Bianile Rivas / UVAL Portuguesa
Durante 2020 no se registran eventos de protesta en ninguno de los 19 Centros de Detención Preventiva (CDP) del estado Portuguesa. Fuentes policiales y medios de prensa locales solo reseñaron en este período una reyerta ocurrida el 23 de febrero en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana de Acarigua, en el municipio Paéz, al norte de la entidad, con el resultado de 7 presos heridos y ningún funcionario lesionado. Su móvil estuvo más orientado hacia rencillas por control interno que hacia el reclamo de algún tipo de derecho violentado.
Aldo Rojas, abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, advierte que esta pasividad de los reclusos es relativa. A su juicio, la inexistencia de protestas en los recintos carcelarios es coyuntural. ¨Sería iluso pensar que la inconformidad no tiene cabida en un sistema injusto. Lo que ocurre es que en una sociedad donde hay marginación y exclusión, los centros de privación de libertad garantizan que los reclusos acepten a la sociedad, tal como funciona, y a su propia condición de excluidos. ¨
La pasividad en los CDP, dice Rojas, no es para celebrarla. Cuando ésta impera se entiende que el “sistema” logró la destrucción de la capacidad crítica de los reclusos y reprodujo el conjunto de normas y valores imperantes en la sociedad que los castiga y los condena en vez de reinsertarlos.
Para este abogado, fundador del blog Derecho Pernal en la Red, jamás habrá paz carcelaria mientras se siga utilizando el sistema penitenciario como un mecanismo de “aceptación forzada” de los valores impuestos por las estructuras de poder, mientras el Estado siga utilizando su autoridad sobre el privado de libertad para obligarlo a ser diferente de lo que es, no para resocializarlo, sino para moldear su voluntad y animalizarlo. Así jamás habrá paz en los CDP, sentenció.
¨El privado de libertad se encuentra inmerso, sin remedio, en un “proceso de prisionización” con lo cual se busca un buen recluso y no un buen ciudadano. Nuestros CDP son reflejo de la sociedad venezolana¨, cuestionó Rojas.
Violencia Vs protesta
Para la periodista Mariangel Moro, especialista en comunicación policial, en ningún caso puede confundirse la ausencia de protestas en los CDP de Portuguesa con la inexistencia de violencia abierta o simbólica, sea esta alentada institucionalmente o por grupos de poder del lado de los reclusos. En nuestros CDP se ha arraigado también la figura del pran o líder negativo que ejerce dominio sobre la población reclusa y negocia la paz interna de los recintos con la concesión de ciertos privilegios, reconoce la comunicadora.
Juana Hernández, madre de un recluso del CDP de la Comandancia de Policía del Estado Portuguesa, en Guanare, relata que ha evidenciado como el control interno por parte de esta figura impide las manifestaciones o reclamos a los reclusos y familiares, manteniéndolos en silencio bajo coacción y amenazas. ¨Si nos negamos, por ejemplo, a los pagos semanales por la estadía de cada privado de libertad (la causa) se pone en riesgo la vida del preso y la integridad física del familiar, sostiene.
Hemos llegado incluso, dice Hernández, a tener que soportar la negativa de pases de comida en los horarios convenidos o el traslado de presos a centros de salud porque privan acuerdos entre líderes negativos y agentes. ¨No protestamos porque no queremos sino porque no nos dejan, revela la entrevistada.
Para el abogado Rojas, En los CDP la violencia toma cuerpo ante los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los privados de libertad. ¨Como abogados y defensores de derechos humanos hemos registrado el trato desconsiderado a los detenidos durante las requisas y la prohibición del derecho a las visitas¨, dice.
El penalista destaca que la violencia se ejecuta sobre los detenidos al privarles de servicios básicos como comedor, lo que afecta los derechos a la alimentación y a la salud, y cuando hay casos de privados de libertad presos en zonas lejanas a sus ciudades de origen, lo que imposibilita que sus familiares puedan trasladarse diariamente para llevarles los alimentos y medicinas que requieren.
Aldo Rojas precisa que en Portuguesa es constante el hacinamiento de los CDP como caldo de cultivo de motines y reyertas. Es una forma de violencia que se formaliza cuando se institucionaliza el uso de los CDP como lugares de reclusión permanente. ¨ Tenemos registrados unos 790 reclusos en esos centros esperando ser traslados a sus centros de reclusión definitivos. ¨
Ante el surgimiento de la COVID-19 esa violencia carcelaria adquiere matices altamente preocupantes. Rojas considera, además, que la negación a los servicios de asistencia médica, entre otras dificultades asociadas a las condiciones de insalubridad y la falta de agua potable en los CDP, constituyen por sí mismo un acto de violencia que flagela la esencia humana.
