Familiares de detenidos en Carora acuden hasta tribunales para que se excarcelen a 7 personas que solo se quejaban de los apagones
Equipo UVL Lara
Usando un hacha con la que tumbaban puertas y amenazaban a varias personas fue la brutal manera en la que funcionarios del destacamento 122 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a siete personas en la comunidad Torrellas del municipio Torres en el estado Lara luego de una protesta en reclamo por los constantes apagones que se registran en la zona. Familiares de estos apresados acudieron el 11 de junio de 2020 hasta la sede del Circuito Judicial Penal del estado Lara en Barquisimeto exigiendo la excarcelación y fin de las torturas que les aplican.
Alejandro José Hernández Urdaneta de 26 años de edad, Manlio Rafael Montes Moreno de 40 años, Manuel José Oviedo Martinez 18 años, María José Martínez de 22 años, Romer Suárez, Alexis Guzmán y José Mosquera fueron detenidos el 19 de mayo por un grupo de funcionarios militares tras protestar y, presuntamente, cometer un incendio en el que se quemó una planta eléctrica de Corpoelec. Desde ese día, según denuncian esposas, primas y abuelas, los detenidos han sido acusados injustamente además de que han sido víctimas de torturas y maltratos. Además ellos como parientes sufren acoso por parte de los militares.
Explican los familiares que debido a los racionamientos de energía eléctrica constantes y de incontables horas que sufrían en Torrellas, los 7 detenidos junto a otro grupo de personas salieron de sus casas a protestar contra los insufribles cortes de luz. Durante esa manifestación, la señora Emilia Lameda, integrante del consejo comunal de la zona, les solicitó a los protestantes que finalizaran su acción de calle, petición que generó un cruce de palabras entre las partes y que no pasó a mayores.
Detallan los parientes de los privados de libertad que Lameda se encargó de llamar a los Guardias Nacionales para que acudieran a desalojar la protesta. Cuando esto ocurrió, en una zona de la comunidad que está repleta de maleza se produjo un incendio y allí se encuentra una instalación eléctrica de Corpoelec. Los militares, al saber esto, acudieron de forma violenta a las casas de los detenidos y procedieron a realizar las aprehensiones en horas distinta a lo ocurrido.
“A ellos los acusan de quemar una planta eléctrica que estaba en la zona y luego de que la jueza municipal fue a realizar una inspección determinó que el aparato no funcionaba desde 1975” es el argumento que usan las familiares cuando explican que la razón principal de la detención ya fue descartada por una miembro del circuito municipal judicial y todavía, tras 22 días de las capturas, no hay una resolución definitiva del caso.
Los castrenses cuando realizaron la captura la hicieron en dos horas distintas. Primero apresaron a Alejandro José, Manlio Rafael y a Manuel José. Esto ocurrió a las 8 de la noche y seis horas más tarde procedieron a detener en sus casas a Maria José, Romer Alexis y a José. Detallan los parientes que la manera en que actuaron los militares fue brutal, violando derechos humanos, realizando robo de artículos personales, agrediendo y destruyendo todo lo que había a su paso.
“Un guardia cargaba un hacha en la mano y con eso nos amenazaba. Después de tumbar las puertas nos la ponía en el cuello mientras que los otros apuntaban con sus pistolas. Con el hacha golpeaban paredes y nos amedrentaban. Hasta con una almohada en la cara nos torturaban para que dijéramos dónde estaban el resto de personas que protestaron por la falta de luz” es lo que relata la abuela de unos de los detenidos quien confiesa que ella sufrió en carne propia toda la brutal actuación de los funcionarios.
El grupo de familiares narra que los detenidos nunca habían tenido problemas de ninguna índole ni con vecinos, cuerpos de seguridad ni con las justicia del país. Manlio es un chofer de camiones, Alejandro es oriundo del estado Zulia, ingeniero en sistema y trabaja en el Banco Occidental de Descuento (BOD), Manuel es bachiller, María José estaba desempleada, Romer es albañil al igual que José y Alexis es técnico superior y comerciante que recién había llegado desde Chile.
“María José le confesó a los abogados defensores sobre las torturas que le aplicaron cuando los detuvieron. Con una bolsa plástica llena de mortecina, la obligaban a hablar y a que confesara sobre los otros protestantes” relataron los familiares parte de los métodos de agresión que le hicieron los militares a esta muchacha.
Jose Mosquera 
Manlio Montes 
Manuel Oviedo 
Maria Jose Martinez 
Romer Suarez 
Alejandro Hernandez 
Alexis Guzman
“Terroristas, apátridas”
Los siete detenidos se encuentran en el Destacamento 122 de Carora y los funcionarios utilizan los remoquetes de “terroristas y apátridas” para identificarlos. Denuncian los parientes que la única manera que tienen los detenidos arbitrariamente para comunicarse es a través de cartas escritas con puño y letra.
En los escritos denuncian que las comida no les llega completa. Informan que son ellos los que se han encargado de suministrarle articulos de prevención contra el coronavirus debido a la situación de cuarentena declarada en el país desde el 17 de marzo. Antibacteriales, guantes, alcohol y tapabocas fueron parte de las cosas que le hicieron llegar los parientes a los detenidos para evitar cualquier tipo de contagio.
“Desde que los detuvieron no los hemos visto porque están suspendidas las visitas, pero si sabemos que están golpeados, heridos y Maria José traumada por lo ocurrido. Esto es injusto y por eso pedimos la libertad de ellos pues estaban reclamando por un servicio público y ahora los están viviendo esto como si fuiesen unos delincuentes” exclamaron casi al unísono los parientes.
Los abogados defensores pertenecen al Foro Penal capítulo Lara quienes informaron que este grupo forma parte de las 38 personas que han sido detenidas y presentadas ante tribunales en esta época de pandemia. Abraham Cantillo junto a Mariuska Padilla, abogados de esta organización no gubernamental, catalogaron estas detenciones como arbitrarias y que en muchos casos deja en evidencia que los funcionario abusan del poder.
Detallan los juristas que todos los aprehendidos están relacionados con el reclamo de servicios o que simplemente se encontraban cerca de protestas con este motivo. Aseguran que estas aprehensiones evidencian la decadencia en el sistema judicial en Venezuela pues los abogados no tienen acceso a los expedientes para ejercer la legítima defensa como es debido.
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