La Comisión Presidencial para la Revolución Judicial pudo apreciar de primera mano la complejidad del sistema judicial zuliano que alberga una población superior a las siete mil privados de libertad por delitos menores
Jessika Ferrer/ UVL Zulia
Zulia es un estado complejo, donde según el Estado Mayor Judicial existen más de 40 mil causas, entre delitos graves y menores, que esperan la decisión de un tribunal. La Comisión Presidencial para la Revolución Judicial se instaló, el 29 de junio de 2021, en la región y a través del Estado Mayor reconoció la complejidad del sistema judicial zuliano distribuido en 21 municipios y divididos en sus cuatro espacios judiciales: Costa Oriental del Lago, desde Cabimas; La Villa, Guajira y Maracaibo; y se comprometió a abordar una población superior a las siete mil privados de libertad por delitos menores. Cada coordinador de centro de detención preventiva organizó los expedientes de sus detenidos, agilizó su evaluación médico forense y habilitó unidades para los traslados a tribunales. Desde el primer día se sintió el cambio, se priorizó la atención judicial al detenido.
Juan Romero, coordinador del Estado Mayor en la región, explicó que la comisión tiene amplia potestad: puede convocar al poder judicial, a la fiscalía, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los órganos de seguridad para que concurran a la atención de los casos y la revisión del mecanismo procesal en cada centro de detención preventiva. No tiene, sin embargo, la facultad de decisión ni de injerencia en el proceso judicial.
Bajo esos principios se han revisado unas 600 causas, se ha otorgado unas 80 libertades a través de las jornadas de la Comisión. También se han desempolvado expedientes, reiniciado las audiencias en los tribunales e iniciado los juicios, por lo que en este último proceso se han otorgado al menos una veintena de libertades. El comisionado Gilberto Hidalgo, director de la Policía Municipal de Rosario de Perijá (Polirosario), informó que “se realizaron 14 audiencias que estaban en mora, en las cuales se otorgaron cuatro libertades y las otras fueron postergadas para la verificación de algunos elementos de interés criminalístico”. Una comitiva del Ministerio Público se presentó en su comando, revisó expedientes y entrevistó a unos 40 privados de libertad. “Se llevaron la información completa de cada uno de ellos y de sus procesos. Estimo sea parte del proceso en el tema de la Revolución Judicial”.
“Cualquier detenido tiene 45 días para que su causa sea presentada. Nosotros revisamos que eso suceda. Cuando han pasado más de 45 días convocamos al juez, al fiscal, a la defensa pública y la Defensoría del Pueblo y hacemos la audiencia en el mismo sitio. Para que sea atendida la circunstancia que ha llevado a la detención del ciudadano o la ciudadana. Quiero recalcarte que la comisión no emite ninguna decisión en relación al procedimiento, lo que sugiere es que el procedimiento se dé, que se acuerden las partes y que se dé agilidad al proceso; la decisión es del poder judicial. Nosotros lo que hacemos es coordinar todo el trabajo y permitir la concurrencia de los actores que están inmiscuido en la causa, puntualizó Romero.
Despliegue
El coordinador regional detalló que el trabajo comenzó en la sede de la Delegación Maracaibo del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con la revisión de 320 expedientes, donde se otorgaron 15 libertades condicionales. “Te recuerdo que todos fueron casos de delitos menores los que estamos otorgando el beneficio de la libertad. Se revisan, sin embargo, los expedientes así sea de droga o asesinato para ver si hay retardo procesal, si han sido atendidos debidamente, si ya tienen sentencia firme. Lo que se trata es de desocupar esos denominados centros de detención preventiva”.
Seguidamente la comisión se trasladó a la Costa Oriental del Lago (COL). Visitaron las sedes del Destacamento 113, en Lagunillas y Simón Bolívar, revisaron 220 expedientes y otorgaron 61 libertades. “Estamos abocados a los delitos menores. Las libertades dadas son medidas cautelares en su mayoría, se les acuerda la prohibición de salida del país, régimen de presentación y algunos se les asigna casa por cárcel. A ninguno se le ha dado libertad plena, hasta ahora, pero eso no significa que eso no vaya a ocurrir en algunas causas”.
Las visitas a calabozos de Simón Bolívar, Miranda, Lagunillas, Baralt, Cabimas y Santa Rita están pendientes. “Culminar en la COL depende de la agilidad del proceso. Hay procesos que se hacen muchos más rápido porque los defensores de los detenidos acuerdan con el fiscal y el Ministerio Público. Y se toman medidas mucho más rápidas. Pero hay otros casos donde deciden no acordar y hay que esperar la instalación del juez. Ahí lo que nosotros hacemos es agilizar que el juez instale el tribunal y sean oídas las partes y que se tome una medida lo más pronto posible, sea una sentencia firme o una medida cautelar acordada”.
