La organización Defiende Venezuela se pronuncia por el fallecimiento del recluso José Humberto Hernández, beneficiario de medida cautelar de la CIDH que no fue acatada por el Estado venezolano
A instancias internacionales de derechos humanos acudirán integrantes de la organización no gubernamental Defiende Venezuela para lograr justicia tras la muerte de José Humberto Hernández, privado de libertad de la Comunidad Penitenciaria Fénix del estado Lara quien era beneficiario de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Estado venezolano no acató a pesar del grave estado de salud de este hombre de 68 años.
A través de una rueda de prensa vía Zoom, abogados de Defiende Venezuela informaron que seguirán buscando justicia para que el Estado venezolano asuma su responsabilidad tras no resguardar la vida de Hernández y no acatar el mandato cautelar de la CIDH.
“Sin duda ahora están abiertas las puertas para exigir las responsabilidad internacional del estado de cara a este grave suceso y es por ello que hemos trabajado para en las próximas semanas emitir comunicaciones ante los organismos de derechos humanos” declaró Yeimber Machado, abogado de la organización cuando daba explicación sobre las iniciativas de justicia que esperan activar.
El jurista aclaró que lo que desean obtener con estas acciones es “básicamente es la indemnización porque no se puede hablar de una reparación porque la vida de Hernández se extinguió. El Estado cuando pudo haber garantizado la salud del señor, no lo hizo y nada de lo que a partir de ahora va a devolverle la familia Hernández la terrible pérdida. Sin embargo, lo que estamos pidiendo y acompañando a los parientes es justicia” enfatizó.
Machado insiste que la indemnización y la justicia servirán para tener el derecho a la verdad y que así se esclarezca, a través de una investigación, las verdaderas causas que llevaron a que el señor Hernández fuera privado de libertad y que se señale a los funcionarios responsables de esa muerte.
“Justicia también es que se le otorgue la debida indemnización a la familia por este grave sufrimiento que vivieron y para que este hecho no se vuelva a repetir con otro privado de libertad” dijo el abogado de Defiende Venezuela.
Hernández falleció el 23 de marzo de 2021 cuando tenía dos días hospitalizados el Hospital Central de Barquisimeto.
La CIDH emitió una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Hernández Rodríguez, por considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
La medida fue solicitada el 19 de octubre de 2020 por la ONG Defiende Venezuela, tras el agravamiento de la condición de salud de Hernández durante su detención preventiva en la Cárcel de Fénix, en el estado Lara, donde permanecía recluido hace más de cinco años, siendo juzgado por su presunta “participación en narcotráfico” sin pruebas que lo incriminaran.
Desde hace aproximadamente dos años, la salud de José Humberto se complicó, pero desde mediados del año 2020 la situación se agravó pues el privado de libertad sufría de crecimiento prostático en tercer grado, hipertensión, aorta calcificada, una hernia inguinal, neumonía con derrame pleural y tuberculosis, esta última enfermedad que nunca pudo ser confirmada pues para realizarle los exámenes que ameritaba, la hija nunca logró las órdenes de traslado para sus chequeos médicos y tampoco pudo reunir la cantidad de dólares que costaba el estudio pues en el sistema público de Lara no hay equipos para realizar esos análisis.
Lamenta el fallecimiento
Por medio de un comunicado de prensa, la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el fallecimiento de José Humberto Hernández Rodríguez y Román Tovar Zambrano el 23 y 24 de marzo de 2021, respectivamente, en Venezuela. Ambas personas eran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH mediante Resoluciones No. 8/2021 de 28 de enero de 2021 y No. 4/2021 de 7 de enero de 2021”.
“Tras el otorgamiento de ambas medidas cautelares, no se recibió información que indique que las instituciones nacionales del país hayan adoptado acciones idóneas y efectivas para implementar las solicitudes realizadas por la Comisión; por el contrario, la representación común en ambos asuntos informó que no se adoptó ninguna medida para implementarlas”.
“En ambos casos, la CIDH solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para proteger sus derechos, asegurando el acceso a los tratamientos médicos prescritos por los médicos correspondientes. Tovar era paciente con esclerosis múltiple, y desde 2016 no recibía su tratamiento médico prescrito. Hernández, quien se encontraba privado de su libertad, padeció grave insuficiencia respiratoria y lesión pulmonar, y se informó que no recibió atención médica oportuna”.
“La Comisión llama al Estado de Venezuela a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para implementar las medidas cautelares actualmente vigentes. Además, recuerda que el otorgamiento de medidas cautelares permite al Estado tener conocimiento de una situación de riesgo y, por lo tanto, existe un deber especial de protección, de tal manera que la implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención razonable a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse. En ese sentido, el Estado tenía el deber de prevenir que se produjeran hechos lesivos a los derechos de las personas beneficiarias”.
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