Diez privados de libertad por el caso de una narcoavioneta caída en República Dominicana logran audiencia judicial después de ser detenidos en el año 2016
Transcurrieron 1900 días desde que fueron aprehendidos. Exactamente 5 años y 3 meses pasaron para estar frente a un juez y así celebrar el juicio por el caso que están detenidos: la retención de una narcoavioneta en República Dominicana que partió desde el Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto, ciudad que se ubica al occidente de Venezuela.
Son 9 privados de libertad que se encuentran en la Comunidad Penitenciaria Fénix y uno en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del municipio Palavecino los que tenían 5 años a la espera de juicio y que hasta marzo de 2021 no tenían expedientes. Como lo aseguraron los familiares, estos archivos “estaban extraviados” pero fueron reconstruidos gracias a la presión que ellos ejercieron en la sede del Circuito Judicial Penal de la entidad.
Varios de estos parientes contactaron a Una Ventana a la Libertad (UVL) para informar sobre el inicio de juicio para los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Onésimo Romero Hernández (de 40 años de edad), Rolan Torrealba Silva (27), Franklin Pérez Peña (55), Darwin Sanoja Rodríguez (32) y Roberto Sivira Fernández (30); los agentes de seguridad aeroportuaria Nelson Peraza Sira (37), Eduard Lucena Rivero (35) y Juan Lanz Díaz (38); el empresario Pablo Cárdenas; y al detective jefe de la Policía Internacional (Interpol), Eliécer García Torrealba (47).
Los parientes de los militares, alegando que los detenidos fueron apresados de forma injusta y no son culpables de este hecho, solicitaron a UVL como defensora de los derechos humanos de privados de libertad a que monitoreen este proceso judicial “debido al sin fin de irregularidades” que han sufrido desde que privaron de libertad a este grupo de hombres. La solicitud también la extendieron para otras organizaciones sin fines de lucro que también se encargan de velar por los derechos fundamentales de los presos en Venezuela.
Cabe recordar que por este caso fueron detenidos 11 personas a quienes les imputaron los delitos de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, asociación para delinquir; cooperación inmediata y complicidad no necesaria por estar, presuntamente, vinculados con una avioneta en cuyo interior las autoridades de República Dominicana encontraron 350 kilogramos de cocaína después de su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de La Romana.
De la oncena de aprehendidos quedan 10, pues en marzo de este año murió José Humberto Hernández a los 68 años de edad y quien era vigilante del aeroclub de Barquisimeto. Este hombre, dentro de la Comunidad Penitenciaria Fénix, le fue otorgada una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no fue acatada por el gobierno nacional luego de que sufriera de varias enfermedades que no fueron atendidas de forma correcta e inmediata y que terminaron siendo letales.
La convocatoria a juicio llega en tiempos donde la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia está trabajando para combatir el hacinamiento y retardo procesal en los centros de detención preventiva (CDP) y los centros penitenciarios del país aunque los familiares no aseguraron si esta convocatoria a juicio se debe a este plan.
Una lucha contra las irregularidades
Los parientes que contactaron a UVL denunciaron las decenas de irregularidades que han sufrido ellos a la hora de exigir celeridad procesal. También contaron las penurias que viven sus parientes presos en el penal de máxima seguridad que se ubica al norte de la ciudad de Barquisimeto.
Lo primera queja que dieron a conocer sobre el sistema de justicia en Lara es la de la inoperancia de los funcionarios que allí trabajan pues en los 5 años que tienen detenidos sus parientes nunca fueron escuchados. Indicaron que el presidente del circuito Luis Ramón Díaz Ramírez los atendió en una oportunidad y les prometió “pase a juicio en 20 días y hasta el sol de hoy, no había pasado nada” señaló el grupo de familiares que prefirieron no dar sus identificaciones por temor.
“Tanto que luchamos y peleamos. Todos los familiares han bregado bastante para primero lograr la reconstrucción del expediente. Íbamos todas las semanas. Nos mandaban a hablar con el fiscal número 27 con competencia en drogas y luego de tanto insistir nos atendió y después de tanto tiempo en mayo logramos que todos los presos tuvieran su expediente para ir a juicio. Increíblemente, desde el 2016 que fueron imputados, el expediente se había perdido. Eso es insólito” expresó con asombro una de las fuentes entrevistadas por UVL.
Pero apenas lograron ese paso judicial, que estuvo también afectado por la pandemia, se encontraron con la “otra” realidad que se vive dentro de la sede judicial barquisimetana: pagar para todo. Indican los familiares que el retardo procesal afecta a los pobres porque “quien no tenga dólares” no son bien vistos por los que trabajan en el Edificio Nacional, como se le conoce también al circuito judicial.
“En esos tribunales no hay nada o nada se mueve si uno no paga. Para poder llevar el expediente desde ahí hasta Fénix hay que pagar 10 dólares. El retardo procesal no se acaba con la apertura de un juicio porque a veces difieren el juicio porque ausencia del forense o porque no llegan las boletas para los juicios. O los alguaciles no tienen los expedientes a la mano” indicaron los parientes algunas de las irregularidades judiciales que sufren.
Un temor latente y sin atención adecuada
La muerte del señor José Humberto Hernández Rodríguez en marzo de 2021, uno de los detenidos por este caso, aumentó la preocupación por el estado de salud de los demás presos en la cárcel Fénix.
Es de acotar que Fénix es el centro de reclusión que más registra presos fallecidos en Lara en lo que va de año con un total de 21 y la mayoría de esos reclusos han muerto por tuberculosis, insuficiencia respiratoria y desnutrición como sufrió el señor Hernández.
Precisamente la desnutrición es lo que alarma a los familiares de los presos de este caso pues en Fénix, como ellos mismos se lo dijeron a UVL, “están pasando hambre” y la salud de varios de ellos se ha complicado y “en la cárcel no les brindan atención médica especializada ni los llevan a los hospitales cuando lo necesitan”.
Detallaron que uno de los militares está a la espera de una intervención quirúrgica por una piedra en el riñón que tiene desde meses antes de estar privado de libertad.
Otros de los guardias sufre de hipertensión y problemas cardiovasculares mientras que otro de ellos sufrió un accidente antes de estar en el penal, requiere de exámenes semestrales para saber su evolución y “ni uno se ha hecho”.
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