Aunque los familiares de los internos consultados por UVL aseguran que sus parientes no tienen la enfermedad, no pudieran costear los exámenes de control y seguimiento de quienes tienen el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, cuyo valor oscila entre los 80 y 100 dólares, en instituciones privadas. Estas familias tampoco tienen capacidad para cubrir tratamientos de tuberculosis ni de cuadros febriles y gripales
Angélica Lugo, UVL / Caracas
No existen cifras oficiales, ni tampoco testimonios de familiares de privados de libertad, que indiquen que sus parientes son VIH positivo. Al ser consultados siempre responden con negaciones similares: “Allí no hay nadie con VIH”, pero, más allá de la ausencia de cifras oficiales sobre internos con VIH, ¿cómo se puede descartar la existencia de casos en esta población si no han sido diagnosticados?.
Desde finales de 2019 Una Ventana a la Libertad ha tenido el objetivo de indagar, con jornadas médicas, cómo es la situación de salud de los reclusos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de algunas regiones de Venezuela como Caracas, Miranda y Vargas. Aunque algunos planes de visitas a los calabozos policiales tuvieron que ser pospuestos por la pandemia del COVID-19, el tema ha sido debidamente consultado con expertos.
El activista de derechos humanos y fundador de la ONG Positivos en Colectivo, Mauricio Gutiérrez, advirtió que “sin pruebas para descartar el VIH no hay casos positivos” y, además, explicó que es esencial que, en el país, las poblaciones vulnerables, como la penitenciaria, tengan acceso a diagnósticos para descartar que tengan VIH.
“El acceso universal a pruebas diagnósticas debe ser garantizado por el Estado con, por supuesto, varios principios: la confidencialidad, la gratuidad y la facilidad al acceso a hacerse la prueba. También es importante garantizar el acceso a servicios adecuados a las personas que resulten reactivas a la prueba de VIH. Pero además es importante que se garantice el acceso a las pruebas de control y seguimiento de carga viral, recuento de linfocitos y cualquier otro examen de laboratorio clínico que sea indicado por el médico especialista”, precisó Gutiérrez.
El también defensor de poblaciones vulnerables, como la LGBT con VIH, explicó a UVL que el Estado venezolano recibió una donación de reactivos para carga viral por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “Estas pruebas solo se están haciendo en un laboratorio en todo el país, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en la Universidad Central de Venezuela. Supuestamente la donación fue de entre 30 y 35 mil pruebas y según las mismas pautas emitidas por el Ministerio de Salud, una persona con VIH se debería practicar esos exámenes, es decir, carga viral y recuento de linfocitos, al menos dos veces al año. Pero en la práctica no es así y algunas personas con VIH deben recurrir a los exámenes privados que pueden costar entre 80 y 100 dólares”, explicó Gutiérrez.
Desde agosto de 2016 UVL no ha confirmado que en calabozos policiales se realicen pruebas para descartar que la población penitenciaria tenga VIH. Mauricio Gutiérrez y la organización que representa tampoco lo han confirmado.
“En los calabozos policiales no tengo mayor información vinculada con planes para descartar o tratar a reclusos con VIH (…). Entre 2008 y 2012, aproximadamente, hice un trabajo bien interesante en algunas cárceles. Visité con mucha frecuencia el extinto retén de La Planta, ubicado en la parroquia El Paraíso de Caracas, y también la cárcel de Rodeo I, ubicada en el estado Miranda. En ese entonces, junto con Gilber Caro, que aún no era diputado, se hicieron pruebas de despistaje a los reclusos. En esa época las condiciones en ambos centros de reclusión no eran óptimas para las personas que tenían VIH y se tenía que hacer un trabajo de sensibilización con el personal de enfermería, para que buscaran los medicamentos y se los entregaran diariamente a los internos con VIH, no sólo para preservar las medicinas, sino también para evitar que en requisas les botaran los medicamentos a los privados de libertad”, refirió el director de la ONG Positivos en Colectivo.
