Uno de los casos judiciales más polémicos en la entidad tuvo juicio definitivo luego de que los acusados tuvieran 7 años detenidos sin sentencia, murieran dos de los apresados y sus familiares denunciaran cientos violaciones de derechos humanos
“Les impusieron 28 años de cárcel. Como no hubo influencias ni sobornos, se afincaron. Es una injusticia porque los verdaderos culpables siguen en la calle y son intocables” fue la reacción en común de algunos de los familiares de los nueve hombres detenidos por el caso de la «narcoavioneta» venezolana que fue retenida por las autoridades de República Dominicana el 24 de marzo de 2016 en el aeropuerto La Romana de la isla caribeña.
A las 9 de la noche de este 20 de julio de 2023, los nueve privados de libertad junto a sus abogados defensores y algunos familiares escucharon la sentencia de mano de la jueza número 6 Elena Maribel Párraga quien después de siete años que se ejecutaron las encarcelaciones, dos años de juicio continúo, más de 30 audiencias suspendidas por diferentes motivos (algunos definidos por los parientes como “increíbles”) y la muerte en calabozos de Pablo Gerardo Cárdenas Chacón y José Humberto Hernández Rodríguez declaró culpable a los hombres que, según sus parientes, no tienen ninguna responsabilidad o vinculo que con esa aeronave que transportaba 349 panelas de cocaína.
“Esto deja claro que la justicia funciona para el que tiene (dinero). Esto le quita las ganas a uno de vivir. ¿Sabes lo que significan 28 años?. Ellos (los detenidos) quedaron en shock y están por el suelo. Qué injusticia” decía la mamá de uno de los sentenciados quien bañada en lágrimas al escuchar la sentencia expresó lamentos y éstos retumbaron en las paredes de la sede del Circuito Judicial Penal de Lara.
Por los delitos tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y asociación para delinquir en diferentes modalidades (en calidad de director financista, cooperadores y autores) fueron sentenciados los sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Onésimo Romero Hernández (de 40 años de edad), Rolan Torrealba Silva (27), Franklin Pérez Peña (55), Darwin Sanoja Rodríguez (32) y Roberto Sivira Fernández (30); los agentes de seguridad aeroportuaria Nelson Peraza Sira (37), Eduard Lucena Rivero (35) y Juan Lanz Díaz (38) y al detective jefe de la Policía Internacional (Interpol), Eliécer García Torrealba (47).
Todos los acusados pagarán su pena en la Comunidad Penitenciaria Fénix donde ya estaban encarcelados. El detenido García Torrealba, que se encontraba en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el municipio Palavecino, será trasladado a la cárcel al norte de Barquisimeto para que también cumpla su pena en ese recinto.
Los fiscales nacionales 3º y auxiliar, y 11° de esa jurisdicción, Javier Quintero, Marifer Arrechedera y José Fernández fueron los que presentaron ante la jueza las imputaciones.
Además de los años de espera y centenas de situaciones irregulares, la jornada para el veredicto fue maratónica. Informaron personas cercanas a los detenidos que a las 8 de la mañana los trasladaron desde Fénix hasta el tribunal, pero no fue sino hasta la 1 y 30 minutos de la tarde que comenzó la audiencia de juicio. A las dos horas pausaron el acto y se reanudó a las 6 de la tarde.
“La jueza quería terminar rápido ese juicio y en tres horas le permitió la palabra al fiscal Quintero y solo le dio pocos minutos a los abogados defensores. Luego dieron un receso de 5 minutos y al llamar nuevamente a despacho, dictaron la sentencia. A nosotros nos queda es la mala actitud de ese fiscal nacional. Desde que asumió el caso, actuó con prepotencia y hasta con amenazas a los presos y sus familiares” eran algunas de las cosas que comentaban ciertos parientes fuera del edificio nacional.
“Al Pollo Carvajal le están solicitando 30 años por llenar de droga a Estados Unidos además de todo lo que esa gente él fue capaz de hacer. ¿Tendrá lógica que estos chamos, que ni pruebas razonables existen, les den 28 años?. Esto no se puede entender. Indignación es lo que genera esto” fue lo que exclamó con mucho dolor otros de los familiares de los sentenciados.
Un dato que logró conocer UVL es que los casi 7 años que estuvieron detenidos todos los sentenciados serán descontado a la cantidad de pena impuesta, es decir, los señalados por el caso de la «narcoavioneta» deberán pagar en físico casi 21 años y luego podrían optar por algunas redenciones tipificadas en la ley.
