Miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional informan que en el país lograron trabajar en 394 Centros de Detención Preventiva
Un total de 16 mil 800 medidas cautelares de excarcelación a hombres y mujeres que estaban privados de libertad otorgó la Comisión Especial para la Revolución del Sistema de Justicia desde que iniciaron labores el pasado 28 de junio de 2021. Esa cifra representa el 44 por ciento de reos y reas que sufrían retardo procesal en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de toda Venezuela.
Así lo informó Carolina García, diputada de Lara en la Asamblea Nacional y miembro de la comisión para la “revolución judicial” durante una rueda de prensa ofrecida el 28 de septiembre en la sede de la gobernación de Lara en Barquisimeto. Allí brindó un balance estadístico de la gestión de los parlamentarios en todo el país, mencionó detalles de la actualidad en los CDP y explicó brevemente las diferentes situaciones que se encontraron tanto en calabozos policiales, centros penitenciarios y los tribunales de las entidades que visitaron.
“Esta comisión inició su trabajo por las denuncias que le llegaron al presidente Maduro sobre el retardo procesal y sobre el hacinamiento en los CDP que en muchos casos se encontraban colapsados porque los centros penitenciarios estaban cerrados producto de la pandemia” declaró García cuando explicaba el origen de la comisión.
Indicó que lo primero que precisaron al abordar los calabozos policiales es que muchos reos y reas tenían causas en “fases de investigación, muchos procesados y algunos penados” que ya habían cumplido su pena u optaban por beneficios y todavía estaban encarcelados.
En detalle, la diputada enumeró que la comisión ha “fichado” a 27 mil 900 privados y privadas de libertad de 38 mil 736 que encontraron al inicio del trabajo en los CDP visitados como fueron policías municipales, estadales y la Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De ese total que cuantificaron al empezar las labores hasta el 21 de septiembre de 2021, han otorgado 16 mil 800 excarcelaciones, libertades plenas y medidas cautelares como arresto domiciliario, destacamento de trabajo, confinamiento o presentación periódicas en tribunales lo que representa un total del 44% de descongestión en los CDP del país.
“Hay que desmontar esa línea de opinión que dice que no hemos hecho nada, pues hemos hecho bastante” recalcó García quien estaba en compañía del bloque parlamentario que trabaja junto a ella es esta comisión. La diputada explicó que un “fichado” de preso o presa se refiere a la cantidad de atenciones “cara a cara” que brindaron los trabajadores de la comisión en todo el país en la que precisaban su situación judicial, tipificación de delitos, cuánto tiempo tiene privado de libertad, si hay retardo judicial o si se detecta una audiencia preliminar pendiente para que sea pasada inmediatamente a tribunales.
Explicó la también coordinadora de la comisión a nivel occidental que en los próximos días se activará la segunda fase de la “revolución judicial” en la que atenderán los casos que estén en centros penitenciarios a excepción de algunas entidades en las que ya trabajaron en los penales.
“Esto no ha terminado. Si bien es cierto que ya hicimos el abordaje en los CDP y vamos a una segunda fase que es atender los penales seguimos recibiendo casos de presos a través de sus familiares. Ahora tenemos una data que llevamos de la mano con los tribunales que nos hace trabajar mejor” enfatizó.
830 casos atendidos en Lara
De forma general, la diputada informó la cantidad de medidas que otorgó la comisión tras la visita a los CDP de Lara, a la Comunidad Penitenciaria Fénix y al Centro Penitenciario David Viloria mejor conocido como Cárcel de Uribana desde el 28 de junio hasta el 25 de julio.
Sin especificar cuántas fueron libertades plenas u otorgamiento de medidas alternativas de cumplimento de pena, informó que en Lara otorgaron 520 medidas a presos y presas que estaban en CDP mientras que en los penales fueron 310 los casos que atendieron y se les dio celeridad procesal. Acotó que Lara fue uno de los pocos estados en que la “revolución judicial” pudo trabajar en los centros penitenciarios.
Hizo énfasis en que la comisión ha atendido a los familiares de presos que han solicitado ayuda y puntualizó que hasta atendieron a un grupo de familiares que fue hasta la sede de la Asamblea Nacional para hablar de sus casos y solicitar fin a los retardos procesales en la entidad.
