Al hacinamiento, que mantiene a los privados de libertad en un estado de vulnerabilidad para contraer enfermedades infecciosas, se suma que en ninguno de los CDP existe servicio médico. Tampoco hay garantía de traslado de los presos a los hospitales ni la entrega de medicamentos para que cumplan sus tratamientos
Rosanna Battistelli, UVL/ Valles del Tuy
Sin acceso a la salud, hacinados y en infraestructuras que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad conviven los privados de libertad que se encuentran en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de los Valles del Tuy, estado Miranda.
Así se desprende de un exhaustivo monitoreo realizado por Una Ventana a la Libertad (UVL) entre los meses de mayo y octubre de 2020, en doce CDP de esta subregión mirandina, conformada por seis municipios, ubicados en el centro norte de Venezuela, a 45 minutos de la ciudad de Caracas.
En los CDP a los que UVL les hizo seguimiento, en los Valles del Tuy, todos de tipo civil, cohabitan actualmente 675 privados de libertad -581 hombres y 94 mujeres-, en espacios cuya capacidad de albergue es para aproximadamente 385 personas, lo que deja al descubierto que la población reclusa permanece en áreas reducidas que no garantizan su seguridad y que no poseen las condiciones necesarias para ser habitadas.
Un hallazgo encontrado durante la evaluación realizada fue que a medida que corrían los meses fue empeorando la situación de la población penal, la cual aumentó 17% de mayo a octubre.
Salud en crisis
El problema de salud es uno de los más graves que enfrentan los presos. Al hacinamiento, que los mantiene en un estado de vulnerabilidad para contraer enfermedades infecciosas, se suma que en ninguno de los CDP existe servicio médico y tampoco hay garantía de traslado de los privados de libertad a los hospitales, ni la entrega de medicamentos para que cumplan sus tratamientos. La falta de vehículo es una de las limitantes, ya que solo se dispone de las patrullas policiales.
Para el cierre del mes de octubre en los CDP de Valles del Tuy se contabilizaban al menos 113 presos desnutridos, 20 con tuberculosis, 108 con escabiosis; 60 con gripe, 20 con problemas respiratorios, 13 con diarrea, igual cantidad con fiebre, 1 con epilepsia, 1 con VIH y 1 con problemas mentales. Este último pernocta en un pasillo de la sede del Eje contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Santa Teresa, sin ningún tipo de atención.
Desde que comenzó la cuarentena por COVID-19, en marzo, hasta finales de octubre los quebrantos de salud aumentaron. La alimentación de los privados de libertad, la cual está bajo la responsabilidad de sus familiares, ya que ningún CDP cuenta con comedor, se hizo cuesta arriba. Muchos parientes no podían movilizarse, por falta de recursos, transporte o por la radicalización de la cuarentena, implementada por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia1.
La falta de nutrientes detrás de los barrotes se evidenciaba en el cuerpo de José Alexander Bastidas, quien estaba detenido en el Cicpc, subdelegación Santa Teresa, desde mayo de 2018 por el delito de hurto calificado. A finales de septiembre de 2020 sus familiares alertaron sobre su precario estado de salud. Aseguraban que, además de desnutrición, el interno tenía tuberculosis2.
La escasez de gasolina impedía a los funcionarios trasladar a Bastidas al hospital. Sus parientes hicieron las diligencias pertinentes y, en un primer momento, no fueron escuchados, pero cuando se disponían a realizar una protesta, el tribunal le concedió un beneficio a Bastidas, quien salió en libertad los primeros días de octubre3. Un mes más tarde falleció.
En los mismos calabozos donde estuvo Bastidas se registró un brote de dengue en septiembre. Al menos ocho privados de libertad contrajeron esta enfermedad que obligó a las autoridades a realizar un operativo de fumigación para controlar la proliferación del mosquito causante del virus. Posteriormente los enfermos se recuperaron.
Entre los meses de mayo y octubre de 2020 las autoridades reportaron cuatro reclusos fallecidos en estos CDP. Uno de ellos tenía tuberculosis y, además, sufrió un paro cardiorespiratorio, producto de un ataque de epilepsia y crisis de asma bronquial, tras permanecer cuatro días hospitalizado. Otros dos murieron a causa de problemas coronarios y el cuarto, producto de un paro respiratorio o posible COVID-19, de acuerdo con el acta de defunción. En este periodo solo se conoció de un operativo donde se entregaron medicamentos a los presos.
Aunque en estos calabozos nadie habla del VIH, Una Ventana a la Libertad conoció de un caso, el cual se diagnosticó durante una jornada médica realizada por la Organización No Gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad (UVL) y el Proyecto Once Trece, en enero de 2020; no obstante, el recluso nunca ha recibido tratamiento, porque se niega a aceptar que tiene el virus.
