45.000 presos llenan calabozos de 500 cuerpos policiales

45.000 presos llenan calabozos de 500 cuerpos policiales

Por Olgalinda Pimentel

El Nacional

En la División Nacional de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, una de las principales oficinas de investigación contra el hampa, en el piso 5, aproximadamente 20 detenidos con proceso penal por homicidio están amarrados con gruesos mecatillos a ventanas, escritorios y sillas; no están esposados. La cifra se suma a no menos de 300 presos que están en las sedes de los cuatro Ejes de Homicidio de este cuerpo policial.

En otra de sus oficinas, la División contra la Delincuencia Organizada alberga a 60 personas en un pequeño espacio cerrado; y en la de Capturas, ubicada en El Rosal, hay tal hacinamiento que los presos tienen que turnarse para poder acostarse a dormir. Y es que el calabozo del edificio sede en la avenida Urdaneta, con capacidad para 30 aprehendidos aproximadamente, está pasado con casi el doble de detenidos por la policía judicial. Detectives prefieren guardar silencio sobre el cambio de funciones. Dejaron de investigar para cuidar presos.

La situación se repite en Polimiranda y otros cuerpos regionales. “Tenemos contabilizados aproximadamente 500 centros de detención preventiva de cuerpos policiales hacinados con presos que deberían estar dentro del sistema penitenciario”, asegura Carlos Alberto Nieto, director de la ONG Una Ventana por la Libertad.

De 100.000 presos en todo el país –una cifra alarmante alcanzada el año 2016–, según Nieto, 45.000 se encuentran indebidamente en esos calabozos. “Ellos deberían permanecer allí solamente 48 horas, pero Iris Varela, ministra del Servicio Penitenciario, prohibió el trasladado a las cárceles sin su autorización”.

La permanencia de presos en los calabozos no solo resta el exiguo presupuesto de los organismos policiales, sino también el patrullaje y la investigación. Se calcula que 30% de funcionarios activos custodia esa población penal; es decir, están desincorporados de su labor.

“Esa situación no debería existir porque el COPP prohíbe las detenciones preventivas”, afirma el comisario Miguel Dao, ex director del Cicpc. Lo absurdo es que los jueces, además de incurrir en retardo procesal, esperan el permiso de la ministra o de algún pran para asignar el sitio de reclusión”.

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