Observatorio de DD.HH. de la ULA solicitó la destitución de los fiscales por mal ejercicio de sus funciones y por violar los estándares nacionales e internacionales referidos a su debida actuación
Elvis Rivas
El viernes 1 de abril, la jueza provisoria Yoyreli Mata Granados dictaminó libertad plena para el preso politico, Steven García, debido a que determinó que no existen pruebas que lo responsabilicen de la muerte de la docente de origen chileno, Gisela Rubilar, asesinada durante las protestas que se produjeron en la capital andina durante el mes de marzo del año 2014.
Este delito fue atribuido al joven Steven García, quien fue privado de libertad en enero del año 2016, después de que Diosdado Cabello hiciera el señalamiento publicamente en su programa «Con el mazo dando».
Luego de seis años, dos meses y cinco días, el joven fue declarado inocente, y espera que se realicen los trámites correspondientes en el Centro Penitenciario de la Región Andina para ser liberado.
Preso injustamente
Según representantes del Observatorio de DD.HH. de la Universidad de Los Andes, equipo que asumió la defensa de Steven Ricardo García Sanz, «luego de dos diferimientos injustificados y una excesiva dilación del debido proceso», el primero de abril de 2022 fue realizada la audiencia de conclusiones, durante la cual la jueza Yoyreli Mata Grato, determinó que no existen pruebas que comprueben la culpabilidad del joven.
Según refiere el ODH-ULA en su publicación, «la jueza Yoyreli Mata Granados manifestó en su sentencia absolutoria que el juez de control cometió un error en la audiencia preliminar de este caso, al no ejercer control sobre los elementos que avalaban la acusación de la Fiscalía, ya que la misma carecía de pruebas para ser llevaba a un juicio».
Sin embargo, Steven García paso más de seis años y dos meses preso en el Centro Penitenciario de la Región Andina, donde aun permanece luego de la sentencia absolutoria.
Piden sanciones contra fiscales
Según refiere la defensa conformada por abogados del Observatorio de DD.HH. de la ULA, los fiscales del Ministerio Público Dayana González y Franklin Rangel insistieron en solicitar la condena de García, aún cuando durante todo el juicio no fue presentada ninguna evidencia ni testigo que lo inculpara. Explicaron que tras el dictamen absolutorio de la jueza, el fiscal advenedizo Franklin Rangel intentó ejercer un efecto suspensivo sobre la sentencia, recurso jurídico que fue eliminado en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) del 17 de septiembre de 2021.
Delitos imputados
Luego de su detención, a Steven García le fueron imputados tres delitos: homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles, asociación para delinquir y obstrucción a vías públicas, para lo cual, la fiscalía presentó como única prueba un acta elaborada por un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con la declaración de un testigo anónimo que acusaba a García de ser el asesino de Gisella Rubilar.
Piden libertad para otros dos presos políticos
El ODH-ULA también solicitó la liberación de otros dos jóvenes acusados de delitos similares durante las protestas de 2014. Se trata de Marller González y Walter Mayorca, quienes se encuentran recluidos en la sede de la comandancia general de policía desde el año 2016.
De la misma forma que Steven García, denuncian haber sido incriminados y privados de libertad sin pruebas que demuestren la responsabilidad en los delitos que se imputan, razón por la cual, aseguran, deben ser liberados.
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