Este reo está en un calabozo con el resto de los presos. Las autoridades policiales están al tanto de la enfermedad que padece, pero no hacen nada bajo el argumento de que el preso desestima que tiene el virus.
Si existen otros casos de VIH en los CDP de los Valles del Tuy se desconoce, ya que detrás de los barrotes no se realizan evaluaciones médicas con regularidad, a pesar de que las enfermedades forman parte del día a día, es decir, que el derecho a la salud que tienen los privados de libertad es letra muerta.
Infraestructura caótica
La falta de agua potable es otro de los problemas que deteriora la calidad de vida de los privados de libertad en los CDP. Todos dependen de sus familiares para saciar la sed.
Asearse también se les hace dificultoso, sobre todo en aquellos CDP donde no hay agua por tubería ni baños, como es el caso de la Policía Municipal de Independencia, donde los internos hacen sus necesidades en bolsas.
Poca ventilación, falta de luz natural y artificial y malos olores son un común denominador en los calabozos para hacer aún más difícil la vida de los procesados y penados, quienes además deben enfrentar el retardo procesal que se agudizó durante la cuarentena, a propósito de la paralización de las actividades cotidianas en los tribunales del país 4.
Condiciones precarias
El panorama presentado demuestra que en ninguno de los CDP de la subregión de los Valles del Tuy existen condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la salud de los privados de libertad. Así lo certifica también el instrumento “Barómetro de la Salud” diseñado por Una Ventana a la Libertad para medir los avances o retrocesos con respeto al derecho a la salud de los detenidos en las distintas regiones monitoreadas.
De acuerdo con ese instrumento la salud de los detenidos va en regresión: los presos no reciben ningún tipo de atención médica; los reclusos enfermos están junto a los sanos; no se cumple con el distanciamiento social recomendado en medio de la pandemia de COVID-19 y el único acceso a la alimentación que tiene la población penitenciaria es cuando sus familiares les llevan comida.
¿Cómo volver a la vida social?
Acabar con el hacinamiento en los Centros de Detención Preventiva es una de las primeras tareas que el Estado venezolano debe atender para que los privados de libertad permanezcan adecuadamente en estos espacios.
Estos lugares, además, deben estar dotados de los servicios básicos para que los reos tengan una vida saludable, sobre todo en este momento cuando una pandemia azota al mundo entero y cuidar la higiene personal es primordial para enfrentarla.
Asimismo, es necesario que el Estado, a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, garantice la alimentación de la población reclusa y su acceso a la salud para que gocen de buen estado físico y mental detrás de los barrotes. En tal sentido se deben realizar operativos médicos periódicos que permitan determinar las condiciones de salud de los internos.
También es fundamental que las embarazadas o parturientas en periodo de lactancia cuenten con áreas adecuadas durante su estadía en la cárcel. A su vez, los CDP deben disponer de espacios que faciliten la movilidad de los privados de libertad con discapacidad física.
La organización de actividades deportivas o de prácticas al aire libre también es una medida primordial para que los presos se recreen y dejen a un lado el ocio, sobre todo luego del confinamiento al que han sido sometidos por la pandemia de COVID-19.
En conclusión, ante la precariedad en que se encuentran los CDP y los problemas que padecen los reclusos, urgen políticas de Estado adecuadas que preparen a los presos a su regreso a la vida social
Foto: Cortesía familiar: A un mes de salir de la cárcel, con un cuadro de desnutrición severo, el privado de libertad que se muestra en la gráfica, falleció.
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1 Una Ventana a la Libertad (Agosto, 31, 2020). MIRANDA. FAMILIARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD REPORTAN DIFICULTAD PARA LLEVARLES COMIDA EN MEDIO DE LA PANDEMIA Disponible en: [Consulta: 2020, Noviembre 19].
2 Una Ventana a la Libertad (Septiembre, 28, 2020). Miranda. MIRANDA: FAMILIARES SOLICITAN TRASLADO DE PRESO A HOSPITAL PORQUE TEMEN POR SU VIDA Disponible en: [Consulta: 2020, Noviembre 19].
3 Una Ventana a la Libertad (Octubre, 3, 2020). Miranda. MIRANDA | OTORGAN LIBERTAD A PRESO CON CUADRO DE DESNUTRICIÓNDisponible en: / [Consulta: 2020, Noviembre 19].
4 Una Ventana a la Libertad (Septiembre, 11, 2020). MIRANDA | RETARDO PROCESAL EN CUARENTENA ANGUSTIA A PARIENTES DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE VALLES DEL TUY Disponible en: [Consulta: 2020, Noviembre 19].
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