Las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son el escenario de tratos crueles, torturas y corrupción. Para estar recluido allí, no hace falta tener una orden de captura, y te pueden dejar allí aún si los tribunales dicen que debes estar en la calle
@javiermayorca
La organización Una Ventana para la Libertad presentó la semana pasada un informe con el resultado de una investigación sobre la situación de derechos humanos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sedes del Helicoide y Plaza Venezuela (La Tumba).
Fue el producto de un trabajo en equipo que se prolongó durante casi tres meses, y en el cual tuve la oportunidad de participar por invitación del director de la organización, Carlos Nieto Palma.
Una de las primeras conclusiones es que los retenes de Plaza Venezuela, y sobre todo el de Helicoide fueron construidos en medio de la más absoluta improvisación, y se manejan con un peligroso sentido de discrecionalidad. Si a usted lo detiene la policía política, la decisión de ser recluido en la estructura de Roca Tarpeya o en el edificio de Plaza Venezuela (que iba a ser una sede del Metro) corresponderá exclusivamente al actual director de ese cuerpo, mayor general (Ejército) Gustavo González López.
Pero no todos los que están en estas celdas fueron detenidos como consecuencia de órdenes emitidas por algún juzgado de control. Tampoco fueron detectados in fraganti cuando cometían algún delito. Por las celdas del Sebin han pasado extranjeros y venezolanos sin que eso conste en algún oficio judicial. A veces, simplemente, por haber dicho o divulgado a través de las redes sociales algo que molestó a algún jerarca oficialista.
De igual forma, en las celdas de la policía política pueden estar personas cuyas libertades han sido decretadas por los tribunales, y los funcionarios de la institución simplemente se niegan a acatarlas. Durante la investigación se constató que al menos 16 personas estaban en esta situación. Cuando este informe fue presentado, comenzaba en las celdas de Helicoide una huelga de hambre por parte de 14 agentes de la Policía de Chacao, recluidos allí a pesar de que los tribunales han ordenado liberarlos desde finales de 2016.
El informe recoge testimonios sobre torturas físicas en el Sebin Helicoide. Se pudieron identificar hasta seis patrones. El modo más frecuente es la llamada “crucifixión” con esposas en una reja u objeto fijo, que puede ser combinada con golpes. También la tortura blanca que implica permanecer en “aislamiento celular” en una celda de 6 metros cuadrados en Plaza Venezuela, sin luz solar y con un foco de luz artificial permanentemente encendido. Donde la única pista que tienen los presos sobre el transcurrir de las horas es el ronroneo de los trenes del Metro que pasan cerca de allí, y que cesa a las 11 pm.
En el Sebin Helicoide hay 321 metros cuadrados de espacio disponible para los detenidos, y según el informe a principios de junio estaban 340 internos. La matemática es simple: menos de un metro cuadrado por preso. El hacinamiento supera el 300%. Han estado mayores de edad mezclados con menores; criminales violentos junto a detenidos por razones de conciencia; procesados y condenados en la misma instalación. Pero además hay un tratamiento diferenciado de forma sistemática, que privilegia a algunos reclusos debido a la prominencia de sus casos o gracias a su capacidad económica.
Por ende, es un sistema de corrupción. En el Sebin no se consigue nada, pero se puede comprar de todo. Por supuesto, si tienes los medios para pagar. Incluso, desde tres horas hasta una noche de placer en un baño conocido como el conyugal.
En los calabozos del Sebin, los prames tienen chapa.
Breves
*El 14 de junio, una comisión de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó sin orden una oficina de La Urbina y se llevó detenido a Antonio Pimentel Rondón. El hombre de 31 años de edad era señalado por un supuesto delito informático, que no era otra cosa que haber tuiteado cosas que preocuparon a un poderoso diputado oficialista. Pimentel permaneció durante una semana en el Helicoide. Los agentes incluso se llevaron su vehículo del edificio donde se llevó a cabo el procedimiento. El jueves 22 de junio, fue liberado en la avenida Baralt sin que lo hubiesen presentado en tribunales o notificado a algún fiscal del Ministerio Público. No sabía Pimentel que lo estaban “pichando”. Un par de minutos después, una comisión del Conas (GN) lo detuvo en la propia vía. Al revisar su vehículo descubrieron escudos, cascos y bombas lacrimógenas que no le pertenecían. Lo llevaron a la sede de la unidad militar en Prados del Este y luego lo presentaron ante un juzgado militar, acusado de rebelión, porte ilícito de armas y equipos de uso privativo de la FANB. Actualmente, permanece detenido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde.
*En menos de un mes, las autoridades estadounidenses, españolas y de otros países europeos en operación combinada han confiscado más de 3,6 toneladas de cocaína que iban en dos embarcaciones de bandera venezolana. En ambos casos, las naves zarparon desde muelles del estado Falcón y supuestamente fueron en navegación de cabotaje por las costas del país hasta llegar al Atlántico y tomar rumbo noreste. La primera embarcación fue interceptada en aguas de Martinica, y la última a unas 800 millas de Gran Canaria. Según la Guardia Civil española, ambos decomisos están ligados a una misma organización que tiene ramificaciones en el estado Anzoátegui. En la investigación sobre este caso en Venezuela participó el almirante Remigio Barrios Ichazo, actual jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, quien antes de salir del comando de zona militar en Falcón notificó al titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, que la última de las embarcaciones cargadas con droga, llamada Alí Primera, fue inspeccionada en muelle por comisiones de la Guardia Nacional y de la Armada, las cuales supuestamente no encontraron nada irregular. De allí deducen que el alijo de 1,2 toneladas de alcaloide fue embarcado siguiendo el procedimiento de la “nodriza”, es decir, en pequeñas porciones llevadas desde tierra firme por botes de menor calado.
