Mérida: Revolución Judicial redujo a 12 las privadas de libertad en anexo femenino de la policía

Seis de las doce privadas de libertad en condición de penadas, esperan conseguir los kit necesarios para ser trasladadas al CEPRA | Fotos: Cortesía

Seis de las reclusas corresponden a mujeres procesadas por diferentes delitos, y las otras seis están en condición de penadas y esperan conseguir los kit correspondientes para ser trasladadas al Centro Penitenciario de la Región Andina

Elvis Rivas

Luego del abordaje de los centros de detención preventiva, CDP, por parte de la comisión de la “Revolución del Sistema Judicial” designada por la Asamblea Nacional para la evaluación de los casos de más de 30 mujeres recluidas en el anexo femenino de la policía del estado Mérida, conocido como “La Alcaldeisa”, la población de esta dependencia redujo a 12 privadas de libertad que aún permanecen en las instalaciones ubicadas en el sector Vuelta de Lola de la ciudad de Mérida.

Los resultados de las acciones de los integrantes de la comisión conformada por miembros del sistema de justicia y organismos de seguridad del estado, determinaron que en este centro de reclusion temporal exclusivo para mujeres, quedarán solo 12 privadas de libertad, de las cuales seis son procesadas por diferentes delitos y otras seis en condición de penadas.

Se conoció que las seis que ya recibieron condena esperan conseguir los kit requeridos por el Ministerio de Prisiones para ser trasladadas al Centro Penitenciario de la Región Andina, ubicado en las adyacencias de la población de San Juan de Lagunillas, municipio Sucre de esta entidad andina.

Con estas acciones se resuelve en parte el problema de hacinamiento en el retén femenino de Polimérida, el cual no cuenta con las condiciones necesarias para la estadía de personas privadas de libertad por largos períodos de tiempo.
En la policía estadal,  antes de que se instalará la comisión para la “Revolución del Sistema Judicial”, el  número de privados de libertad superaba los 411. A la fecha, luego de las medidas cautelares otorgadas, liberaciones y traslados a otros centros penitenciarios, la población redujo a 179 personas, distribuidas en ocho coordinaciones policiales.

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