Equipo UVL Táchira
Distancia, falta de medios de transporte y de combustible, cortes de energía eléctrica, entre otros, son algunos de los aspectos que afectan que la preciada boleta de excarcelación no llegue de forma expedita a los centros de detención preventiva.
Al respecto, la abogada Raque Sánchez, agrega que en los últimos años, el retardo en aquellos casos en que se expide una boleta de excarcelación y el imputado aún permanece detenido, no se debe a los factores mencionados con anterioridad, sino que la causa principal de estos retardos se debe a la situación que presenta el sistema penitenciario, en relación con la injerencia del poder ejecutivo dentro del funcionamiento del sistema judicial.
“En este caso estaríamos hablando de la injerencia ilegal de la ministra o ministro del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de manera arbitraria y contraria a la Ley en funciones que solo atañen al sistema judicial”, explicó.
Sánchez contó del caso de dos mujeres de nacionalidad colombiana, procesadas por narcotráfico, que habían cumplido su condena y cuyas boletas de excarcelación fueron retardadas con la excusa de que el sistema penitenciario debía hacer una evaluación exhaustiva del caso. Estas señoras pasaron dos meses recluidas, aunque ya habían cumplido el tiempo de su condena. La abogada dijo que se logró la liberación debido a protestas realizadas ante la Defensoría del Pueblo y otros entes, por violación a los derechos fundamentales de las mencionadas afectadas.
Aunado a ello, existen otras circunstancias como el chantaje o la extorsión que se realiza a los familiares de los imputados con la excusa de que existe potestad del Sistema Penitenciario para actuar, acto totalmente al margen de la ley.
“La respuesta que obtiene un abogado cuando acude a las autoridades del centro de reclusión, para indagar el por qué no se ha materializado una orden de excarcelación emitida por un tribunal, consiste en señalar que, la orden en primer lugar va a Caracas y allí debe ser autorizada, es decir, que hasta tanto no se dé el visto bueno por parte del Sistema Penitenciario, no se dará el ejecútese a la orden de excarcelación”, añade la abogada.
Manifestó que a pesar de que la ley establece que solo un tribunal, a través de un juez competente, tiene la potestad para conocer los elementos jurídicos requeridos para otorgar o no la libertad a un imputado, dijo que desde hace tiempo se está violentado este principio de no injerencia en el sistema judicial.
“Desde hace tres o cuatro años, se ha hecho evidente que durante la gestión de la ministra Iris Varela, se crearon poderes plenipotenciarios que no corresponden al orden jurídico de la nación ya que no se encuentran establecidos ni en la norma suprema que es la Constitución, ni en la Ley del Sistema Penitenciario). La libertad de los procesados es función exclusiva de los tribunales de la República, no debería intervenir ningún otro órgano del poder público”, sostuvo Raquel Sánchez.
Por su parte, el abogado, docente universitario y ex director de la Policía del Táchira, Jesús Berro, dijo que las demoras que hubiere para que las personas salgan en libertad pese a tener la boleta de excarcelación se debe “mecanismos discrecionales”. Esto quiere decir que los entes administrativos, específicamente, el MPPSP – Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario- gozarían de facultades para decidir en relación con un asunto concreto, en este caso, sobre la libertad de los detenidos.
El doctor alega que desconoce las razones esgrimidas para establecer los mecanismos de acción de esos procedimientos administrativos, ya que carecen de fundamento y asidero jurídico que los sustente. De igual manera, considera que deben someterse todos los órganos del poder público, incluyendo el sistema judicial y el sistema penitenciario, “ya que en los casos en que no se conceda la libertad después de emitida la orden respectiva por el juez competente, se estaría hablando de privación ilegítima de libertad. Se podría interpretar de esa manera, ya que se estaría actuando en contra de la Constitución y del principio de legalidad”, acotó.
Los recorridos del alguacil
Una persona que pidió no ser identificada narró que el alguacil, quien se encarga de entregar las boletas de excarcelación en los centros de detención preventivos o en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) , es una figura dentro del sistema judicial y que en Táchira lo hace una sola persona.
“Los familiares están pendientes cuando les dan la libertad a sus familiares, entonces, buscan al alguacil y le ofrecen dinero para que vaya primero a equis lugar”, explicó la fuente quien agregó que esas boletas salen antes de las cuatro de la tarde, pero si el alguacil se va primero al CPO, que está ubicado en otros municipios, eso influirá en que llegue el mismo día a Politáchira o el Cicpc. La gente no debe prestarse para eso porque con la ilusión de que sus familiares salgan el mismo día entonces pretenden sobornar a los funcionarios”, puntualizó.
Dejar una contestacion