“A veces mi hijo siente que se asfixia porque el espacio donde está recluido es pequeño y sin ventilación”, contó a UVL Carmen Prieto, madre de un detenido en el Cicpc de Ocumare del Tuy
Rosanna Battistelli l UVL-Miranda
Carmen Prieto tiene tres años, tres meses y siete días con el corazón arrugado. Ese mismo tiempo lo cumplió su hijo tras un calabozo esperando que se celebre su juicio en el Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Valles del Tuy.
“El retardo procesal se ha convertido en un dolor de cabeza para nuestra familia. Hemos insistido para que se lleve a cabo el juicio de mi hijo pero hay un silencio total, y ahora que todo está paralizado por la pandemia, la situación es peor”, comentó Prieto a una Ventana a la Libertad (UVL).
La pandemia también ha impedido que Carmen le lleve todos los días comida a su hijo. A los problemas económicos para conseguir los alimentos, que cada día se cotizan más caros, se suman las dificultades para trasladarse cuando hay cuarentena radical.
Esos inconvenientes de movilización le imposibilitan a Carmen ir todos los días a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, donde se encuentra recluido su hijo. “Si yo no voy, simplemente no se alimenta porque en el centro de reclusión no le suministran comida”, destacó.
El hijo de Carmen fue detenido por comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNBP) en los vagones del ferrocarril, Ezequiel Zamora, en abril de 2017. Ella asegura que le sembraron droga y arma.
Actualmente el detenido presenta problemas en la piel. Convive en un calabozo con otros 50 presos. “A veces mi hijo siente que se asfixia, porque el espacio donde está recluido es pequeño y sin ventilación. También me dice que hace mucho calor”, comentó.
Por la pandemia, la visita solo es permitida entre 10 y 20 minutos, una vez al mes. A veces el hijo de Carmen le manda cartas, aunque no siempre llegan a sus manos. Los policías, en oportunidades, no se las entregan y las echan a la basura.
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