Situación con los delitos graves
A García se le preguntó sobre la situación procesal de los presos y presas que tenían delitos graves como homicidios, secuestros, violaciones y tráfico de drogas que no fueron beneficiados por esta comisión para su excarcelación y explicó que el objetivo de la “revolución judicial” era atender las violaciones de ley menos graves como robo, hurto o lesiones personales entre otros.
Sin embargo declaró que en la región que ella coordina lograron revisar casos de reclusos y reclusas con delitos graves en los que se les dio garantías judiciales, procesales, médicas y de atención personal con las que se cumplen y respetan sus derechos humanos.
“Uno entiende el lado de un familiar de privados de libertad cuando piden que se les otorgue beneficio, pero el objetivo real de la comisión era revisar los delitos menos graves pero eso no quiere decir que no los atendimos. A la mayoría de casos graves se les dio el mismo trato judicial. Nosotros revisamos delitos graves y logramos atender al que se pudo. Hay delitos que no podían resultar con beneficios porque podíamos caer en impunidad como también había casos que estaban paralizados y se les dio celeridad” relató.
Tribunales sin jueces y atenciones por WhatsApp
“El sistema de justicia es un tema ya de institución…nos encontramos con tribunales sin jueces…estamos trabajando en las adversidades para dar respuesta”. Así fue la corta declaración que hizo García cuando se le fue consultada sobre las particularidades que ellos como comisión de la AN encontraron en los Circuitos Judiciales de Venezuela, situación que también fue uno de los motivos que llevó a la presidencia de la república a activar a este grupo parlamentario.
La afirmación de la diputada la realizó cuando calificaba que el trabajo de la comisión que integra junto a otros 18 parlamentarios cumplió el 100% de sus tareas y destacaba las labores que tuvieron que hacer con el sistema de justicia por el que llueven denuncias hechas por familiares de presos por distintas irregularidades.
Detalló que los esfuerzos de la Comisión han sido bastante y que cada miembro ha servido para alternar las atenciones que han llegado a través de la aplicación telefónica WhatsApp o por las redes sociales de los diputados.
“Porque la tecnología lo permite, nos han llegado algunos casos o reporte de casos en que nos ponemos de acuerdo con el presidente del circuito judicial correspondiente vía telefónica para resolver esa denuncia de familiar y la respuesta es inmediata. También se han procesado libertades con el envío de boletas por WhatsApp” refirió.
Con respecto al cobro en dólares de cualquier trámite procesal tanto en los tribunales y cárceles, la diputada pidió a familiares que denunciaran con nombres, apellido y pruebas a las personas que cometen este tipo de delito para depurar el sistema de justicia. Hasta invitó a las personas que sean víctimas de este cobro en moneda extranjera que coordine de forma anónima con cualquiera de la comisión para hacer una “entrega controlada” del dinero solicitada y así detener al victimario.
“En muchas de las denuncias que nosotros recibimos nos dicen que se establecen tarifas y nosotros estamos haciendo un seguimiento de eso. Invitamos a los familiares de los privados de libertad a denunciar con nombre y apellido. La idea es que se vea y se sienta que acompañamos a los parientes de presos”.
Cerró este tema de los tribunales diciendo que solo ha habido un caso de procesamiento de funcionarios por incurrir en ilegalidades en el estado Falcón cuando unos privados de libertad oriundos de Republica Dominicana denunciaron faltas cometidas por unos alguaciles. Insistió en decir que todo proceso judicial en Venezuela es gratuito.
Sin confirmar identidad de funcionario agresor
A los miembros de la comisión parlamentaria se les consultó sobre el caso denunciado por el fiscal general Tarek William Saab en la que mostraba a un funcionario de la Policía Municipal de Iribarren (PMI) pateando a un privado de libertad que estaba en el suelo y reiteraron, como lo hizo el alcalde del municipio y comandante de este cuerpo de seguridad Luis Jonás Reyes, que se trataba de “un hecho aislado” de violación de derechos humanos.
Cuando se le preguntó por la identidad del funcionario vestido de militar que golpea al preso y que hasta el día de hoy no se ha revelado su nombre, rango y cargo dentro de la PMI, se limitó a decir que tampoco tenía sus datos porque en el video “solo se ve una espalda” y que es la fiscalía designada la encargada de investigar y procesar esa arbitrariedad.
“Será la fiscalía la que dé resultado sobre esa investigación” dijo.
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