Pese al esfuerzo del Estado Mayor, aún quedan pendientes las visitas a los calabozos con mayor hacinamiento, entre ellos el Centro de Arrestos y Detenciones de Cabimas con una población que ronda los mil internos, la Policía Nacional Bolivariana de San Francisco con más de 600 privados de libertad, el Centro de Detenciones Preventiva de San Carlos de Zulia con más de 500; la Policía Bolivariana de San Francisco con unos 200 detenidos; Comando Antiextorsión de Maracaibo con unos 100 reclusos, el Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (SIPEZ) y la Policía Municipal de Mara, cada uno con más de 150 detenidos en sus calabozos, según el último monitoreo de junio de Una Ventana a la Libertad.
Revisión médica y traslados
Desde la instalación del Estado Mayor Judicial se incrementó la valoración médica a privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva o en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF). Se han atendido al menos mil detenidos en 15 días. La mayoría presentó dermatitis y pérdida de peso.
La Comisión Judicial aclara que revisan las medidas humanitarias por condición de salud a quienes cometieron delitos menores, cuyas penas o sanciones sean menores a cinco años. En el caso de los delitos graves quedará a decisión del tribunal que lleve su causa.
“Tenemos algunos casos de detenidos sindicados por tráfico drogas que tienen condiciones humanitarias. Ahí la comisión sugiere una medida humanitaria, pero quien la decide por supuesto es el tribunal. Nosotros no ejecutamos la medida. Porque ahí tiene que ser un tribunal ya instalado que evalúe y decida la medida humanitaria teniendo el informe de medicatura forense, de un médico internista si es el caso, la recomendación del fiscal y el defensor público”.
En cuanto a los traslados a cárceles u otros centros de detención, el coordinador del Estado Mayor Judicial aclaró que sólo han recomendando el traslado de la causa a sus estados de origen a seis privados de libertad. “Son de Nueva Esparta, Cojedes, Lara, Sucre, Barinas y Carabobo. Estamos solicitando el traslado de la causa a sus espacios naturales. Esos detenidos no tienen ningún familiar que los atienda acá. El traslado tiene que autorizarlo un juez. Nosotros lo que hacemos es informar de la situación”.
Populismo
Jorge Rossel, ex magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, considera que no puede haber proceso judicial legítimo hasta que no haya un cambio en el poder ejecutivo y una reorganización del Tribunal Supremo de Justicia. “No podemos buscar solución hasta que haya un cambio”.
El ex magistrado cree que la justicia penal en el país dejó de funcionar y lo que hay es un remedo plagado de corrupción e ignorancia que trajo como consecuencia enormes retardos procesales. “El juez hace lo que se le da la gana. Además que el sistema es una fuente permanente de corrupción. Tanto el juez, como el alguacil, la secretaria…Todo es una mata de corrupción”.
En cuanto a la Revolución Judicial, Rossell opina que “darle la libertad a un privado sin que haya el debido proceso es como tratar de lavarse la cara con barro”. A su parecer la medida de agilización de causas no soluciona la corrupción en el Sistema Penal, porque se necesita una reforma de todos los poderes.
El penalista Simón Arrieta discurre en lo que hace la Comisión Presidencial porque viola el debido proceso. “En esos actos acuden los defensores públicos, jueces fiscales, secretarios y los alguaciles a hacer los actos con los imputados. No citan a la víctima, no citan al defensor privado como es, por boleta”
Arrieta resume el proceso en ofertarle al imputado la admisión de hecho. “Le ofertan una pena menor a cinco años, admiten los hechos y le dan la libertad. Lo cual es ilícito, porque las medidas son para garantizar que el imputado acuda al juicio oral, tanto la privación como la cautelar. Pero ya no hay juicio, porque ya existe una sentencia condenatoria con la admisión de hecho, con eso cesan todas las medidas. Es ilógico otorgar todas las medidas cuando hay una sentencia condenatoria, lo cual es prohibido y es lesivo a la legalidad, porque viola la finalidad de las medidas en el proceso penal. Y así lo estimó la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Un diputado en esos actos es una bofetada a la autonomía e independencia del juez penal”.
Arrieta y Rossel coinciden al ver la solución en un cambio en el sistema de justicia, donde se retome los concursos para ocupar los cargos, se le otorgue a los jueces un sueldo digno y se retome la carrera judicial por meritocracia. De esa se eliminaría o minimizaría la corrupción, porque el personal de justicia no vería en el imputado un medio para conseguir ingresos. Según ellos, esta es una de las principales causas del diferimiento de audiencias y del crecimiento del retardo procesal penal.
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