Muerte y omisión de medida cautelar
El total de detenidos en Venezuela que produjo la retención de la «narcoavioneta» en República Dominicana fueron 11. Además de los sentenciados, estaban Cárdenas Chacón y Hernández Rodríguez quienes eran señalados como financista y cooperador necesario respectivamente. Ambos murieron tras enfermarse en Fénix, sin sentencia definitiva y sufriendo por años la mala atención médica y judicial de las autoridades.
Hernández Rodríguez murió en marzo de 2021 luego de estar grave por crecimiento prostático, hipertensión, aorta calcificada, hernia inguinal, neumonía con derrame pleural y tuberculosis. Dos meses antes de su fallecimiento fue aprobada el 28 de enero de 2021 una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable, pero el Estado venezolano no la ejecutó.
En junio de 2022 se registró la segunda muerte de este caso y fue casi en las mismas condiciones. Cárdenas Chacón vio agravada su salud luego de sufrir adenocarcimoma metastásico de pleura, derrame pleural en el pulmón derecho metastásico, nódulo pulmonar en lóbulo superior derecho, plastrón ganglionar en región cervical derecha, múltiples agrandamientos de ganglios linfáticos en el pecho y abdominales, infección de piel y partes blandas en los glúteos e hipertensión arterial.
Los familiares de ambos fallecidos denunciaron a UVL, en esas oportunidades, que hubo factores fuera de su condición de salud que también incidieron en su muerte como los fue la inoperancia judicial y del Ministerio Penitenciario pues en la cárcel padecieron hambre, no fueron atendidos de forma inmediata y eficaz cuando necesitaban un médico y con el pasar del tiempo, su vida se extinguió consumando una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Hambre e indiferencia
Los familiares de los sentenciados, luego de saber el fallo del juez, reiteraron como el hambre que pasan los privados de libertad en Fénix es peor que la pena que les impusieron. Denunciaron que en el penal agua que sobra de cocinar granos o pasta y que ellos para poder llevarles comida tienen que hacer una inversión en dólares imposible de costear.
Además de eso, denunciaron que la indiferencia en materia de salud de los funcionarios militares, custodios y demás miembros del Ministerio Penitenciario termina siendo gravísima porque el preso al estar enfermo no se le brinda la atención médica correspondiente y temen que alguno de los 9 sentenciados sufran lo que ya ocurrió con Hernández Rodríguez y Cárdenas Chacón.
“El acceso para medicinas es difícil para no decir imposible. Que los lleven a un médico es casi un milagro. En la enfermería de Fénix no les dan buena atención y a muchos los han dejado morir allí. La falta de agua por tubería en el penal no los deja estar aseado y por ende están expuesto a tantas enfermedades que hay en esa cárcel. Todo eso que digo se traduce en una violación de sus derechos” comentó a UVL la hermana de uno de los detenidos.
Investigación con muchas preguntas
Parientes de los dos fallecidos se acercaron hasta la sede judicial para conocer el veredicto y reclamar justicia en este caso. Al conocer la sentencia, formularon preguntas que, según ellos, evidencia la falta de pruebas contundentes y el mal proceder que tuvo la investigación.
“Tenemos 7 años acompañando a los abogados, conociendo lo relacionado al caso y todos nosotros nos preguntamos cómo es que unos sargentos de la Guardia Nacional y un grupo de personas civiles sin ningún poder en seguridad, político o económico pueden tener la capacidad de dirigir una operación de narcotráfico como esta” es lo que le expresó a UVL Marianela de Cárdenas que también se confesó indignada por la sentencia.
Cuestionándose la poca celeridad de las autoridades dijo que el abanico de detenidos no solo se debió basar en sus familiares, pues señala que también se debió investigar a otros sospechosos.
“¿Cómo es posible que el director o jefes del aeropuerto, al jefe que dirigía esa tropa de funcionarios, a de la avioneta no los investigaron? ¿Cómo es posible que en Dominicana soltaron y dejaron en libertad al piloto, copiloto?. Eso es una locura y cochinada. Ese caso y el juicio estuvo enviciado y rodeado de corrupción desde el día uno” declaró.
Se conoció que la parte defensora de los acusados, acudirá al proceso de apelación de la sentencia para reducir la cantidad de años y también solicitar eliminación de delitos.
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