Las enfermedades y la desnutrición van de la mano en los calabozos policiales de Valles del Tuy

Familiares de los privados de libertad coinciden en las dificultades que enfrentan para llevarles comida, así como en las pocas posibilidades de parientes de tener acceso a la salud

Rosanna Battistelli

La muerte de dos presos por quebrantos de salud en un mismo día deja al descubierto la falta de asistencia preventiva en los calabozos y cárceles ubicados en los Valles del Tuy, estado Miranda. Son hechos que, además, validan el temor que manifiestan los familiares de los presos por el estado de vulnerabilidad que tienen sus parientes detrás de los barrotes.

En el Centro Penitenciario Yare II, situado en el municipio Simón Bolívar, falleció Pedro Ramón García Seijas, de 63 años de edad, quien se encontraba a la orden del Tribunal 2do de Juicio del Área Metropolitana de Caracas (AMC), por el delito de abuso sexual^[1]. La minuta levantada por este caso indica que murió por quebrantos de salud y estado de inanición (debilidad física provocada por la falta de alimento), el 16 de enero de 2022.

Horas más tarde, murió Carlos Alberto Vásquez Morales, de 59 años, quien se encontraba recluido en los calabozos del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy, con sede en el municipio Independencia. Vásquez fue llevado con malestar de salud al hospital de Santa Teresa y allí falleció. Las autoridades informaron que tenía tuberculosis^[2].

La tuberculosis es una enfermedad latente en la población penitenciaria, así como la hipertensión, la diabetes, las complicaciones respiratorias, la escabiosis y los dolores osteomusculares, debido a las malas condiciones en que duermen los privados de libertad.

En los monitoreos realizados por Una Ventana a la Libertad (UVL), en 13 Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy, se han recibido denuncias de familiares que refieren la falta de asistencia médica. La situación afecta a los 359 presos recluidos en parte de los calabozos policiales de esta subregión mirandina, conformada por seis municipios y ubicada a una hora de Caracas.

Saraminda Martínez tiene 71 años y, aunque presenta problemas de salud, ya que padece Parkinson, acude casi todos los días a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Santa Teresa del Tuy a llevarle comida a su hijo.

A su edad la movilidad no es tan fácil. La situación económica, la falta de transporte y lo retirado que queda esta dependencia del casco central de Santa Teresa complican su traslado, pero ella asegura que, por su hijo, quien lleva un año preso, “vale la pena cualquier sacrificio”.

“Él presenta problemas de salud, le dan mareos, al extremo que siente que parte de su cuerpo se le duerme. Tiene quebranto y necesita que lo examine un médico, porque siente que le falta el oxígeno”, aseguró a UVL el 18 de enero.

Rosa Ramos también tiene un hijo detenido. El joven, de 25 años de edad, está preso en la sede del Eje de Homicidios del Cicpc de Santa Teresa del Tuy, desde hace un año. Según su madre presenta dolores continuos en el pecho por problemas respiratorios, ya que es asmático.

La hermana de otro recluso que también está en esta sede del Cicpc aseguró que su pariente tiene todos los síntomas del COVID-19 y no está vacunado. “Afortunadamente los malestares son leves. Tiene dolor de cabeza, quebranto y gripe, pero respira bien. Otros privados de libertad que están con él presentan las mismas dolencias”, asegura la mujer, quien teme que se trate de un brote de coronavirus.

La misma preocupación la tienen los familiares de Danger Osorio, quienes todos los días recorren los 34 kilómetros que separan a las ciudades de Cúa y Santa Teresa, para llevarle comida a la sede del Eje de Homicidios del Cicpc.

“Me preocupa que mi hijo pase hambre, porque en los CDP no les garantizan la alimentación, así que yo le llevo sus alimentos para que nunca se acueste con el estómago vacío”, dijo su progenitora a UVL, tras reconocer lo dificultoso que se le hace pagar pasaje todos los días.

Las mismas complicaciones de traslado son parte del día a día de Maura Contreras. Ella tiene un hermano recluido en la sede de la Policía Municipal de Urdaneta, ubicada en la parroquia Nueva Cúa, pero vive en Caracas. Es decir, que necesita disponer de al menos una hora y media para llevarle comida y el mismo tiempo para regresar a casa. Muchas veces se le hace cuesta arriba.

“El alto costo de las tarifas de transporte y de los alimentos me impiden viajar todos los días. Trato de hacerlo, aunque sea tres veces a la semana, pero lo que no puedo garantizarle a mi hermano es incluir carne en la vianda, porque está muy cara. A veces solo le llevo tres arepas con mantequilla”, señala Contreras, quien asegura que su hermano ha bajado de peso desde su detención. “Ya no tiene músculos y la piel le cuelga en los brazos”, afirma.

De acuerdo con el monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad la población que está detrás de los barrotes es altamente vulnerable. Los Centros de Detención Preventiva son espacios que no cuentan con la infraestructura y los servicios requeridos para atender a los detenidos y mucho menos para garantizarles una alimentación balanceada, quedando ello bajo la responsabilidad de sus parientes. La falta de proteínas es una constante en los alimentos que les llevan.

La salud tampoco está garantizada. Ningún CDP cuenta con atención médica ni nutricional. El cumplimiento de los tratamientos médicos por parte de los presos es incierto. Según las estadísticas que maneja UVL, en los CDP de Valles del Tuy hay al menos tres reclusos con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), pero ninguno cumple con terapia antirretroviral para disminuir el progreso de la enfermedad y evitar infecciones y complicaciones secundarias.

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Miranda | Muere privado de libertad que padecía tuberculosis