desde las 8:00 am comienzan a llegar con bolsas para sus allegados. Como no todos tienen quien les lleve alimentos, entonces algunos comparten con otros internos a cambio de que hagan oficios para ellos, como lavar su ropa interior o cuidarlos mientras duermen, por ejemplo.

María Jiménez, familiar de un detenido en PoliCarabobo, indicó que hace grandes esfuerzos para llevar la comida a diario. “Si nos cuesta conseguir lo que necesitamos de alimentos, imagínese tener que preparar siempre un poco más para que puedan compartir con otros presos”.

La situación en las estaciones policiales

En el área metropolitana de Valencia funcionan estaciones policiales que no fueron diseñadas para mantener a detenidos más que por horas, pues deberían ser trasladados a la sede de Navas Spinola y luego a un internado judicial o recobrar la libertad.

Estas estaciones son: El Trigal, La Isabelica, Socorro Centro, Socorro Sur, Bella Vista, La Florida, Ruiz Pineda, La Candelaria, Los Sauces. Además funcionan en otros municipios los siguientes: Naguanagua, Morón, Guacara, Carlos Arvelo, San Joaquín, Mariara, Bejuma y Puerto Cabello.

De acuerdo con fuentes policiales, en total hay 1.100 detenidos en todos los sitios de reclusión preventiva de PoliCarabobo. Buena parte de ellos esperan su traslado a un Internado Judicial.

Cicpc

En el caso de la sede principal del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Carabobo (Cicpc), localizada en la zona de Plaza de Toros, al sur de Valencia, las cifras de detenidos varían constantemente. En los primeros días de septiembre fueron trasladados más de 100 aprehendidos hacia el Internado Judicial de Carabobo, en Tocuyito, y hacia la Penitenciaria General de Venezuela en el estado Guárico.

En  el Cicpc para el 23 de septiembre había un total de 139 detenidos, distribuidos en 3 calabozos, aunque en los últimos días debieron habilitar uno más. “Aquí no hay capacidad para albergar a tantos. Esto debería ser un sitio de detención preventiva. La realidad es otra, algunos llevan meses y meses aquí”, refirió un funcionario.

En el calabozo “A” hay en promedio 80 presos; en el “B” están las mujeres que para el 23 de septiembre eran unas 20; el “C” es donde permanecen quienes han cometido delitos como violaciones, secuestros, homicidios; y el “D” – una oficina- que fue recientemente habilitada como calabozo, es donde llevan a policías o funcionarios que son detenidos. “Cada calabozo tiene un tamaño diferente, pero debe ser quizás para no más de 20 personas”, agregó la fuente policial.

En la subdelegación Las Acacias, ubicada en Valencia, este viernes 23 de speitmebre amanecieron 42 hombres en el pequeño calabozo y 13 mujeres en otro espacio que habilitaron como celda.

Sebin

En la Base Territorial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicada en el municipio Naguanagua, hay 11 personas. Según datos extraoficiales, 10 de ellos están distribuidos en dos espacios para los aprehendidos y en un pequeño cuarto hay un funcionario del Cicpc que está en el lugar desde 2014.

En espera del nuevo internado judicial

En Carabobo funciona el Internado Judicial que está ubicado en Tocuyito, municipio Libertador, donde también reportan hacinamiento. Sin embargo, desde hace 4 años se construye un nuevo centro que de acuerdo a lo que ha declarado la Ministra de Asuntos Pentenciarios, Iris Varela, debía ser inaugurado en octubre de 2014, pero aún está inconcluso. Se trata del primer Centro de Reclusión para Procesados y Procesadas Judiciales del país, cercano a las actuales instalaciones del Penal de Tocuyito.

Varela informó el 1 de octubre de 2012, cuando asistió al acto de colocación de la piedra fundacional del recinto, que era el primero de 24 que tenían previsto construir en Venezuela. Dijo que este nuevo sitio de reclusión podría albergar a unos 600 privados de libertad. Ofreció que este lugar tendría canchas y salas de usos múltiples que permitirían la humanización de los detenidos.

Con la incorporación de este nuevo recinto carcelario, se podría descongestionar al Internado Judicial de Tocuyito y a los centros de detención preventiva en Carabobo, aseguran conocedores del tema.

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