Un colombiano que cumplió tres años detenido en la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc, ubicada en El Hatillo estado Miranda, ha documentado en videos y fotografías las torturas que ha recibido en esa sede de la policía científica
Equipo de Investigación UVL
Ever Hernández es, quizá, el interno que ha sido más torturado en la División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc que está ubicada en El Hatillo, estado Miranda. No lo dice solo él, ni tampoco su madre que hizo públicas algunas irregularidades antes de irse del país. También lo confirman sus compañeros de reclusión, los familiares de los presos e, incluso, las madres y esposas de algunos internos que han sido trasladados a centros penitenciarios.
Pese a que ese centro de detención preventiva ha sido noticia este 2019 en dos ocasiones por torturas a funcionarios de Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el mes de abril y de los maltratos públicos que uniformados de la policía científica hicieron a una reclusa en mayo del año en curso, las torturas a Ever Hernández son de vieja data.
El 23 de agosto de 2016 Ever Hernández cumplió tres años privado de libertad por el delito de secuestro. Las torturas que ha recibido en prisión tienen un antecedente: el día en el que fue apresado en su vivienda y con la presencia de su hija que, para ese entonces, tenía cinco años de edad. Ese día fue “bautizado” con las torturas sistemáticas que, a lo largo de estos tres años ha recibido.
“Cuando los policías llegaron a mi casa me amenazaban con abusar de mi hija. Decían que le iban a meter el dedito. Me golpearon y me colocaron una bolsa para ahogarme y no dejar huellas de los maltratos que me hacían. Esa es una estrategia de ellos, al igual que utilizar papel periódico para amarrar las manos y tampoco dejar evidencias”, relata Ever Hernández.
El recluso no tiene miedo en declarar con su nombre y apellido, pues asegura que no tiene nada que perder. Ya está preso y sus familiares no están en el país. Su madre, también de nacionalidad colombiana, se fue a su país con sus hijos para recibir tratamiento adecuado para la tiroides.
“Estos policías tampoco respetaron a mi madre. Ellos me pusieron corriente en los genitales y le dijeron a mi madre que viera cómo bailo reguetón”,, recuerda Hernández.
De acuerdo con la versión de este recluso, que ha mantenido comunicación con Una Ventana a la Libertad a través de cartas en las que responde algunas interrogantes y de relatos de algunos familiares de otros reclusos, él está preso porque los pesquisas del Cicpc rastrearon unas llamadas y detectaron que había tenido comunicaciones con una banda de secuestradores: “Yo estoy preso por esas llamadas y por las malas compañías”, precisa.
Ever Hernández es de nacionalidad colombiana, lo que a su juicio, no le ha favorecido: “Yo estoy aquí por la orden de uno de los jefes de esta División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc. Los policías me tienen en una lista negra, así no haga nada. Como soy uno de los que ha denunciado los maltratos que ellos nos hacen y les he demostrado que no tengo miedo, se afincan conmigo. Pero sobre todo, creo que por ser un extranjero, los policías no tienen ningún tipo de contemplación con mi persona. Siempre me preguntan, con saña, por qué no delinquí en mi país y por qué vine a hacerlo en Venezuela”.
Las denuncias que ha realizado Ever Hernández están documentadas en videos y fotografías que ha hecho en el calabozo que es su lugar de reclusión. Pero además su madre, Danubis Ester Arrieta, ha denunciado las torturas que ha recibido su hijo.
“Estoy fuera del país. Fui desplazada y amenazada por los funcionarios que me mostraron todas las injusticias que hicieron. A mi hijo me lo torturaron delante de mí. Me le pusieron corriente en sus partes genitales. Ellos tienen una posición que le llaman el pulpo y, cada vez que le iban a pegar corriente, me decían que viera cómo mi hijo baila reguetón (…) Les dije que los iba a denunciar en el consulado colombiano y me dijeron que si los denunciaba, iban a matar a mi hijo y la misma suerte iba a correr yo. Esas amenazas me las hizo un funcionario que se llama Walter, que es uno que le dicen el Chingo. Si algo le ocurre a mi hijo, es responsabilidad del segundo al mando de esa división”, relató Arrieta.
La mujer ha solicitado por múltiples vías que dejen que su hijo pueda defenderse: “Que sea un juez o un fiscal que le arreglen su situación y que determine si es culpable o inocente. Mi hijo tiene tres años en esa delegación. Hoy no estoy en Venezuela para atender mi salud y para que mis nietos puedan estudiar y tener una mejor vida. Le ruego a las autoridades que trasladen a mi hijo a una cárcel, porque si supuestamente el causa de él ya está en la cárcel 26 de Julio, ubicada en San Juan de Los Morros, ¿por qué él no está allí? Él ya tiene tres años presos y le han dicho que no le van a reconocer esos años. Los primeros siete días estuve presa con él y fui maltratada física y verbalmente”
Denunciar irregularidades se paga con torturas
Ever Hernández asegura que tiene lesiones en sus piernas y trasero. Luego que en mayo se hizo viral un video en el que se observaba cómo una reclusa fue colgada en un patio de esa policía por funcionarios destacados en esa división, el interno de nacionalidad colombiana fue herido con perdigones en sus piernas.
“Cada vez que denunciamos algo o hacen requisas, es delicado. Soy el que menos peleo con ellos y me quieren poner como mala conducta. Cuando quieren saber información de nuestras rutinas internas, me amenazan con una punta de un fusil y me dicen que, si no hablo, me la van a meter por el trasero (…) Uno pierde la noción de todo en este calabozo policial. El día a día es rudo y el no tener a un familiar que venga a visitarlo a uno es muy fuerte. Afortunadamente, mis compañeros me comparten sus alimentos para comer”.
Pese a que en mayo de este 2019 el director del Cicpc, Comisario Douglas Rico, anunció que fue intervenida esa División Antiextorsión y Secuestro del Cicpc por mala praxis policial, los familiares de la población reclusa aún denuncian maltratos, torturas y hechos irregulares. “No tiene sentido que intervenga esa policía el propio Cicpc. En todo caso, la intervención la tiene que hacer Fiscalía y otro organismo”, manifestó la esposa de un preso.
En la actualidad en la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc, ubicada en El Hatillo estado Miranda, hay 47 hombres, 22 policías y 12 mujeres detenidas, de acuerdo con cifras extraoficiales a las que UVL tuvo acceso.
El clamor porque se concrete el traslado de Ever Hernández a un centro penitenciario ha pasado a ser un deseo colectivo de los familiares de todos los reclusos que en la actualidad están en ese centro de detención preventiva. Sin embargo, las esposas y madres que sí lograron que sus parientes fueran trasladados a cárceles, aún unen esfuerzos para lograr que el recluso de nacionalidad colombiana tenga mejores condiciones de reclusión y que no sea más torturado.
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