María Corina Muskus*
Venezuela afronta una grave crisis penitenciaria. La situación dentro de los centros penitenciarios del país comprende graves y constantes violaciones a los derechos humanos, dentro de estas situaciones concurre la sobrepoblación, el hacinamiento, el alto índice de detención preventiva, los retrasos procesales, la falta de alimento, desnutrición, la ausencia de agua potable, las enfermedades como el VIH, las muertes violentas, la violencia sexual, entre otras numerosas situaciones graves que acontece dentro de las prisiones. Sin embargo, se olvida a ese pequeño grupo de la población penitencia: las mujeres.
Las mujeres comprenden un porcentaje del 2 al 9 por ciento de la población penitenciaria a nivel mundial. En consecuencia, las prisiones no han sido diseñadas para atender las necesidades de las mujeres sino la de los hombres en prisión. Las mujeres privadas de libertad se encuentran invisibilizadas y sus necesidades y particularidades son ignoradas. Para poder entender estas necesidades y particularidades es importante reconocer las diferencias basadas en el género. Aunque en Venezuela falta por estudiar el perfil de la mujer que va a prisión, es importante entender estas características particulares del promedio mundial de las mujeres que entran al sistema de justicia criminal. En la población penitenciaria mundial, el perfil de la mujer que va a prisión comprende a mujeres, que en su mayoría madres, generalmente con bajos niveles educativos, de bajos recursos, con antecedentes de trauma y violencia, por su pareja o sus familiares, dependientes de substancias psicotrópicas y drogas y además con una alta incidencia de sufrir problemas de salud mental. Por ende, cuando se piensa en las mujeres en prisión además de reconocer que componen un porcentaje mínimo de la población penitenciaria mundial no se puede olvidar sus particularidades que hacen necesaria la implementación de un trato diferenciado con perspectiva de género.
El caso particular de las mujeres en los centros penitenciarios en Venezuela es preocupante. Primero, por la falta de información oficial sobre los números, las condiciones y el perfil de las mujeres privadas de libertad. Segundo, por la falta de una infraestructura especializada en género ya que Venezuela cuenta con una sola cárcel de mujeres en todo el país, el Instituto Nacional de Orientación Femenina, INOF. Hay otras mujeres que se encuentran recluidas en los anexos de prisiones diseñadas para hombres o los calabozos policiales. Todo esto significa que al ser un porcentaje minoritario de la población penitenciaria las mujeres son invisibilizadas y sus necesidades ignoradas. En el INOF hay sobrepoblación, alto número de mujeres en prisión preventiva, las mujeres no tienen acceso a necesidades básicas como el shampoo, jabón, papel toallet, toallas sanitarias; tampoco tienen servicio de agua potable, no se les proporcionan alimentos, no tienen acceso a servicio médico y se han reportado violencia sexual que ocurre dentro del penal. Todas estas condiciones además lo viven los niños dentro del INOF, las cuales acompañan a sus madres.
Por las razones explicadas anteriormente Venezuela debe primero, reportar los números de mujeres en detención, exponer sus condiciones y realizar estudios del perfil y sus antecedentes. También debe otorgar un trato diferenciado con perspectiva de género y tomar medidas alternativas a la prisión para el caso de mujeres que se encuentren condenadas o estén siendo juzgadas por crímenes no violentos en consideración de las particularidades y necesidades de las mujeres. Todo ello para, en primer lugar detener las continuas violaciones a los derechos humanos que sufren los privados de libertad. Segundo, para evitar el impacto negativo que tiene para los niños la encarcelación de sus padres, recordemos que las mujeres privadas de libertad son en su mayoría madres y las cabezas de su familia. Además estudios han demostrado que los hijos de padres que se encuentran en prisión tienen un alto riesgo de sufrir de encarcelamiento en el futuro. No beneficia al Estado venezolano que esos niños se conviertan en la próxima generación de personas privadas de libertad. Por último, para evitar el impacto negativo que tiene la prisión para las mujeres, las cuales se encuentran en un alto riesgo de sufrir tortura y malos tratos durante su detención.
*Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajó como profesora de la clínica jurídica de derechos humanos de esta universidad. Tiene una Maestría de American University Washington College of Law donde se especializó en género y derechos humanos. Actualmente trabaja en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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