Por Panorama
Sabrina Machado
Este año las organizaciones no gubernamentales que atienden la situación de las personas privadas de libertad cerraron fila en torno a la situación de los reclusos que se encuentran retenidos en los distintos centros de detención preventivos del país, evidenciando la crítica situación por la que atraviesan casi 33 mil personas, cuyos derechos humanos son vulnerados de forma recurrente, al no contar con las más básicas necesidades para vivir. En esta repartición de miserias y vejaciones las mujeres están en el último eslabón de la cadena.
Alimentación balanceada, atención médica, visitas de familiares y representantes legales, condiciones mínimas dignas de reclusión son elementos básicos olvidados en este “sistema penitenciario paralelo”, que se ha creado en el país durante los últimos cuatro años, una vez que los detenidos son obligados a pasar tiempos indeterminados en estos espacios, señalados inicialmente para permanecer por períodos no mayores de 48 horas, según denuncias de especialistas en la materia.
Con un total de nueve reclusos fallecidos por desnutrición, hacinados en los calabozos de los centros de detención preventiva del país, terminó el año 2016, según un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, organismo que revela la terrible situación que afronta en la actualidad los privados de libertad, que esperan su pase a las cárceles nacionales.
Del total de personas que se encuentran a la espera de que el Ejecutivo cumpla con los preceptos de los tribunales de control, casi 400 mujeres “viven” en peores condiciones, con sus derechos humanos aún más vulnerados que los de sus pares masculinos. Su condición genérica las pone en una posición de mayor fragilidad, según constató la organización Una ventana a la libertad (UVL), luego de un estudio llevado a cabo en ocho estados del país, que incluyó a 89 centros de detención preventiva.
El informe revela que en estos centros conviven 374 mujeres, equivalente al 4,67% de los detenidos. Al ser una evidente minoría las reclusas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. De acuerdo con su perfil, la mayoría viene de extractos sociales marginales, sus edades oscilan entre los 20 y 26 años y son procesadas por drogas, robos, hurtos, en líneas generales. Según los investigadores la mujer incurre en el mundo delictivo siguiendo los pasos de su pareja y cuenta con menos apoyo familiar que el recluso hombre.
UVL llevó adelante la investigación en las entidades donde se registra el mayor número poblacional y los mayores índices de violencia, las cuales son: Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Monagas, Táchira, Vargas, Zulia y la Gran Caracas. El monitoreo comenzó en el mes de septiembre del año pasado.
Entre las graves conclusiones a las que llegaron los investigadores es que las infecciones vaginales, el abandono familiar y el distanciamiento de los hijos, en el caso de las mujeres que son madres, es el orden del día. Sin contar que ante los altísimos niveles de hacinamiento, que ya superan los 400%, es imposible que en algunos casos las reclusas disfruten de un espacio independiente.
“Ya en algunas comisarías compartan espacios con los privados de libertad, incumpliendo de esta manera lo establecido en el Código Orgánico Penitenciario de Venezuela, incluso llegamos a constatar que en Táchira se ha rebasado tanto la capacidad de reclusión que han llegado a usar las patrullas policiales como una especie de calabozo”, indicó Laura Torrealba, investigadora.
La especialista acotó que en este mismo estado, durante el motín escenificado en Politáchira en octubre del año pasado, las mujeres detenidas fueron sacadas de sus calabozos y llevadas hasta las escaleras del edificio, donde permanecieron, debido a la situación de violencia registrada en este centro,
Los investigadores de una Ventana a la Libertad constataron la presencia de al menos 20 mujeres embarazadas en estos centros de reclusión, que no reciben la más mínima atención médica, ni control pre natal. De hecho verificaron que en los organismos de seguridad donde permanecen no hay un protocolo de asistencia establecido en estos casos. “Los policías no saben qué hacer ante estas eventualidades”, señaló Angélica Lugo, integrante del equipo.
Lugo precisó que de acuerdo con la investigación llevada adelante, la permeabilidad de los espacios ha derivado en embarazos de privadas de libertad durante su reclusión. Al menos cuatro casos se conocen concretamente. Dos en la policía municipal de Guaicaipuro, en Miranda, y dos en la policía regional de Táchira. En el primer caso los padres son dos reclusos; en el segundo, dos funcionarios de seguridad, que están bajo investigación.
Al nacer el niño generalmente la madre es separada del pequeño, ya que no hay las condiciones para que compartan los primeros meses de vida. Posteriormente, los funcionarios de algunas instituciones restringen el ingreso de los menores por temor a autosecuestros, indicaron los expertos, por lo cual la mujer puede pasar hasta años sin compartir con sus hijos.
Agregan los especialistas que las mujeres privadas de libertad no cuentan con la debida atención médica ni las condiciones sanitarias mínimas para su desarrollo personal, por lo cual son recurrentes las infecciones de diversas índole, especialmente las vaginales, ya que “la mayoría de estos espacios no disponen de baños, pocetas, a veces letrinas, para todas las personas que se encuentran recluidas. Tampoco poseen los implementos de limpieza para mantener aseadas las áreas donde conviven”, indicó Torrealba.
Otra de las enfermedades recurrentes en estos centros son la escabiosis —según el OVP 72% de la población la padece—, enfermedades gastrointestinales y respiratorias, porque son espacios que no cuentan con la adecuada ventilación, a veces ninguna, y “los malos olores, sudores, son caldo de cultivo para ciertas enfermedades”, indicó la investigadora del Ininco.
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