La Comisión para la Revolución Judicial, integrada por varios entes del Poder Judicial entre ellos la Defensoría Pública, está a la espera de los informes psicosociales, la certificación de antecedentes penales y el informe del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) de más de un centenar de privados de libertad para darle celeridad a los casos que son atendidos en este plan ordenado por el presidente Nicolás Maduro en junio de 2021.
Así lo manifestó Daniel Augusto Ramírez Herrera, Defensor Público General, quien estuvo por Barquisimeto estado Lara, realizando inspección a las atenciones que hace la “Revolución judicial” en la entidad. Las declaraciones las ofreció en la Comandancia General de la Policía de Lara (Polilara) en donde estuvo acompañado por miembros de la Defensa Pública del estado, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia a nombre de Luis Ramón Díaz, Presidente del Circuito Penal y las diputadas Ginkellys Gutiérrez y Carolina García parte de la comisión por la Asamblea Nacional.
“Hemos verificado 563 expedientes de privados de libertad que están en fase de ejecución para saber el estatus de los requisitos que se exigen para que sean beneficiados con alguna alternativa de cumplimiento de pena que está en la ley, en la revisión de las causas que hicimos en Lara en los cuatro tribunales de ejecución que existen donde pudimos observar que a los presos les hace falta el informe psicosocial, los antecedentes penales, el Siipol y es por ello que están librando un oficio a Remigio Ceballos (Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz) y a Celsa Bautista (Ministra para Asuntos Penitenciarios) para que nos remita estos requisitos para poder darle celeridad a los casos” expresó Ramírez Herrera.
La “Revolución judicial” se reactivó por tercera vez en Lara desde finales de febrero de 2023 y al Defensa Pública ha aprovechado de aplicar el “plan respuesta inmediata” que consiste en dar respuesta a las solicitudes de los privados de libertad para acelerar las pronunciaciones de los jueces sobre sus fórmulas alternativas de la pena.
El Defensor Público General enumeró que, hasta el 11 de marzo, en el Área Metropolitana de Caracas, el estado Mirada, Carabobo y La Guaira han revisado 5 mil 816 expedientes de privados y privadas de libertad y que de ambos ministerios han recibido 573 cómputos de pena, 713 certificados de antecedentes penales, 445 informes psicosociales y han otorgado 418 excarcelaciones aunque no detalló cuál es el estatus de los 3 mil 667 expedientes que no se contabilizan en los datos que ofreció.
Ramírez Herrera en Barquisimeto realizó inspección de los funcionarios de la defensoría pública de Lara tanto en la sede del ente que está en el quinto piso del Edificio Nacional (Circuito Judicial Penal), allí atendió a algunos familiares de reos y luego acudió hasta “La 30” como se le conoce a la comandancia general de Polilara donde se reunió con los demás integrantes de la “Revolución judicial” y entabló algunas palabras con los reclusos que eran atendidos por los defensores.
La gira del Defensor Público también comprendía visitar el estado Yaracuy, Cojedes y Portuguesa donde esperaba realizar las mismas acciones que en Lara.
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