Por Plabeysa Ostos
Correo del Caroní
Foto: Cortesía
El abogado y criminólogo Fermín Mármol García considera necesario abrir un proceso administrativo sancionatorio al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, conjuntamente con un expediente penal con el Ministerio Público. Asimismo afirma que es lamentable que a través del Código Orgánico Penitenciario se le hayan quitado competencias a los jueces de ejecución penal. “Yo creo que en el futuro vamos a tener que revisar esas circunstancias”.
En enero del 2016 el pran del Centro Penitenciario de San Antonio, en la isla de Margarita, fue herido de varios tiros cuando salía en la madrugada de Yards, un local nocturno del estado Nueva Esparta.
Teófilo Cazorla Rodríguez, alias el Conejo, estaba en su Toyota Corolla beige, junto a cuatro personas más cuando fueron tiroteados. Cazorla fue el único que falleció minutos después en una clínica privada.
El hombre llegó a ser más reconocido cuando a través de las redes sociales se difundió una fotografía donde aparecía junto a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, sentados en una cama.
El viernes pasado ocurrió un caso similar en la isla. Esta vez las víctimas fueron Wilmer José Brizuela Vera, su hijo de 11 años y dos mujeres. El incidente ocurrió en playa Parguito, estado Nueva Esparta.
Dos sujetos a bordo de una moto los interceptaron y el parrillero les disparó varias veces. A diferencia del caso de el Conejo, el que llegó a ser pran del Internado Judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar y conocido como Wilmito, no murió.
Estuvo recluido en una clínica privada junto a las tres personas que lo acompañaban. Todos ya fueron dados de alta. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Subdelegación Nueva Esparta, presumen que se trató de un sicariato.
Recibió beneficio
Muchos pensaban -incluso, en los organismos de seguridad- que Brizuela estaba pagando su condena en alguna cárcel de Venezuela, pero tras el tiroteo se conoció que este estaba libre desde el 18 de diciembre, luego de recibir el beneficio de régimen de confianza tutelado.
El documento firmado por la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, reza que este sería llevado al Centro de Régimen Especial Simón Bolívar, ubicado en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, Distrito Capital, bajo la custodia permanente de funcionarios de seguridad y de este ministerio.
¿Dónde quedó esa custodia? ¿En qué consistía? ¿Por qué Wilmito fue herido en el estado Nueva Esparta, y según fuentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), este está residenciado en Valencia, estado Carabobo?
La figura del régimen de confianza tutelado no existía en el Código Orgánico Procesal Penal vigente, es decir, no era parte de los recursos con los que podía contar un privado de libertad.
Este entró en vigencia el 28 de diciembre del 2015, y casi un año después de su aparición Brizuela se vio beneficiado. Este quedó estipulado en el Título VIII del Código Orgánico Penitenciario aprobado en Gaceta Oficial N° 6.207, y en su artículo 161 explica que el régimen “consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras sea otorgado por el juez o la jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.
Régimen discrecional
El abogado y criminólogo Fermín Mármol García afirmó a Correo del Caroní que fue lamentable que a través del Código Orgánico Penitenciario se le hayan quitado competencias a los jueces de ejecución penal. “Yo creo que en el futuro vamos a tener que revisar esas circunstancias y otra vez retrotraer las medidas referidas a que debe ser competencia de los jueces profesionales. No del Poder Ejecutivo esas medidas, esas gracias que se adoptan a personas que han sido condenadas. Hoy en día es competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) y es algo que se está haciendo muy discrecional”, explicó.
– ¿Cómo se ve estos beneficios en el país?
– Considero que realmente es muy importante la percepción ciudadana. El ciudadano siente que en Venezuela hay intocables; el ciudadano siente que en Venezuela no es costoso ser delincuente, que es una profesión de poco riesgo y muy lucrativa.