Gutiérrez, con más de una década como activista de derechos humanos y persona con VIH, habla con propiedad sobre cómo es la situación en Venezuela en cuanto a los servicios de atención a personas con esta enfermedad que, en su mayoría se realizan en centros hospitalarios. “En el contexto de la pandemia del COVID-19 un alto porcentaje de estos centros de salud son utilizados para las personas que tengan el virus o los síntomas. Además, todas las muestras de PCR son enviadas al mismo Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel que está en la UCV, es decir, el único en el país donde se realizan los exámenes de control para el VIH”, precisó.
Irregularidades en entrega de medicamentos
Mauricio Gutiérrez dijo que pudo comprobar que el Ministerio de Salud no ha entregado todos los donativos que recibió, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para enfermedades crónicas.
“En las farmacias del Ministerio solo se está entregando un esquema de tratamiento antirretroviral que es donado por la OPS con recursos del Fondo Global para la Lucha de contra la tuberculosis, la malaria y el VIH. Esos donativos los recibe el Ministerio de Salud y esa institución se había comprometido a distribuirlos a nivel nacional a las farmacias de medicamentos antirretrovirales y eso no está ocurriendo. El último traslado para el despacho que se hizo de estos medicamentos, que estaban en los depósitos del Ministerio de Salud, lo financiaron algunas agencias de las Naciones Unidas como Unicef y ONUSIDA”, explicó a UVL Gutiérrez.
Aunque en el Área Metropolitana de Caracas Una Ventana a la Libertad no ha confirmado hasta los momentos la existencia de internos con VIH, sí ha monitoreado casos de privados de libertad con tuberculosis e, incluso, defunciones por esta enfermedad, que en la mayoría de los casos no es tratada por falta de atención por parte del Estado. En 2020 al menos siete reclusos murieron por tuberculosis en comisarías ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas[1].
El hacinamiento carcelario expone potencialmente a los privados de libertad a contraer enfermedades infectocontagiosas. La tuberculosis figura como una de las más comunes en los calabozos policiales de Caracas. Centros de Detención Preventiva, como la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, mejor conocida como la antigua Zona 7, de la extinta Policía Metropolitana, visibilizan cómo se ha propagado la tuberculosis en ese espacio.
Este calabozo policial que, según cifras extraoficiales, reporta un hacinamiento del 462%, con 1.156 reclusos, en un espacio que solo tiene capacidad para albergar a 250 personas por lapsos de 48 horas, actualmente cuenta con más de cien internos con tuberculosis.
La PNB de Boleíta no es el único centro de reclusión que cuenta dentro de la población interna con casos positivos a la enfermedad. Y, aunque el acceso a las fuentes oficiales es cada vez más difícil, son los familiares quienes, en busca de apoyo para solventar la situación de salud de los internos, informan sobre la presencia de tuberculosis en los calabozos policiales.
La falta de tratamiento y atención adecuada para un privado de libertad con tuberculosis puede ser mortal. Los altos costos y las limitadas condiciones económicas de los familiares, hacen cuesta arriba costear o garantizar el inicio de los tratamientos médicos.
A Mauricio Gutiérrez le preocupan las altas probabilidades de contagios de tuberculosis en poblaciones carcelarias: “La tuberculosis es un grave problema dentro de la población reclusa, sobre todo cuando hay traslados de un centro de reclusión a otro y en las celdas de policías la situación es más preocupante, porque la transmisión de la tuberculosis es muy probable por el hacinamiento y las condiciones sanitarias que también influyen con la tuberculosis (…). Los pacientes con VIH y tuberculosis que dejan de tomar los medicamentos, con la regularidad que ameritan, se hacen más resistentes a los tratamientos”.
A la falta de diagnósticos y jornadas médicas en calabozos policiales se suma el hermetismo por parte de los funcionarios de los diversos CDP y entes gubernamentales [2].
Familiares de internos en los calabozos policiales de Caracas han contado a UVL que contraer enfermedades como la tuberculosis se convierte en una cruz muy pesada, desde el instante en el que se la deben ingeniar, para que se les permita tomar la muestra del esputo, hasta el momento en que deben garantizar que el tratamiento, que compran con mucho sacrificio, llegue completo a las manos del privado de libertad[3].
