Madre de preso político en Mérida denuncia violación de DD.HH. y exige su liberación 

La madre del joven asegura que fue herido en un pie hace aproximadamente dos años, lesión de la cual no se ha recuperado | Foto: Cortesía

Celina Rondón, madre de Marller González  recluido en el CDP de la comandancia de policía de Mérida, señaló que su hijo fue herido en un pie hace aproximadamente dos años y aún no se recupera de la lesión

Elvis Rivas

Familiares de presos políticos en el estado Mérida denunciaron que las condiciones de reclusion en los centros de detención preventiva, (CDP), violan sus derechos humanos dado que estos recintos no cuentan con las condiciones necesarias para la estadía de personas por largos períodos de tiempo.

Uno de los caso en esta entidad andina es el de  Marller González, quien acusado de homicidio durante las protestas del año 2014 se encuentra privado de libertad desde el año 2016 en la sede de la comandancia general de la policía del estado Mérida.

Según la madre del joven, Ana Celina Rondón, su hijo no ha recibido la atención necesaria para su enjuiciamiento. Aseveró que luego de seis años detenido, hasta la semana pasada se le hizo una audiencia formal, durante la cual fue asistido por abogados del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. “Que se haga justicia porque es injusto que haya pasado tantos años detenido.

A mí hijo hasta hoy fue que lo asistieron el Dr. Ivan Toro y estos defensores públicos y fue que se le hizo una audiencia preliminar, porque a mí hijo ni siquiera había sido asistido en una audiencia preliminar”, señaló.

Herido durante su reclusion

La progenitora de González denunció que su hijo Marller fue herido dentro del retén policíal hace aproximadamente dos años. “Mi hijo sufrió un accidente ahí donde lo tienen detenido, fue cortado de un pie. De mis hijos, él era el sostén de mi casa, tengo una niña especial y se me hace cuesta arriba venir todos los días a traer comida, los medicamentos; ese pie fue terrible para él porque lo operaron, pero la operación se perdió porque estaba infectado”.

De la misma forma que el resto de los privados de libertad en los reclusorios temporales del país, los insumos y materiales  para la atención médica cuando cualquiera de ellos enferma o son víctimas de la violencia carcelaria, corre por cuenta de los familiares. “Le pido, primeramente a Dios y a todo lo que tiene que ver con la justicia en este país, que se haga justicia, que vean la situación de nosotros como padres, la situación que vivimos tan difícil económicamente, que se nos hace difícil para traerles comida, donde ellos están no reciben alimentos, no reciben nada, y todo tiene que ser costeado por nosotros”.Aseveró que la situación económica de la mayoría de los familiares, no solo de los presos políticos, sino del resto de la población recluida en los CDP, no les permite costear gastos, más allá de la alimentación y necesidades básicas. 

Recuperación difícil

La madre del jóven preso, de quien se asegura no es culpable del delito que se le imputa, relató que la recuperación de su hijo, luego de la herida en una de sus extremidades inferiores, ha sido complicada. “Sí, a él lo cortaron dentro de los calabozos donde ellos están, le cortaron un tendón del pie y estuvo tiempo sin recibir atención médica y cuando logramos sacarlo, hubo un cirujano de traumatología que lo operó, pero en vista de la infección tan grande que tenía ahí, el tendón no ha podido ser suturado y está ahí en esas condiciones, y ya de eso hace dos años”.

Por tal razón, exige a las autoridades la reconsideración del caso, que se haga un juicio justo y se otorgue la libertad plena, no solo de su hijo Marller González, sino la de otros dos jóvenes que se encuentran en las mismas condiciones.

Presos desde hace seis años

El abogado del Observatorio de DD.HH. de la ULA, Iván Toro, ente que lleva defensa de Steven García, Walter Mayorca y Marller  González, señaló que los jóvenes han sido privados de libertad por años sin que existan pruebas suficientes. “Están detenidos arbitrariamente desde 2016 y han sido señalados por homicidios ocurridos en las protestas de 2014, previa investigación de los cuerpos de seguridad donde con un acta y un testigo anónimo señalan que estos jóvenes fueron quienes cometieron estos homicidios”.

Explicó que durante el juicio se han presentado los testigos, quienes refieren que estás personas no fueron quienes cometieron los homicidios ni los conocen. De igual manera señaló que han sido presentados los expertos técnicos quienes no los relacionan con estos homicidios. 

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