Esa ecuación hay que romperla. Quien comete delitos graves, y más aun cuando son delitos graves de delincuencia organizada, debemos colocar condenas y cumplimiento de condenas emplazantes, execrando beneficios a personas que estaban privadas de libertad.
El venezolano tiene una percepción de que la impunidad es muy alta, y que después si eres de los pocos casos que se ventilan y te condenan, al poco tiempo vas a sortear una libertad. Eso no puede ser la ecuación que reine en Venezuela: por un lado la impunidad y por el otro las condenas que no se van a terminar cumpliendo por un abanico de beneficios procesales de todo tipo.
Por la jueza
El apodo de Wilmito tuvo mayor relevancia cuando fue señalado por la muerte de la profesora de la Universidad de Oriente (UDO), María Gabriela Casado Acero, de 37 años. La mujer venía de dejar a sus sobrinos en el colegio, en un Toyota Yaris, negro, de su hermana quien era Mariela Casado, juez superior y presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar.
Casado se estaba estacionando en su vivienda ubicada al final del paseo Gaspari, cuando fue interceptada y tiroteada por delincuentes que iban en una camioneta Cherokee blanca. Las versiones policiales apuntan a que se trató de una confusión, y que el ataque iba dirigido a Mariela.
Por el caso fue señalado Brizuela, quien presuntamente había pagado a los malhechores para cometer el crimen.
“Tenemos realmente memoria corta, muchas veces, de la carrera delictiva de un personaje como Wilmer Brizuela, primero dedicado a delitos violentos, delitos graves, y delitos de delincuencia organizada, y es el principal sospechoso de una orden de sicariato contra una jueza rectora penal del estado Bolívar, eso no es poca cosa”, agregó Mármol.
– ¿Quién debe investigar lo sucedido?
– No entendemos a que se refiere el Código Penitenciario y cómo lo estén interpretando en el ministerio, que parte de este régimen de confianza que trae como consecuencia la permanente custodia por parte de los funcionarios de seguridad, ¿qué tipo de custodia tenía el día de los hechos? ¿Qué seguridad le prestaban? ¿Cuál es el sometimiento territorial para las personas que tiene ese beneficio? No entendemos esta trilogía de municipio Libertador, estado Carabobo y Nueva Esparta, no entendemos esa elasticidad y me temo que solo recibiremos silencio.
Los funcionarios públicos responden civil, penal y administrativamente, es decir, instituciones como el Ministerio Público son las facultadas para abrir una investigación no solo por los hechos ocurridos en Nueva Esparta, que hay que investigar, sino a su vez, la presencia de él allá, y si está ajustada a la ley.
Necesario un examen
Mármol reiteró que una de las necesidades primordiales para otorgar este tipo de beneficios es realizando un estudio psicotécnico, psicoemocional del privado de libertad o condenado, es decir, tiene que haber un informe pericial por parte de profesionales del área de la psicología que determinen que este ha cumplido con su reinserción social y que eso se soporte en el expediente.
“Que determine que se arrepintió de los hechos que se le acusaron-condenaron y que está apto para la reinserción social. Segundo, que cumplió la pena mínima para ser acreedor de este tipo de beneficios; y tres, el compromiso del condenado de cumplir a cabalidad con las normativas que le ha establecido el ministerio”, agregó.
Según reseñó el diario El Universal en 2012, un equipo de psicólogos evaluó a Brizuela y el análisis arrojó que este no tiene ninguna autocrítica, baja tolerancia a la frustración, alto coeficiente intelectual, no reconoce el daño causado a la sociedad ni que haya hecho nada malo y asume que sus principios e ideales son prioritarios.
Esa misma investigación asegura que Wilmito no valora la vida humana de sus semejantes ni la convivencia ciudadana; no escatima esfuerzos, ni le preocupa las consecuencias de sus acciones con tal de obtener sus objetivos. Se conoció que entre las recomendaciones figura la de darle asistencia psiquiátrica por presentar patologías clínicas, que no se especifican en el texto.
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