El tratamiento de la tuberculosis contempla, por lo general, dos etapas que pueden comprender entre seis y nueve meses. Pero la interrupción del tratamiento puede representar una recaída para el paciente.
Casos como el del esposo de Eva Franco, que con mucho esfuerzo le provee el tratamiento a su pareja, pueden presentar recaídas si se interrumpen los procesos. Este hombre, que ha sido rechazado en hospitales públicos[4], tuvo una recaída en octubre y, hasta los momentos, no ha logrado mejoría. Su esposa ha reportado a Una Ventana a la Libertad que el interno está desnutrido y presenta inmovilidad en las piernas.
Aunque esta mujer ha acudido a los Distritos Sanitarios del Ministerio de Salud, ubicados en San Martín y en La California[5], no ha recibido atención oportuna y solo en una ocasión recibió un lote de medicinas para tratar a su pareja. Ella ha tenido que costear los medicamentos por su cuenta, cuyo valor mensual oscila entre 30 y 40 dólares.
En los últimos meses, familiares de la población reclusa en comisarías ubicadas en la capital de Venezuela reportaron a UVL diversos casos de gripe, con la preocupación de que se tratara del COVID-19. Las mujeres refirieron que a sus parientes no se les realiza la prueba para descartar la enfermedad. En algunos CDP se les permitió el acceso a “guarapos caseros” (infusiones) para los internos que presentan gripe y fiebre[6].
A las madres y esposas de la población reclusa de los Centros de Detención Preventiva de Caracas se les ha sumado la preocupación de que su familiar sea contagiado por funcionarios que han resultado positivos[7]. El hacinamiento y la falta de medidas efectivas de bioseguridad se convierten en un riesgo.
Derecho a la salud sin protección
La falta de diagnóstico de VIH deja en un limbo a la población penitenciaria que está detenida en los calabozos policiales de Caracas. Desde el Estado se deberían diseñar políticas de salud para evaluar y atender a los reclusos detenidos en estos espacios transitorios. Esta población que, en lugar de permanecer 48 horas en comisarías mientras es presentada en tribunales, pasa meses, e incluso años, en estos espacios a la espera de un cupo de traslado para una cárcel.
En el caso de la población reclusa existen normas universales, como las Reglas Mandela[8] de las Naciones Unidas, que establecen que es obligación del Estado prestar servicios médicos a los privados de libertad.
Foto: Cortesía ONG Positivos en Colectivo: Los medicamentos para personas con VIH no se consiguen en farmacias privadas y los donativos que ha recibido el Estado no son entregados con regularidad
[1] Una Ventana a la Libertad. “Caracas: al menos 11 internos detenidos en calabozos policiales murieron en 11 meses”. 08 de diciembre de 2020. Publicado en:
[2] Una Ventana a la Libertad. “En comisarías de Caracas de lo menos que se habla es del VIH”. 26 de agosto de 2020. Publicado en:
[3] Una Ventana a la Libertad. “Caracas: Denuncian que en la PNB de San Agustín del Sur no entregan medicamentos completos a presos enfermos”. 01 de octubre de 2020. Publicado en:
[4] Una Ventana a la Libertad: “Denuncian que interno con tuberculosis no es atendido en ningún hospital”. 11 de julio de 2020. Publicado en:
[5] Una Ventana a la Libertad. “Caracas: Esposa de interno con tuberculosis detenido en la PNB de Boleíta “ruletea” hospitales y sanidad para pedir medicamentos”. 30 de junio de 2020. Publicado en:
[6] Una Ventana a la Libertad. “Caracas: Con malojillo y “guarapos” caseros atienden a detenidos con fiebre y diarrea en sede de Antiextorsión y Secuestros del Cicpc El Hatillo”. 08 de agosto de 2020. Publicado en:
[7] Una Ventana a la Libertad. “Caracas: familiares de reclusos en Polihatillo temen que temen que funcionarios contagien a sus parientes con el COVID-19”. 11 de agosto de 2020. Publicado en:
[8] UNODC. “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”. Publicado en:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
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