Antecedente trágico
Las organizaciones de derechos humanos de la entidad aún esperan los resultados de las investigaciones de la masacre de Poli Páez, el último de los motines sangrientos ocurridos hasta hoy en los CDP de Portuguesa. Desde el 23 y el 24 de mayo de 2019, fecha en que se inició el evento de sangre, las familias de los 29 reclusos muertos y de los 19 funcionarios heridos, no han tenido respuestas sobre sus denuncias, respecto de las verdaderas razones que originaron la tragedia.
El motín, según reseñas de prensa, voceros oficiales y familiares, se desarrolló durante 10 días en los calabozos de la policía de Acarigua, con sede en el sector urbano Campo Lindo. El detonante de la violencia, según reseña el medio digital El Pitazo, habría sido la falta de respuesta de parte de las autoridades (Ministerio Público y Gobernador Rafael Calles) a múltiples exigencias, tales como la pernocta de la visita y la construcción de áreas de recreación con piscina incluida. Las autoridades calificaron las demandas de los reclusos como exigencias de privilegios no contemplados en la ley, y nunca relacionadas con el proceso penal. Fue una huelga encubierta, dijo en ese entonces el secretario de seguridad ciudadana, Ángel Valero.
Wilandy Medina, familiar del primer recluso asesinado en el motín, declaró a El Pitazo que la violencia se intensificó la noche del 23 de mayo cuando su pariente salió al patio central a sacar su colchoneta y fue ultimado de un disparo. Por su parte, la policía cuenta que La mañana del viernes 24 se produjo una requisa y la toma de los calabozos donde se descubre un boquete por el que se pretendía consumar una fuga masiva. La acción policial tuvo como respuesta la detonación de tres artefactos explosivos por parte de los privados de libertad.
En ocasión de la masacre de del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), ocurrido el 1 de mayo de 2020, y donde fueron asesinados 47 reclusos y heridos cerca de 80 ante una protesta por una supuesta negativa de ingreso de alimentos al penal, distintas personalidades de Portuguesa , entre ellos el exgobernador Iván Colmenarez, solicitaron el pronunciamiento de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional , pues el parlamento no presentó la resultas de la investigación que presuntamente adelantó sobre la masacre de Poli Páez.
«Está masacre no puede quedar en silencio. Como responsables políticos del estado Portuguesa, elevamos la voz junto al pueblo para clamar justicia», expresó Mara Rodríguez, líder de la coalición democrática en la entidad, en esa ocasión.
Junto a Iván Colmenares, Rodríguez exhortó al gobernador Rafael Calles a darle la cara al pueblo y a los familiares de las víctimas, por ser el Estado el único responsable de estas muertes. ¿Dónde queda la responsabilidad de Estado y del director de la Policía del estado Portuguesa?”, se preguntó.
Asimismo, también solicitaron la destitución de los funcionarios responsables tanto de la “masacre” como de permitir el ingreso de armas a este centro de reclusión preventivo. “Que caiga quien caiga”, dijo.
«Cómo un privado de libertad, un líder negativo, va a tener en su poder granadas ¿Quién ingresa estas armas a un centro de detención? ¿Quién les da este poder a los reclusos», sostuvo Rodríguez, quien también responsabilizó al Poder Judicial del retardo procesal y de otorgar «beneficios», a cambio de dinero, apadrinamiento o amiguismo, a los reos a fin de evitar que estos sean trasladados a los penales?
Callar para evitar traslados
Una de las razones que inducen a la pasividad relativa de los privados de libertad ante la violación de sus derechos son la aplicación de regímenes de castigo y las medidas arbitrarias de traslados hacia centros de detención o penales fuera de su jurisdicción, sin que prive el estatus de su causa judicial.
A esto se refiere el abogado José Torres, coordinador en Portuguesa del Foro Penal. El especialista en derecho penal argumenta que estas decisiones no solucionan el problema carcelario y mucho menos hacen que se olviden las protestas, motines ni masacres ocurridas en cárceles y calabozos.
Torres recordó que los 10 penales cerrados por el Ministerio para Asuntos Penitenciarios, y desde los cuales se hicieron traslados inconsultos, no resolvieron la crisis carcelaria, en la que los reclusos están sometidos a la falta de alimentos, de acceso a medicamentos y de atención médica de calidad, hacinados y bajo un sistema de justicia que no da respuestas inmediatas. ¨Mover de un lado para otro no es la solución porque la violencia no se muda, está ahí reproduciéndose de manera sistemática si no se le ataca de manera estructural¨.
En esta apreciación, Torres coincide con su colega Aldo Rojas, quien sugiere que la violencia en los recintos carcelarios adquiere matices desgarradores cuando se “normaliza” la muerte. ¨Estas ocurren por la operatividad violenta del sistema y son recibidas públicamente sin mayor alarma. Incluso, son valoradas por sectores de la población como necesarias, como evidencia del efecto “reforzador” de la “eficacia del sistema”.
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