Miranda: Reclusos detenidos en la PNB de Boleíta documentan en videos cómo castigan a los abusadores sexuales
Angélica Lugo, UVL / Gran Caracas
El motín registrado el 3 de septiembre de este 2019 en el interior de los calabozos de la Policía Nacional de Boleíta puso en evidencia cómo la población penitenciaria que está en ese centro de detención preventiva utiliza libremente teléfonos celulares. Y también reveló cómo detrás de los barrotes castigan a los abusadores sexuales.
Ese día dos presos fueron asesinados y uno de ellos fue decapitado. Los internos grabaron cómo quedó el cadáver sin cabeza y posteriormente entonaron las notas del himno nacional. Pese a que en principio se dijo que ese hombre era un abusador sexual, luego se confirmó que el difunto era conocido por la población reclusa como “bruja”, pues era el encargado de hacerles llegar los alimentos que les llevaban sus familiares. Pero el haber robado las pertenencias a uno de sus compañeros, le costó la vida.
Las primeras versiones que circularon en medios de comunicación, e incluso en chats policiales, referían que el privado de libertad que fue decapitado estaba implicado en el delito de abuso sexual. Una Ventana a la Libertad confirmó que el mal entendido se debe a que días antes de registrarse el motín que se extendió por 48 horas, varios abusadores sexuales habían sido “castigados” por otros presos que, además de golpearlos, los sometieron a interrogatorios. Varios de esos “juicios penitenciarios” fueron grabados con teléfonos celulares.
Se conoció que uno de los abusadores sexuales que ha recibido estos castigos de la población penitenciaria de la PNB de Boleíta es Luis Guillermo Meza, de 36 años de edad, quien el 18 de agosto de este 2019 fue entregado a funcionarios de esa policía por vecinos de Fuerte Tiuna que intentaron lincharlo al percatarse que abusó sexualmente de una niña de 11 años de edad.
Los castigos por parte de los presos a los abusadores sexuales es una práctica común en las cárceles. Sin embargo, esta rutina ya se ha extendido a algunos calabozos policiales, como es el caso de los que están ubicados en Boleíta, también conocidos como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana.
Pese a que los CDP solo deberían albergar a presos por 48 horas mientras son presentados en tribunales, estos espacios se han convertido en cárceles paralelas en las que incluso hay presos que han cumplido tres años a la espera de un traslado a un centro penitenciario.
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