Jessika Ferrer/ UVAL Zulia
Históricamente el padre ha sido una figura ausente en la familia venezolana. La madre, aún viviendo con sus hijos, por la situación de precariedad económica, también ha tenido que estar ausente para buscar el sustento del hogar. Este contexto, ha predominado en los estudios sociológicos y se ha tomado como un factor determinante en la formación de la delincuencia. En la actualidad, la situación económica de Venezuela acrecienta la brecha del distanciamiento familiar y la atención oportuna de la niñez y la adolescencia.
Raima Rujano, profesora en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia y miembro del Observatorio Venezolano de la Violencia, explica que la migración le suma un aspecto que impacta en la crianza de los niños. “La ausencia de la madre pasa de ser temporal a permanente. Provoca lo que algunos llaman “desvinculación de la familia”. Estos hijos quedan en situación de vulnerabilidad, porque carecen de una figura a quién seguir, a quién parecerse que sea diferente a los líderes negativos que tiene más cerca, en su propio entorno comunitario. De ahí que algunos niños dicen que quieren ser pran, o que quieren tener negocios como los jefes de las peores bandas delictivas”.
La docente acota que aunque los hijos queden bajo el cuidado de los abuelos no es lo ideal porque la mayoría de las veces (el o la abuela) tiene una situación más precarias, considerando lo mal que están con la situación país y lo poco que devengan los que reciben pensión.
Bajo este panorama, encontramos niños y adolescentes sin padres, sin figura de autoridad de control, de valores y de tantas cosas necesarias para el sano crecimiento de los hijos; con pocas posibilidades de ascenso social y muchas otras aristas que se mueven para hacer aún más compleja la situación de los jóvenes en nuestro país e incierto su futuro. Viéndose reflejado en el aumento de casos de abuso sexual a niños, niñas, adolescentes cuyo victimario pertenece al grupo familiar, incremento en los suicidios en Zulia y de menores de edad en las bandas, puntualizó Rujano.
Desde el calabozo busca ayudar a su hijo
Su voz se corta tras mencionarles a sus hijos. Hace una pausa, pide tiempo para pensar, quizá pueda hablar en otro momento. Un gran suspiro y prosigue… Mariely Piña, de 48 años, está presa y desde el calabozo busca ayudar a su hijo, de 20 años, detenido por la Policía Nacional Bolivariana en una protesta por servicio eléctrico en 2020. Los privados de libertad sobreviven en los centros de detención preventiva por las provisiones que les llevan sus madres y los recursos que estas buscan con otros familiares y amigos. Ella lo sabe y se preocupa.
“Es un muchacho sano, sin vicios. Estaba en el lugar y en el momento menos indicado”, asegura Piña para defender la reputación de su hijo. “Yo estoy aquí porque anduve en el mundo, me dejé llevar y pago por mi delito. A él me lo acusaron de terrorista y me lo condenaron a cuatro años y ocho meses”.
Sin mencionar el delito por el que purga una sentencia de seis años y ocho meses, Piña reconoce que hubo fallas en la crianza de sus tres hijos. “Era madre, padre, abuela, tíos y todo. Me concentré en la comida, la ropa, no les dediqué tiempo. Busqué lo fácil y ahora lo lamento”. Ninguno de sus tres hijos terminó el bachillerato, sus dos hijas apenas concluyeron la primaria, se embarazaron y ahora tiene cinco nietas.
En abril de 2020 recibió una llamada, un hermano le informó sobre la detención del menor de sus hijos. “Se me paró el mundo. Dijeron que lo traerían al retén. Sentí alivio, estaría conmigo, pero por la pandemia, lo llevaron al comando de la PNB en San Francisco”.
Piña aprovechó que cuenta con el beneficio de tener un celular en prisión y contactó a unos amigos. “A través de una iglesia le llevan algo de comida”. Por no contar con visita ni recursos para pagar la causa, lo han golpeado, aislado, robado. “Ahora estoy confiando en Dios. Me faltan un año para cumplir mi pena, cuento los días. En septiembre podría volver a la calle. Pero ya no soy la misma que entró”.
A María Rodríguez se le duplica la carga
Sus vecinos y sus familiares han visto su deterioro físico desde que en 2016 detuvieron a sus únicos dos hijos. A los pocos meses de la aprehensión, María Rodríguez, de 65 años, enviudó y se tuvo que hacer responsable de la manutención de sus descendientes en el calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas; y de su nieto, de 12 años.
Su salario como mucama en un hotel en Maracaibo no le rendía para los gastos legales en el proceso judicial. Vendió un carro, un autobús y lo poco de valor que tenía en su casa. “Con el sueldito comíamos los dos. A los muchachos los visitaba todas las semanas, porque eso es lejos, por el pasaje y porque conseguí librar todos los sábados, día de la visita”.
Ella no pesa más de 45 kilos, su nieto es igual de escuálido. Entre los dos han tenido que resolver la economía familiar y ayudar a la subsistencia de los dos presos. El muchacho, de 15 años, ya no estudia. Al principio, cuenta Rodríguez que le tocó hasta pedir para los útiles y uniformes. Pero después desistió, “se puso rebelde, no quería ir al liceo, yo tenía que trabajar, se quedaba solo y faltaba mucho. Ya no me preocupé más por eso”.
La anciana cuenta que la economía empeoró con la cuarentena. El gobierno ocupó el hotel y se quedó sin trabajo. Su nieto buscó trabajo eventual en una frutería. Una cuñada de Rodríguez explica que hay un desequilibrio en la distribución del dinero. “Suma los bonos, lo poquito que le deposita la mujer de uno de sus hijos y lo que recoge entre la familia y unos conocidos y primero asegura la alimentación de sus hijos. Ella y el muchacho resuelven después”.
Al escuchar el comentario, María llora. “son mis hijos, no los pudo dejar morir de hambre. Ya están flaquitos”. Por la distancia entre Maracaibo y Lagunillas, la familia tuvo que recurrir a un tercero para llevarles comida semanal a los hermanos. “A veces me escriben diciendo que la semana la pasaron en blanco porque a Nury se le acabó la comida. Qué hago, estamos lejos, me preocupo, salgo a resolver, pero a veces ellos no entienden”.
Para la anciana, sus hijos son inocentes y el poco tiempo que tiene libre lo ocupa en buscar una alternativa para lograr un beneficio procesal que los regrese a la calle.
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