*Las últimas designaciones del presidente Maduro para reestructurar el Alto Mando Militar y todos los comandos de regiones de la Fuerza Armada permiten sacar varias conclusiones. En primer lugar, es cierto que el general en jefe Vladimir Padrino perdió poder, pues ya no aglutina el liderazgo en lo administrativo y en lo operativo de la institución castrense. Pero sigue siendo el oficial de más alto grado y el más antiguo. Por lo tanto, es de esperarse que continuará siendo el vocero político de la FAN. El almirante Remigio Ceballos, nuevo jefe del Ceofanb, pertenece a la promoción de la Escuela Naval egresada en 1985, donde ocupó el séptimo puesto. En este sentido, se puede decir que fue mejor estudiante que Padrino, quien llegó en el 18. Pero, tal y como veremos más adelante, aquí no se discute sobre parámetros de excelencia sino de lealtad. En los cambios anunciados, los comandantes de cada componente adquieren nuevo relieve, pues son oficiales más antiguos que los jefes recién designados de las regiones militares. Otra vez, sus mayores virtudes parecen ser la filiación política y no la excelencia. El mayor general Suárez Chourio, por ejemplo, ocupó el puesto 30 de su promoción de la Academia Militar. El almirante Eglis Herrera el 69. El mayor general Sergio Rivero, si se quiere, fue el más destacado al ocupar el sexto lugar cuando se licenció. Otro elemento a tomar en cuenta es que los oficiales que ocuparán las regiones operativas egresaron de sus respectivas escuelas militares en 1987. Son, por lo tanto, contemporáneos con el capitán Diosdado Cabello. Entre los del Ejército, el mayor general Carlos Martínez Stapulionis (jefe de la región andina) fue el estudiante más destacado, y llegó en el lugar 49. El de la Redi Capital, mayor general Alexis Rodríguez, ocupó el puesto 87; el de la Redi Guayana Jesús Mantilla Olivero el 113, y el de la Redi Occidental Elías Moreno el 173. Con estos datos uno se puede figurar el efecto que tiene la política en una institución que debería guiarse por la excelencia.
*El 28 de junio, unidades de la Fuerza Armada en todo el país fueron instruidas para adoptar medidas “para contrarrestar contundentemente posibles intervenciones de vectores aéreos hostiles”. Tarde se dieron cuenta de esta posibilidad, luego de los ataques desde un helicóptero contra el Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia, protagonizados por el inspector de la policía judicial Oscar Pérez. Desde sectores de oposición se intentó descalificar o sembrar dudas en torno a lo sucedido, sugiriendo que se trataba de una maniobra para distraer a la colectividad con respecto a otro suceso muy grave, como fue la invasión de espacios del Parlamento por colectivos y efectivos de la Guardia Nacional encabezados por el coronel Bladimir Lugo (ya mencionado en esta columna en abril). La acción del inspector Pérez debe ser interpretada como un mensaje sobre lo que ocurrirá si el Ejecutivo insiste en la iniciativa constituyente, como parece que hará. Hay que pensar solamente en lo que dejaron de hacer funcionarios de la base aérea, Cicpc, Guardia Nacional, Aviación y Sebin para que el comando pudiera sobrevolar el centro de Caracas casi con total impunidad y luego llegar hasta Osma. Incluso, una vez abandonada la aeronave, el funcionario contó con tiempo suficiente para ocultarse. Los partes indican que la notificación sobre el paradero del Cicpc 2 fue transmitida por Protección Civil Vargas a la Guardia Nacional el jueves al final de la tarde, y fue solo el viernes a las 3:30 pm cuando se confirmó la recuperación. Por ende, Pérez tuvo por lo menos veinte horas para salir del lugar y ocultarse. Hasta este momento, las comisiones del Sebin y de la Guardia Nacional enviadas para localizarlo no han tenido éxito. Esta actitud omisiva y complaciente hace recordar la que tuvo la Fuerza Armada en 1993, cuando el teniente del Ejército Raúl Alvarez Bracamonte salió de Fuerte Tiuna manejando una pick up cargada de armamento. Alvarez gozaba de toda una estructura de apoyo, tanto civil como militar, para lograr su cometido y ocultarse durante semanas, hasta que lo detuvieron en un apartamento cercano a Puerto Azul.
*El Gobierno comenzó a aplicar en sus informes internos el sistema de medición de la criminalidad por tasas, en combinación con el método de puntos que diseñó hace tres años. Pero el sistema de tasas es el que permite hacer comparaciones valederas no sólo entre las regiones del país sino también entre países. La tasa es una proporción de casos por conglomerado de población, que generalmente es de 100.000 habitantes. Uno de los últimos reportes coloca las cosas en su verdadero lugar. Las jurisdicciones con las tasas más altas de criminalidad general este año son Distrito Capital (490 delitos por cada 100.000 habitantes), Vargas (480) y Miranda (408). Cuando se coloca la lupa sobre las cifras de homicidios, las tasas más elevadas son las de Amazonas (50), Aragua (45), Miranda (44), Bolívar (37) y Distrito Capital (30). Estos números no toman en cuenta las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales o militares, que fueron los que realmente dispararon las cifras de violencia en Venezuela durante la segunda mitad de 2016 y todo 2016. Por cierto, al revisar detenidamente los criterios de formación de la estadística nos damos cuenta además que para el Gobierno el Distrito Capital equivale al municipio Libertador. Con esta maniobra, la criminalidad de Petare es colocada en el capítulo del estado Miranda, y no como en la urbe capitalina, como se hizo durante mucho tiempo.
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