Equipo UVL Miranda
La Fiscalía 24 del Ministerio Público (MP) inició una investigación a tres funcionarios de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, quienes detuvieron a una mujer embarazada y luego perdió a su bebé. El MP indaga si la arrestada, quien tenía 20 semanas de gestación, fue golpeada.
El procedimiento se realizó el 19 de enero, en el sector Cuaraciripa de Charallave, en los Valles del Tuy, estado Miranda.
La información ofrecida a UVL indica que, una vez en los calabozos de Policharallave, la detenida presentó malestar general y dolor abdominal. Tres días después empeoró y fue llevada al hospital local, donde detectaron que estaba en proceso de aborto. De inmediato fue trasladada al hospital Dr. Rafael Osío de Cúa y le hicieron un curetaje.
Posteriormente la pareja fue presentada ante el Tribunal Tercero de Control en el Circuito Judicial Penal, extensión Valles del Tuy, y a los dos les dictaron medida privativa de libertad.
“Garantizamos los Derechos Humanos”
El director de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, comisionado agregado, Julio Sotillo, desmintió que la privada de libertad haya sido maltratada por funcionarios de este organismo.
El jefe policial detalló que a la pareja detenida se le incautaron 70 gramos de presunto crispy, 3 gramos de crack y 6 gramos de cocaína. Este procedimiento fue avalado por la Fiscalía 19 del Ministerio Público.
“Una vez que la detenida estaba en el calabozo notificó que sentía malestar general y dolor abdominal, por lo que fue llevada al hospital Dr. Ramón Figuera donde le diagnosticaron sangrado vaginal. De allí fue referida al centro de salud Dr. Osío de Cúa, donde los doctores determinaron que tuvo un aborto incompleto y le realizaron la aspiración vaginal”, dijo Sotillo.
Según Sotillo, la evaluación y el informe del médico forense del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf) determinó que la detenida no evidenció signos de violencia externa que causaran la pérdida del feto, por lo que se descarta que el aborto se haya generado por una golpiza.
“A la detenida se le practicó también un eco vaginal, el cual estableció que la misma posee un quiste de 20 por 24 centímetros, indicando el médico tratante que por dicho motivo su embarazo era alto riesgo”, informó Sotillo.
Sotillo aseguró que en cada procedimiento los uniformados de Policharallave velan por el cumplimiento de los derechos humanos de la ciudadanía.
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