UVL Vargas
La Guaira. Moisés, (nombre utilizado por nuestra fuente, para resguardar su identidad), estuvo dos años en un Centro de Detención Preventiva (CDP), que funciona en el Retén de Caraballeda, al este del estado Vargas, bajo la custodia del Cuerpo de Investigaciones, Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Moisés estuvo dos años detenido a consecuencia del retardo procesal al que fue sometido su caso, a consecuencia de la actuación incorrecta de funcionarios, que cobran vacuna para cumplir con su deber.
Moisés había sido beneficiado con una medida cautelar de libertad, mientras su juicio seguía su curso. Pero esta medida nunca fue ejecutada. Las razones las expone el propio Moisés. “Mi familia es de escasos recursos y no podía pagar lo que le solicitaban para hacer los traslados desde Caraballeda a los tribunales en Macuto, al Circuito Judicial que está en Macuto”.
Pero no solo los funcionarios policiales y custodios actuaron incorrectamente en el caso de Moisés. El hombre, quien actualmente tiene 27 años, asegura que en el tribunal que llevaba su caso le fueron solicitados dos mil dólares para llegar a “un acuerdo”.
“Nunca accionaban nada. No la movían. Si no pagaba estaba seco. Finalmente conseguí salir cuando mi caso lo revisaron en un operativo de la Comisión de la Revolución Judicial. Yo pude haberme equivocado, pero el tema es que el sistema no funciona. No se imparte justicia. Se nos cobra por libertad”, expone Moisés.
De la historia de Moisés dan fe su madre, el defensor público que llevaba su caso y hasta especialistas, a los que llegó en los operativos de la Comisión de la Revolución Judicial, y quienes hoy lo asesoran para levantar un expediente y acusar ante la Inspectoría General de Tribunales, los abusos de los que fue objeto.
“El mayor reto que para el año 2023 tenemos los actores vinculados con los Centros de Detención Preventiva, tiene que ver con la erradicación de estos grupos de poder que han convertido el impartir justicia en un negocio y el adecentamiento de todo el sistema. No es fácil, es muy complejo, pero creo que debemos alzar la voz y denunciar, para que se entienda que la descomposición es lo que está afectando y aumentando los lapsos de permanencia de lo privados de libertad en los centros de detención preventiva”, asegura un abogado litigante, que solicitó la reserva de su identidad para este reportaje.
De acuerdo a este abogado, casos como el de Moisés se replica en los Centros de Detención Preventiva de Vargas “más de lo que deberían”.
Adecentar como meta
“Si me preguntas cual es la meta para el 2023, yo diría que disminuir el hacinamiento existente, garantizar el debido proceso y el cumplimiento de los lapsos establecidos en la ley. Hacer lo posible por adecentar todo el sistema. Hay una perversión muy grande que debe ser corregida. Hay que garantizar justicia para los privados de libertad y que se pueda detener este caos en el que se han convertido el sistema penal que nos involucra a todos”, explica una integrante del equipo de la Fiscalía de Derechos Fundamentales en el despacho regional del Ministerio Público, que pidió la reserva de su identidad.
“En la Guaira hay muchas deficiencias, funcionarios honestos con sueldos que no alcanzan ni para movilizarse a un tribunal, funcionarios deshonestos que quieren aprovecharse de la situación de los privados de libertad y de sus familiares, cuerpos policiales cuya función no está relacionada con la de tener centros de detención y retenes sin estructura o capacidad operativa para dar una respuesta operativa y de atención. Con este panorama es evidente que se requiere de un plan contundente, que esperamos tenga como principio este nuevo año”, señala la misma fuente.
Sobre este tema, Una Ventana a la Libertad, conversó con fuentes cercanas a la Inspectoría de Tribunales, quienes explicaron que las denuncias que llegan a ese despacho, cada vez son mayores, por lo que se proponen un plan de acción para garantizar tribunales más expeditos y transparentes.
Tribunales y un sistema donde no existan más casos como el de Moisés
DATOS
- De acuerdo al último monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad en el estado Vargas, en siete Centros de Detención Preventiva se encuentran privados de libertad un total de 388 hombres y 23 mujeres.
- Estos centros solo tienen capacidad para garantizar la reclusión de solamente 210 privados de libertad.
- Para especialistas consultados, la falta de un recinto carcelario en el estado y el deterioro del sistema judicial inciden en el hacinamiento que se reporta en los CDP
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