Solicitan a las autoridades abortar la exigencia de que los presos con delitos graves tengan que cumplir 75% de sus penas en los centros penitenciarios para optar por beneficios
“No al 75%. No al 75%. Queremos justicia y libertad. Justicia y libertad” eran lo que decían los más de 60 familiares de privados y privadas de libertad que se encuentran en distintos centros penitenciarios de Venezuela cuando protestaron este 18 de agosto de 2021 frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto estado Lara para exigir a las autoridades judiciales tomen en cuenta a los reclusos con delitos graves y éstos puedan optar por los beneficios de ley a pesar de no cumplir con el 75% de sus penas dentro de un penal.
Explica Nayibe López, directora de la Fundación Las Mercedes que vela por los derechos humanos de los presos en Lara, que acudieron a Defensoría del Pueblo a introducir un documento firmado por más de 100 familiares para que el ente interceda entre ellas y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La idea de esta manifestación pacífica es que la Defensoría influya en el TSJ y tomen en cuenta a los presos con delitos graves y así opten por beneficios establecidos en la ley y que no sea como lo están haciendo actualmente, que estos reclusos sentenciados por delitos como asesinato, violación, robo, secuestro entre otros no obtienen ningún tipo de medida judicial que los beneficie porque no han cumplido el 75% de pena dentro de los muros de un centro penitenciario.
“Son muchas irregularidades que hay por esta situación pero todas coindicen es que es una violación a los derechos humanos de los privados de libertad porque no les están garantizando el debido proceso y tampoco les están aplicando la ley como se debe. Es grave esta situación” expresó López quien pidió a las autoridades judiciales y a las del Ministerio para Servicios Penitenciarios pronta respuesta pues si no la hay, irán hasta la ciudad de Caracas a pedir audiencia con el presidente del TSJ Maikel Moreno.
Cada una de las familiares en la protesta explicaron las distintas situaciones que están afectando a los reos que se encuentran en la Comunidad Penitenciaria Fénix, Centro Penitenciario David Viloria mejor conocido como cárcel de Uribana que se ubican al norte de Barquisimeto, Internado Judicial Tocuyito y Trujillo en Carabobo y Trujillo respectivamente, cárcel El Dorado del estado Bolívar y “La Cuarta” de San Felipe estado Yaracuy.
Una Ventana a la Libertad (UVL) conoció que la Fundación Las Mercedes tiene una base de datos de monitoreo constante de 300 privados y privadas de libertad con delitos graves en las cárceles mencionadas y que de ese total 128 cumplen con los requerimientos mínimo para conseguir beneficios como destacamento de trabajo, confinamiento, arresto domiciliario o suspensión condicional de la ejecución de la pena pero que ninguna ha sido tomado en cuenta ni están en proceso porque les exigen el cumplimiento del 75% de la pena cumplida de forma física en los penales.
Las damas que protestaron citaron el caso de una privada de libertad que se encuentra en Fénix por el delito de homicidio calificado y que tiene una pena de 11 años. Indicaron los familiares que ellos lograron la fórmula alternativa de beneficio para que la mujer saliera de la cárcel el 28 de junio pero luego el Tribunal de Ejecución de Barquisimeto le otorgó unos cómputos nuevos donde les quitaron las redenciones y le exigieron que tenía que pagar su pena en físico, es decir, todavía no puede optar por un beneficio que la haga salir de allí.
“Cómo es posible que antes de quitarle las redenciones, nosotros hayamos recopilado todo lo necesario para su redención y te hayan otorgado fecha de salida del penal y luego te las quitan. Cómo van a otorgar beneficios que son legales y que están justificadas con documentos e tribunales y luego la rechazas” se preguntaba una de las familiares de presos cuando exponía su caso con los cómputos, redenciones y sentencias en mano. “¿Entonces para qué existen las redenciones de trabajo y estudio si las van a eliminar de esta forma?” sentenció.
Las familiares también denunciaron que les parece injusto que la Comisión Especial para la Revolución Judicial no haya tomado en cuenta a los privados de libertad con delitos graves pues muchos de ellos están optando por beneficios de ley.
“Existen muchas irregularidades que son inexplicables. Hay presos y presas que tienen ya el 85% de la pena y no pueden optar por beneficios. Hay presos y presas que están enfermos o que dependen de medicamentos que no se les suministra y no reciben beneficios. Hay muchos casos de reos con el delito de homicidio en el que han cumplido 80% de la pena y cuando los van a que los jueces estos dicen que hasta que las boletas no llegan de Caracas no serán tomados en cuenta para las redenciones” detalló López cuando mencionaba sobre las otras irregularidades que los afecta.
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