Un reo que permanecía en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de la comandancia de Polifalcón, ubicada en Coro, municipio Miranda del estado Falcón, murió a primera hora de la mañana debido a un avanzado estado de desnutrición y deshidratación.
El fallecimiento ocurrió en la emergencia del hospital Alfredo Van Grieken, de la capital falconiana, minutos después de que fuera trasladado en una patrulla de la policía regional. En el centro asistencial fue identificado como Henry Jesús Zambrano Hernández, de 32 años de edad.
Estaba recluido desde el pasado 26 de julio cuando le fue dictada medida privativa de libertad por el delito de robo genérico. Zambrano era obrero y residía en la calle Principal del sector San Pedro, Cumarebo, municipio Zamora, a unos 46 kilómetros al oeste de la capital.
Fue aprehendido el 21 de julio, en flagrancia, con un vehículo propiedad de una dama a la que había sometido durante un atraco.
Es el tercer privado de libertad que muere por desnutrición en un CDP del estado Falcón, en los últimos tres meses.
Los otros dos decesos ocurrieron en septiembre y octubre en los calabozos de Polifalcón de Coro y Punto Fijo, éste último situado en el municipio Carirubana. Fuentes extraoficiales informaron que se trata de personas que no cuentan con familiares que les suministren alimentos. Lo cual corrobora la ausencia de provisión por parte del Estado venezolano.
Zambrano esperaba su pase a la Comunidad Penitenciaria de Coro de acuerdo a la orden dictada por el tribunal Primero de Control. Permanecía en el calabozo con al menos 200 reos más en condiciones de hacinamiento.
Respecto a esta situación que se repite en todos los CDP del país, la ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, afirmó el pasado 7 de noviembre que no iba a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio. En su opinión, es una medida que garantiza los derechos humanos.
“Una persona que está detenida, a menos que haya sido sorprendida en flagrancia, es inocente hasta que se demuestre lo contrario y eso se demuestra con un juicio justo y con una sentencia (…) No puedo recibir a una persona que no esté ni siquiera plenamente identificada. La Fiscalía tiene que identificar plenamente a los detenidos”, aseguró Varela.
En opinión del abogado Carlos Alberto Nieto Palma, especialista en Derechos Humanos, Coordinador General de la ong Una Ventana a la Libertad y profesor Universitario, “las cárceles no son de la Ministra Penitenciaria y no puede manejarlas como si fuera una bodega donde ella da las ordenes y decide quien entra y quién sale”.
“Se trata de seres humanos en pleno ejercicio de sus derechos que ella está en la obligación de garantizar. Hay que tener en cuenta que el caos que se vive en los centros de detención preventiva es su responsabilidad por no haber construido los 24 centros que ofreció hace más de 5 años, para procesados en todo el país, uno en cada estado”, como parte del decreto de emergencia carcelaria emitido el 16 de octubre de 2012 por el fallecido Presidente Hugo Chávez, precisó Nieto Palma.
Nota de Prensa
Una Ventana a la Libertad
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